Los funcionarios rompen las negociaciones con los representantes del ministerio

▶ Anuncian otro paro general tras fracasar el segundo encuentro entre ambas partes

En un primer momento jueces y fiscales habían decidido planificar las posibles medidas de presión una vez celebrado ese encuentro, pero fuentes de ambos colectivos reconocen que si no presionan antes para que Justicia

Claro que las hay. Llevamos años pidiendo la convocatoria de la Mesa de Retribuciones. En 2010 nos bajaron un 10% el sueldo base y un 5% los complementos y no hemos recuperado poder adquisitivo. Un juez en determinados pueblos gana un euro la hora de guardia. No puede ser. La mesa está prevista cada cinco años y no se ha convocado. Gato escaldado, del agua fría huye. Depende de la voluntad que tenga Hacienda, porque hace un mes subió a los LAJ, parece que es sencillo. Otros ministerios incrementan cada año presupuestos. Nosotros no. Y hemos ido siempre a las reuniones desde la responsabilidad y la lealtad, pero parece que sólo entienden de huelgas. La fecha la ha puesto el ministerio, no nosotros. En octubre, cuando nos desconvocaron la Mesa de Retribuciones, nos dijeron que febrero o marzo, como muy tarde. Si lo hubieran hecho no estaríamos aquí. Imagino que tendrá las mismas consecuencias que el de los LAJ. Qué medida de presión puedes adoptar más allá de la suspensión de las vistas y los juicios. Si no pongo sentencias, el trabajo que yo no hago hoy lo hago mañana. Cuando el otro día entrevistaban a Llop decía que había que pensar en los ciudadanos. Pues que lo haga y dote de medios a los juzgados. lleve a la cita del 3 de mayo una propuesta seria, el departamento de Llop no lo hará, y jueces y fiscales acabarán convocando una huelga con acusaciones de politización por hacerlo justo antes del 28M.

Hay motivos porque llevamos veinte años esperando que el marco propio de nuestras retribuciones que estableció la ley en 2003 se active de una vez. Hace un año que empezamos a hablar con el ministerio para que esa activación se produjera de forma sosegada y discreta y nos han tenido mareados. Llevamos doce meses esperando y los precedentes dicen que no hay ninguna garantía. Tengo confianza porque hay mucho margen de negociación. No estamos hablando ni de peticiones irrazonables ni extremistas. Hay campo para acuerdos que nos permitan evitar llegar a la huelga. Somos conscientes de que esta interpretación se puede hacer, pero hemos valorado las circunstancias y, veinte años después, creo que tenemos razones para decir que política electoral no es. Por otra parte, si nos hemos metido en periodo electoral es porque nos han convocado para el 3 de mayo. Si hubieran mantenido esa reunión del pasado mes de octubre, no habría ocurrido esto. Lo que tenemos claro es que de mayo no puede pasar. Cuando cualquier colectivo que trabaja en Justicia hace una huelga tiene un impacto en los tribunales. En este caso es un retraso estructural, desde hace muchos años, por insuficiencia de dotación, de medios... Esto es una dificultad añadida.

Los funcionarios de la Administración de Justicia, que afrontan su segunda semana de movilizaciones, emprenderán nuevas medidas de presión tras fracasar ayer la segunda reunión con los representantes del ministerio que dirige Pilar Llop, que no pusieron ninguna propuesta económica sobre la mesa.

De momento han vuelto a convocar una jornada de huelga general para el día 4 de mayo, cuando se celebrará otra concentración –como la del pasado miércoles en Madrid– frente al ministerio del ramo. Este martes anunciarán en rueda de prensa más movilizaciones, hasta ahora –y a excepción de la citada– basadas en paros parciales de diez de la mañana hasta las tres de la tarde.

Falta de medios endémica en la Administración de Justicia, una sobrecarga importante en la judicatura que incide en la prestación del servicio al ciudadano y una necesidad de que se cumplan unas previsiones que establece la ley específica de retribuciones de la judicatura... En función de lo que diga Hacienda el día 3, se sopesará si hay motivos o no para esa convocatoria. Creemos que la previsión legal de que cada cinco años hay que celebrar este tipo de reuniones y esperamos que se vaya con espíritu constructivo. Mientras no sepamos qué dice la Administración, no queremos sumarnos a esa huelga. Si nos hace una oferta razonable, decidiremos qué hacemos; si no nos la hace ponderaremos si vamos o no. No decidiremos mientras no sepamos lo que sale de la Mesa de Retribuciones, que es el momento de decidir. Si después de esa reunión hay un compromiso de elevar los presupuestos de Justicia, de incrementar el número de tribunales, de que la carga de trabajo no sea el doble o el triple de la que estipula el Consejo General del Poder Judicial, si se produce una oferta de actualización retributiva, pues no haremos huelga. Nosotros decidiremos a partir del 3 de mayo si es procedente la huelga, si es procedente que sea indefinida, que sea en campaña electoral o no…

Según fuentes de los sindicatos, en solo seis días de huelga –a los que están llamados 45.000 funcionarios de Justicia– se han paralizado cuatro millones de expedientes y se han suspendido «decenas de miles de juicios». Mientras los sindicatos cifran el respaldo a estas movilizaciones en un 90 por ciento, desde el ministerio se habla de menos del 17.

Los funcionarios de la Administración de Justicia –que engloba a auxiliares, tramitadores y gestores procesales y personal administrativo– reclaman una subida salarial a través del «complemento general del puesto», una retribución de carácter básico ligada a las funciones y que se fija por los Presupuestos Generales del Estado o por un real decreto, explican fuentes del comité.

En la actualidad, la horquilla de este complemento va de los 200 euros que cobra un funcionario de auxilio judicial en un juzgado de paz a los 385 para un gestor administrativo. Quieren una subida salarial proporcional a la de los LAJ, que vieron incrementado sus sueldos mensuales entre 430 y 450 euros.

Asociación Profesional de la Magistratura

Asociación Francisco de Vitoria

Juezas y Jueces para la Democracia

Sobradamente. Hemos comprobado que el único lenguaje que entienden los políticos es el de los problemas, el de ponerles en un aprieto con una huelga. Los LAJ han conseguido sentarse con Hacienda y que les suban los sueldos. Nos encontramos con que la última salida posible es la huelga. Hay que esperar lo mejor y prepararse para lo peor. Esperamos que, dado que nuestras reclamaciones son conocidas y hay dinero para otros operadores, el 3 de mayo debería haber por parte del Ejecutivo un espíritu favorable. Estoy seguro de que la clase política va a utilizar la huelga para desprestigiar al colectivo y uno de los argumentos será decir que hay un interés electoral. Todas las huelgas son interpretables en lenguaje político, pero nosotros llevamos años trabajando. Si ahora es cuando nos vemos abocados a la huelga es porque antes no han querido solucionar las cosas. No hemos calculado numéricamente, pero será muy importante. Venimos de retrasos, suspensiones... El destrozo va a ser importante. Pero nosotros no queremos huelga. Somos una profesión vocacional y nos duelen los perjuicios que vamos a ocasionar a los ciudadanos, pero no nos han dejado otra salida.

Foro Judicial Independiente