La juez mete a la UDEF en el caso Mediador y reclama al Seprona la lista de inspecciones
▶ Sospecha que la trama usó a la Guardia Civil para amedrentar a los ganaderos
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha acordado una batería de diligencias para impulsar la trama canaria del caso Mediador. En concreto, ha librado un auto por el que reclama a la dirección del Seprona en Las Palmas toda la documentación relativa a las inspecciones realizadas por los suyos tanto en Gran Canaria como en Fuerteventura desde el año 2019. La sospecha, construida a golpe de diversos audios intervenidos al conseguidor de la trama, Antonio Navarro Tacoronte, es que «se habría valido de la figura del general Francisco Espinosa y de otros componentes de la Guardia Civil para la supuesta utilización del Seprona con el fin de influir en aquellas explotaciones ganaderas de empresarios del sector de los que pretendían obtener comisiones y/o contraprestaciones de diferente naturaleza». Esas mordidas iban, según la tesis de los investigadores, a los bolsillos del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo –alias ‘Tito Berni’– y su sobrino Taishet Fuentes. La juez, de hecho, libra oficio para que el Ejecutivo canario informe sobre las fechas exactas en que ambos ocuparon, sucesivamente, la Dirección General de Ganadería en las islas.
En una de esas conversaciones grabadas, Navarro pregunta a Espinosa quién está al frente del Seprona porque, dice, «a los ganaderos los tienen quemados», pero el general, que reconoce que el segundo al mando es «amigo» suyo porque fue su alumno, contesta que «contra eso no se puede hacer nada». «Seprona te entra a fundir los plomos», añade Navarro, que en charlas con ganaderos hace ver que tiene influencia en la actuación de ese grupo de la Guardia Civil. Al quesero Alberto Montesdeoca, por ejemplo, le pide un queso para «el capitán» de ese servicio. Ocurre lo mismo con otros dos granjeros, el investigado Julián de Santa Bárbara y un testigo, de quienes la juez ordena recabar todos los expedientes de sus negocios. El análisis correrá a cargo de la UDEF, pues en otro auto, la magistrada Lorenzo-Cáceres ha autorizado a esta unidad policial experta en delitos económicos a practicar las diligencias y recabar «cualquier otra información y documentación complementaria que consideren necesaria para realizar el seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación». Hasta ahora, la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional estaba al frente.