Sequía de la democracia
La negativa del Gobierno a negociar con la Junta la ley de regadíos de Doñana hasta que no la retire del Parlamento es una barbaridad porque atenta contra su libertad de decidir
EL desafío de la ministra Teresa Ribera a los andaluces con el asunto de Doñana está pasando desapercibido. Y lo que ha dicho es gravísimo. Ahí va: «El Gobierno no va a hablar con la Junta sobre los regadíos porque no negociamos ilegalidades». Sin actuación judicial mediante y sin ninguna prueba que acredite su aseveración más allá de su opinión personal, Ribera se ha permitido el lujo de acusar al presidente andaluz de actuar fuera de la ley para justificar su negativa al diálogo. Dejemos a un lado que su partido, el PSOE, no hizo absolutamente nada por salvar el acuífero de Doñana en 37 años de gobierno en Andalucía y que el Ejecutivo al que ella pertenece autorizó el año pasado, sin ir más lejos, 13 extracciones de agua a los agricultores a los que ahora el vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, socialista destacado del viejo régimen andaluz, acusa de «terrorismo medioambiental». Vamos a lo mollar, que se fundamenta en dos hechos incontrovertibles. El primero es que la proposición de ley sobre los regadíos fue presentada por el PP a finales del pasado mandato, concretamente en febrero, y el PSOE se abstuvo. «No se puede proteger Doñana en contra de quien vive en el entorno», dijo literalmente el líder socialista andaluz, Juan Espadas, en aquellas fechas. El segundo hecho es que el pasado 19 de junio los andaluces eligieron por mayoría absoluta al PP y, por lo tanto, concedieron a Juanma Moreno toda la legitimidad para tomar decisiones en su territorio. Por lo tanto, los socialistas están cometiendo dos barbaridades: defender lo contrario de lo que defendían y anular la libertad de un gobierno elegido con todas las garantías democráticas. Esto es muy importante porque revela el talante del sanchismo.
Una cosa es la idoneidad de la ley, que es muy discutible, y otra cosa es el intervencionismo estatal sobre una autonomía. Lo que tiene que hacer exactamente Ribera es defender las dos cosas. Es decir, tiene que sentarse a hablar con la Junta y exponerle por qué su partido y el Gobierno de España consideran que la propuesta es dañina para Doñana, proponer alternativas y tratar de consensuar un plan que sea bueno para todos. Y si después de esto no hay acuerdo, recurrir la ley en los tribunales. Lo que nunca puede hacer un demócrata es impedir una votación que no tiene reparos legales de ningún tipo y rechazar el debate. En el fondo, lo que el sanchismo pretende es imponerle por las bravas su propuesta ideológica a la Junta. Y si no acepta, no hay ley. La única visión que se puede poner en práctica es la suya. Cualquier otra es, como ha dicho Celis, «un atentado». Tremendo.
El problema es que nos hemos acostumbrado a estos ataques y ya casi pasa desapercibido el tufo caudillista que tienen. Por eso es interesante el pulso de Juanma Moreno. Aquí ya hemos entrado en un asunto de formas, no de fondo. Si los andaluces han votado a un partido que ya traía esta propuesta desde el anterior mandato, ¿quién es el Gobierno para bloquearla antes de su aprobación? La democracia tiene, afortunadamente, muchos mecanismos para preservar la legalidad de las actuaciones y, obviamente, no todo es legítimo sólo porque se haya votado. El caso del Algarrobico es un ejemplo perfecto. Un ayuntamiento aprobó por mayoría un desarrollo urbanístico que la Justicia ha mandado derruir. Ahí lo que ha fallado ha sido el tiempo de decisión. Si los tribunales tuviesen los recursos suficientes para actuar con agilidad, el hotel que ahora hay que derruir jamás se habría llegado a construir. Pero es innegable que al final acaba imperando la verdad. Juanma Moreno tiene derecho a que se vote su plan de regadíos y Sánchez tiene derecho a recurrirlo después. Y que sea el criterio técnico jurídico el que resuelva la discusión. Pero este tema se ha calentado tanto que ahora ya lo de menos es el riego en la corona norte de Doñana, sino el envite que el Estado le está haciendo a los andaluces. Porque va incluso más allá de la tradicional autoridad moral que se arroga el socialismo para todo. Es un problema de sequía democrática. El sanchismo está anteponiendo sus intereses electorales a las propias normas básicas del sistema. De los intereses generales ni hablamos. Y hay que reconocer que por fin Andalucía se ha plantado.