«Es un insulto que Llop excluya a los funcionarios de la negociación»
▸ José Luis Fernández Alaya es portavoz del Sindicato de Trabajadores de Justicia (STAJ)
PROTAGONISTAS DEL PLANTE A JUSTICIA (III)
En la Administración de Justicia española trabajan 45.000 funcionarios. Por un lado, están los de los cuerpos generales (los responsables de gestión y tramitación procesal y administrativa y auxilios judiciales) y por otro, los de los cuerpos especiales (médicos forenses y facultativos de toxicología, así como los técnicos y ayudantes de laboratorio que les apoyan).
A todos ellos hay que sumar los 4.500 letrados de la Administración de Justicia (LAJ), antes llamados secretarios judiciales, que abrieron el camino de las movilizaciones contra el Ministerio de Justicia con un parón de 63 días, hasta el pasado 27 marzo, provocando la suspensión de 350.000 juicios. Consiguieron un aumento de casi 450 euros brutos al mes. Tras su éxito, jueces y fiscales también han convocado una huelga que arrancará el próximo 16 de mayo si hoy, cuando se reúnen con los ministerios de Justicia y Hacienda en la Mesa de Retribuciones donde se revisan sus salarios, no llegan a ningún acuerdo.
Los funcionarios de la Administración de Justicia, que precisamente fueron quienes instaron las movilizaciones en primer lugar para reclamar mejoras personales y materiales, se sienten excluidos por la ministra Pilar Llop, quien no ha accedido a recibirles. También se ven en una situación de desigualdad respecto a los LAJ.
José Luis Fernández Alaya, gestor judicial desde hace 35 años y portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), considera en conversación con ABC que «la retribución entre jueces y funcionarios de la Administración estaba equilibrada pero ese equilibrio se ha roto por el acuerdo del ministerio con las asociaciones de LAJ. Se les aplica un incremento retributivo bastante importante que no llega en la misma proporción al resto de cuerpos, ni siquiera a los jueces. El propio ministerio reconoció que cualquier incremento en alguno de los cuerpos repercute en los demás. Ahora hay una diferencia enorme que carece de justificación. No puede ser que sólo se le reconozca a unos porque esto es un equipo, todos trabajamos mucho», lamenta.
Fernández Alaya ha ido pasando por distintos destinos: los pueblos sevillanos de Utrera y Santiponce y la capital sevillana, desde donde habla con este diario. Reconoce que la ciudadanía puede tener una mala imagen de los funcionarios de Justicia pero no cree que sea merecida: «Lo único que podemos hacer ante una organización de Justicia mal organizada es más de lo que estamos obligados por ley. Si los Juzgados funcionan es porque trabajamos mucho más de lo que debemos», reivindica. «De ahí que pidamos que las funciones que realizamos se reconozcan por ley y de manera retributiva porque así se le ha reconocido ya a
El salario neto inicial de un gestor procesal es de unos 1.600 euros al mes, el de los funcionarios de trámites se reduce a los 1.400 y el de los auxilios, a 1.200. Un gestor puede cobrar al final de su carrera, como máximo 2.700 euros. Consideran injusto que sólo los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) hayan conseguido un incremento de casi 450 euros brutos al mes que provoca «un desequilibrio» entre todos los actores de la Justicia.
Los funcionarios echan en falta más medios humanos ante la creciente litigiosidad del país y mejoras en los materiales. Describen las aplicaciones informáticas de gestión como «penosas» y los espacios físicos de trabajo como «antiguos, mal diseñados y con problemas estructurales graves que provocan incluso inundaciones en despachos cada vez que llueve».
«La ministra está ausente. Le ofrecemos que nos convoque pronto porque el malestar en los Juzgados es cada vez mayor»