«Los sindicatos tradicionales son la correa de transmisión del Gobierno»
▸ Denuncia el «cheque en blanco» al Ejecutivo y la menor exigencia de subida salarial en el ámbito público
Miguel Borra Presidente de CSIF
El presidente de CSIF, el principal sindicato de empleados públicos en España, Miguel Borra, atiende a ABC para analizar las principales reivindicaciones de los trabajadores públicos, y también del sector privado, a las puertas de las elecciones autonómicas y locales, y aún con cuentas pendientes tras el acuerdo sobre condiciones laborales aprobado hace seis meses para funcionarios al cual se opuso.
—¿Cree que los sindicatos tienen motivos para protestar por la situación de los trabajadores?
—Absolutamente. Según la última encuesta de Condiciones de Vida del INE, un 26% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza y casi una de cada diez personas llega a fin de mes con mucha dificultad. Además, la OCDE sitúa a España entre los países con mayor caída de los salarios reales en relación con la inflación. Rechazamos el triunfalismo del Gobierno y de los sindicatos tradicionales.
—¿Creen en CSIF que los sindicatos tradicionales están cubriendo las necesidades reivindicativas de los trabajadores?
—Los sindicatos de ‘clase’ se han convertido en la correa de transmisión de este Gobierno. Estamos asistiendo a cómo piden unas subidas salariales en el ámbito privado, a los empresarios, y sin embargo observamos cómo en el ámbito público están firmando unos aumentos retribuidos muy inferiores y que no cubren la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los empleados públicos. Los sindicatos tradicionales de clase han dado un cheque en blanco al Gobierno en los ámbitos del empleo y de las pensiones públicas.
—Sobre las cuestiones que han motivado las protestas del 1 de Mayo, ¿qué grado de responsabilidad le arrogan al Gobierno?
—En el caso de la situación de los empleados públicos la responsabilidad es mucha. La negociación de las condiciones básicas retributivas va en los Presupuestos del Estado, que es potestad del Gobierno. En ese caso, tiene todas las obligaciones. No olvidemos que si en las administraciones públicas se consiguen negociar buenas condiciones laborales, eso también empujará en las negociaciones de los convenios colectivos del sector privado. Creemos que el Ejecutivo le está pasando la pelota al lado de los empresarios cuando se olvida de que es la mayor empresa del país.
—¿Se plantea CSIF una nueva reivindicación salarial para los empleados del sector público ante la pérdida de poder adquisitivo que se mantiene tras la subida aprobada por el Gobierno del 9,5% entre 2022 y 2024?
—Al acuerdo que firmó el Ejecutivo con CC.OO. y UGT nos opusimos frontalmente desde CSIF porque condena a los empleados públicos a seguir perdiendo poder adquisitivo. Le hemos remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde señalamos que, tras seis meses de la firma del acuerdo y visto que no se ha desarrollado absolutamente nada de las cláusulas laborales que había incluidas y la pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los empleados públicos, le hemos exigido al presidente que se siente a renegociar ese acuerdo que se firmó solo con una parte de las organizaciones.
—¿Qué reclamaciones harán en el ámbito salarial?
—Para que se hagan una idea, en la parte fija de la subida salarial durante los tres años pactados ni siquiera se cubre la inflación del primer año, el 2022. Es algo totalmente inasumible. No descartamos iniciar movilizaciones para exigir al Gobierno que se siente a renegociar el acuerdo.
—El ministro José Luis Escrivá se ha vuelto a referir en el Congreso de los Diputados al problema de las citas en la Seguridad Social, y asegura que ya está «encauzado».
—En absoluto. La situación en la Seguridad Social sigue siendo caótica. Tenemos una plantilla de 26.000 personas para atender a 20 millones de afiliados y a 10 millones de pensionistas. Hemos perdido casi 10.000 puestos de trabajo en los últimos diez años. Las consecuencias, lamentablemente, las están pagando los ciudadanos con retrasos en las citas, retrasos en el reconocimiento de las prestaciones hasta una media de tres meses, etc. No podemos hacerlo antes con esta falta de recursos humanos. Las llamadas y las citas previas están desatendidas, hay colas e interrupción de rentas por el retraso en el reconocimiento de las prestaciones, como el ingreso mínimo vital o de las bajas por nacimiento. Y ojo, se espera que en los próximos diez años se jubilen dos terceras partes de la plantilla. Hemos trasladado esta situación al Gobierno y a Función Pública y no se toman cartas en el asunto.
“Salarios «No descartamos movilizarnos para exigir al Gobierno que renegocie la subida de sueldo a los funcionarios» Retrasos en la Seguridad Social «La situación sigue siendo caótica, en absoluto está encauzada como asegura el ministro Escrivá»
—¿Qué soluciones plantean ante esta falta de personal?. ¿Cómo valoran la rebaja de la exigencia en los exámenes para las oposiciones que ha aprobado recientemente el Gobierno? —En primer lugar, hay que analizar las necesidades de recursos humanos que tiene el conjunto de las administraciones públicas y, en segundo lugar, hay que acabar con la tasa de reposición. Mientras tengamos encima la ‘espada de Damocles’ de la tasa de reposición, que solo permite cubrir los puestos de los funcionarios del personal laboral de los estatutarios que se jubilen, vamos a tener un tope que va a impedir dotar a las plantillas de los recursos suficientes y necesarios. Una de las grandes críticas que se están produciendo desde diferentes ámbitos de la Administración es por la cuestión de las promociones internas. Desde CSIF abogamos porque la persona que tiene una serie de conocimientos y que ha demostrado su valía, por ejemplo, en un cuerpo de gestión de la Agencia Tributaria en el que lleva trabajando ‘x’ años y para lo que ha superado unas pruebas selectivas, lo que reivindicamos es que se facilite el acceso a los cuerpos superiores garantizando que en ningún caso suponga una descapitalización de los recursos humanos de la Administración Pública. Hay que recordar que los procesos de estabilización de las plantillas que se están produciendo ahora vienen de una ley que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular.