Un condenado por corrupción del PSOE en Vigo pide beneficiarse de la reforma de la malversación
▸ Enchufó a la cuñada de la presidenta del PSOE gallego y ahora solicita el indulto
La ley del ‘solo sí es sí’ igual no es la única que provoca «efectos no deseados». Un condenado por corrupción en Vigo, vinculado al PSOE, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Pontevedra que revise su condena, en aplicación de la reforma de la malversación que el Gobierno impulsó a finales del pasado año para favorecer a los políticos independentistas del ‘Procés’.
Se trata de Francisco Javier Gutiérrez Orúe, ex alto funcionario del Ayuntamiento de Vigo, condenado a cinco años y tres meses de prisión por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Está considerado responsable de una red de facturas falsas que permitió el enchufe de la cuñada de la presidenta del PSdeG y de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en una contrata municipal de Vigo. Esta mujer cobró unos 108.000 euros durante cinco años. Se ignora a cambio de qué, porque no fue nunca a su puesto de trabajo.
En su escrito a la Audiencia, la defensa de Orúe señala que la horquilla del delito de malversación se ha rebajado de los 3 a 6 años iniciales a una nueva de 2 a 6, por lo que con el nuevo cálculo sobre la mitad superior del tipo penal, a su cliente se le podría rebajar medio año de condena. «Tienen razón y le pueden rebajar la pena», lamenta Francisco Méndez Senlle, abogado de la plataforma Xuntos por Galicia, la denunciante del conocido como caso Cuñada. «Es lo que tienen las leyes hechas por los políticos», señala.
Pendiente del indulto
Por el momento la Sección Quinta de la Audiencia no se puede pronunciar, porque antes debe resolver si Orúe entra o no en prisión. La sentencia adquirió firmeza en diciembre de 2021, cuando la ratificó el Tribunal Supremo. Pero el exfuncionario solicitó el indulto al Ministerio de Justicia a los pocos días. La Audiencia suspendió la ejecución de la pena mientras se resolvía la medida de gracia. Entre las alegaciones que presentó Orúe figuraba su compromiso con los derechos de los trabajadores, que acreditaba con su militancia de décadas en el PSOE y la UGT. En el dossier remitido a Madrid se incluían sendas fotocopias algo borrosas de sus carnés.
También se adjuntaron unas adhesiones de una treintena de asociaciones de Vigo, todas ellas con la misma redacción y un formato entre idéntico y muy parecido. Integrantes de esas asociaciones reconocieron a ABC que personas vinculadas al PSOE de Vigo les solicitaron folios en blanco, firmados, timbrados y con los logotipos de sus asociaciones para incorporar en ellos el texto de las adhesiones. O hacían eso, o el grifo de las subvenciones municipales podía cerrarse. Nadie se atreve a decir que no en Vigo a una petición que proceda del Ayuntamiento.
Pero el indulto no llega. Preguntada insistentemente por el PP sobre este caso, la ministra de Justicia Pilar Llop ha reiterado en el Congreso que una de las «líneas rojas» del Gobierno para conmutar penas es que las condenas lo sean por casos de corrupción. Tanto el tribunal sentenciador como la Fiscalía se opusieron de manera vehemente a que
Orúe fuera indultado, dado que ni reconoció el delito cometido ni colaboró con la investigación. De hecho, su silencio fue el cortafuegos perfecto para que no se esclareciera si el enchufe de la cuñada de Carmela Silva fue ordenado por algún cargo político del consistorio vigués. En el banquillo solo se sentaron Orúe y el apoderado de la contrata, que no entró en prisión al ser su pena inferior a dos años.
Evitando la cárcel
El tiempo fue pasando, y a mediados del pasado mes de abril la Audiencia notificó que había transcurrido un año desde que decretó la suspensión de la pena, consideraba así denegado el indulto por silencio administrativo y que, por tanto, debía ejecutarse la sentencia. Daba cinco días al reo para entrar en prisión. Pero no lo ha hecho.
Sus abogados presentaron en el límite del plazo un recurso de súplica a la Audiencia, alegando que en el auto de suspensión no fijaba un tiempo máximo de espera por el indulto. «El que haya transcurrido el plazo para considerar el silencio negativo, no implica que ya no vaya a haber una resolución expresa, más al contrario, ésta se tiene que producir», sostienen.
Desde la plataforma que denunció el escándalo creen que Orúe agota sus cartuchos a la desesperada para evitar su entrada en prisión. «Ya tenía que haber entrado», explica Méndez Senlle, que niega que la Audiencia debiera haber puesto un plazo establecido para esperar por el indulto. «La ley dice que si en un año no hay contestación se entiende desestimado», añade.
Los denunciantes esperan que esto no derive en una escalada de recursos y más recursos que dilate la entrada de Orúe en la cárcel. «¿Hasta cuándo va a seguir recurriendo?», se pregunta, «entiendo que cuando el recurso de súplica sea desestimado, el auto de entrada en prisión será firme» y por tanto, de obligado cumplimiento. No hay plazo para que la Audiencia resuelva la súplica. No se ha caracterizado por su diligencia en este caso. «Espero que sea desestimado», confía el abogado de Xuntos.
Todo en este caso está rodeado por un punto de surrealismo. Un claro caso de corrupción, con un familiar directo de un político como principal reclamo, se saldó con dos condenados de segundo nivel. Carmela Silva esquiva las preguntas sobre este escándalo como si no fuera con ella, y amenaza con denuncias a quien la implique en el enchufe de su cuñada. Esta, por su parte, nunca devolvió las cantidades percibidas, porque su delito había prescrito cuando se iniciaron las diligencias judiciales. Llegó incluso a no acudir al juicio, por lo que el tribunal la declaró en rebeldía y mandó a la Policía a su casa a buscarla.
Nadie habla ya de este caso en Vigo. Forma parte de esas zonas de la gestión de Abel Caballero ensombrecidas por las luces de la navidad en la ciudad, o sus polémicas con la Xunta, que tanto ocupan a la prensa local. El PP intenta mantener el caso vivo, a la espera de que algún día se conozca realmente quién ordenó colocar a la cuñada más famosa de Galicia.