UN PROGRAMA SIN CREDIBILIDAD
Como todos los documentos enviados a Bruselas en año electoral, el programa de estabilidad del Gobierno carece de credibilidad y depende de lo que al final pase en las urnas
ESPAÑA ha enviado con periodicidad anual 24 programas de estabilidad a Bruselas, documento que suele ir acompañado de un programa nacional de reformas. Es un ritual que se cumple cada mes de abril. Pero no falla que las previsiones de los programas que coinciden con un año electoral yerren de manera notable. Por ejemplo, si se toma el último programa que envió el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el que corresponde al periodo 2011-2014, puede verse claramente que la diferencia entre el déficit fiscal previsto por el Ejecutivo español y el que realmente se registró en esos cuatro años suma 19,43 puntos porcentuales del PIB, una desviación extraordinaria, coronada por el hecho de que la de 2012 fue de 7,15 puntos porcentuales en un solo ejercicio. Algo similar, aunque de muchísima menor dimensión, ocurrió con el programa de estabilidad que formuló Mariano Rajoy en el año electoral de 2015. Entonces, el diferencial para el periodo 2015-2018 sumó 6,62 puntos porcentuales.
No es fácil evaluar los programas de estabilidad de Pedro Sánchez porque su actual mandato estuvo marcado desde el principio por la pandemia. Así que, de alguna manera, el Gobierno ha disfrutado de la manga ancha que le proporciona una situación excepcional para disponer del erario, subir los impuestos, disparar el gasto público y la deuda, y no angustiarse por el déficit, como le ocurrió a gobiernos anteriores. Pero Bruselas ya ha anunciado que a finales de este año comenzarán a aplicarse de nuevo las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya actualización aún está en discusión, pero que anticipa que se acabó la fiesta del gasto público sin restricciones.
Es en estas circunstancias en las que el Gobierno presenta ante Bruselas un programa de estabilidad inverosímil, que perfectamente podría pasar por ser el de uno de los países ‘frugales’ del norte de Europa y no el de un Ejecutivo que no ha tenido miramientos a la hora de gastar y subir los impuestos. El Gobierno afirma que en los próximos dos años embridará el déficit público, que en 2022 cerró en el 4,81 por ciento del PIB, y lo situará en la cifra virtuosa del 3 por ciento en 2024. De acuerdo con el documento enviado a Bruselas, este ajuste vendrá por dos vías: por una parte, se recortarán 24.000 millones de euros de gasto público, la mayor parte fruto de la retirada de las medidas de estímulo y de las ayudas adoptadas para hacer frente al impacto de la inflación, cuya caducidad está prevista para el 30 de junio próximo, y de la supresión de ciertos gastos originados por la pandemia que todavía tenían flecos pendientes.
Pero la parte mollar de los recortes, sin embargo, se pospone para 2024, año en el que no se sabe quién estará al frente del país y si contará con los apoyos parlamentarios suficientes para aplicar el recorte de gasto previsto. Por lo tanto, el cumplimiento de la promesa de un déficit público del 3 por ciento es un brindis al sol, una mera propuesta simbólica que no será difícil de incumplir, puesto que Bruselas, además, suele ser relativamente generosa con los gobiernos recién constituidos y que le dicen que tienen problemas para cumplir las promesas del anterior, sobre todo si eran de signo distinto.
La segunda vía del ajuste es la del aumento de los ingresos. Sabedor de que los procesos inflacionarios son muy beneficiosos para los gobiernos, puesto que les permite elevar la presión fiscal en frío, sin que los ciudadanos se percaten y exijan la deflactación de las tarifas, el Ejecutivo considera que no sólo conservará la totalidad de los ingresos extraordinarios generados por la inflación, sino que se incrementarán durante la próxima legislatura. Pedro Sánchez espera añadir 90.000 millones de ingresos adicionales, hasta alcanzar los 704.391 millones de euros. Las cuentas públicas, según el Ejecutivo, son inmunes al impacto de un menor crecimiento del IPC en 2023. «No constituye un factor de riesgo para los ingresos», apunta el documento remitido a Bruselas
Las cifras responden, según el Gobierno, a un cambio radical en la moral tributaria de los españoles que asegura un caudal de ingresos fiscales muy superior al que conocíamos hasta la fecha. El Ejecutivo presume de haber reducido de manera irreversible la economía sumergida y de que el pago con tarjeta y las restricciones a las operaciones en efectivo ha ensanchado las bases de tributación. Esta nueva narrativa sobre la economía española es la que, de momento, financia los sueños que Sánchez quiere que Bruselas comparta con él.