Grietas en la reforma de las pensiones: Escrivá ahorrará sólo un 25% de lo previsto
▸ La demora de las jubilaciones y el nuevo RETA no darán los frutos esperados, según los expertos
Poco a poco se van conociendo gracias a los estudios independientes elaborados por los institutos y organismos de análisis como Fedea el impacto presupuestario, y a medio plazo, de las medidas aprobadas por el Gobierno como parte de la reforma del sistema público de pensiones. Y más allá, a medida que se van conociendo estos análisis de impacto se puede conocer el peso específico de cada uno de los puntos planteados en la contribución al equilibrio presupuestario de la Seguridad Social que el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá da por hecho y por garantizado con los dos paquetes de medidas aprobados en 2021 y 2022.
Sin embargo, estos mismos análisis –cabe recordar que la prolija producción académica sobre la evolución económica también se produce ante la ausencia de una radiografía oficial propiciada por el Ministerio de Seguridad Social sobre la senda presupuestaria del sistema– también están cuestionando ciertos elementos fundamentales del ejercicio somero que sí ha ofrecido el Gobierno a través de documentación transmitida de forma velada a los grupos parlamentarios, y a partir de las cifras que sí se aportaron obligadamente para el denso estudio elaborado por Airef.
Uno de los últimos informes que pone contra las cuerdas estas estimaciones oficiales se encuentra dentro de un serial que está publicando por fases el director Ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente. En la segunda entrega de ‘Los efectos presupuestarios de la reforma de pensiones de 2021-23’ se analizan dos de los puntos fundamentales sobre los que descansan el reequilibrio presupuestario que el Gobierno asegura logrará con su reforma: efecto sobre el gasto del retraso de la edad efectiva de jubilación por la introducción de penalizaciones más altas para el retiro anticipado y los incentivos para la demora del mismo por un lado, y por otro el nivel de ingresos imputable al nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos.
En % del PIB. Promedio 2020-50, incremento neto de ingresos = 0,52% del PIB 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20
0,00
2020 -0,20
-0,40
Incremento del gasto
Incremento de los ingresos
Las previsiones del Gobierno sobre el efecto combinado de ambas medidas no son nada desdeñables: espera un ahorro neto de 2,3 puntos porcentuales del PIB (-1,61% de gasto por demoradas y +0,7% de ingresos por las nuevas cotizaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA). Mientras que Fedea apunta a que en el mejor de los escenarios este ahorro sería del 0,5% del PIB (-0,167% de ahorro por demoradas y +0,352% por RETA). Es decir, según los expertos, estas dos medidas registrarán en el medio plazo un ahorro neto para el
Ingresos netos incrementales sistema de pensiones de una cuarta parte de lo previsto.
Ya el propio Gobierno estima que los efectos de los retoques de la jubilación anticipada sobre el gasto en pensiones serían muy modestos (del orden de centésimas de punto de PIB); los de la reforma de la jubilación demorada serían sustanciales, alcanzándose un ahorro de 1,61 puntos de PIB en 2050.
Sin embargo, aquí el experto aborda la base argumental de estas expectativas del Gobierno con cierta cautela, recordando que estas cifras se apoyan en una encuesta realizada por el ministerio en la que se pregunta a una muestra de trabajadores sobre su disposición a retrasar voluntariamente su jubilación. «Puesto que el coste total de las nuevas pensiones de jubilación causadas durante un año ronda el medio punto del PIB, para llegar al punto y medio largo de ahorro que calcula el Ministerio habría que suponer que, ya no el 60% de los trabajadores sino todos ellos, optan por demorar la jubilación durante tres años, un resultado espectacular que parece muy poco probable», contradice el estudio.
Y no menos optimista parece el escenario previsto por parte del Gobierno para la recaudación procedente de los trabajadores por cuenta propia con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Cabe recordar aquí que el nuevo sistema con cuotas asociadas a los quince tramos de rendimientos previstos suponen un impacto neutro en las cuentas del RETA al menos hasta 2026, cuando está previsto que se fijen mediante negociación con las asociaciones de autónomos las tablas de los tres años próximos. Y ahora, el Gobierno le arroga a este nuevo modelo una generación de ingresos de algo más de 0,7 puntos porcentuales del PIB en el medio plazo, elevando considerablemente la expectativa.
Punto de fuga
Pero este punto de fuga de la negociación con los agentes sociales como premisa para alcanzar los ingresos previstos obstaculiza el objetivo. «A no mucho tardar, habrá que actualizar las tablas, presumiblemente tras una negociación con las asociaciones de autónomos que seguramente no será sencilla si se pretende avanzar significativamente hacia la cotización por ingresos reales. Proyectar los ingresos futuros de esta reforma es, por tanto, un ejercicio arriesgado», señala De la Fuente lamentando que «quizás por ello no ha sido posible encontrar ningún documento oficial en el que se describa su estimación».
Según Fedea, si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como se espera por parte del Ejecutivo, «lo que ciertamente no está asegurado», su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un efecto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033. A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. «De ahí en adelante, el efecto neto de este componente de la reforma sería negativo», subraya.
Aunque al margen de las desviaciones de previsiones, el elemento de mayor crítica aparece a la hora de valorar el acceso a la información. «Sería deseable que normas con implicaciones presupuestarias tan importantes como las analizadas fueran acompañadas de memorias de impacto bien hechas y fácilmente accesibles para el público. Esto no ha sido así en el caso de la reforma de pensiones», señala.