ABC (Sevilla)

Las empresas deberán negociar su sello de igualdad con sindicatos

▸Un Consejo de Estado dividido dictamina que el nuevo requisito podría vulnerar la libertad de empresa ▸El Ministerio de Irene Montero facilitará el distintivo a aquellas compañías que oferten productos con un enfoque de género Requisitos generales para t

- JOSEFINA G. STEGMANN LAS CLAVES

Nuevo pulso del Gobierno a los empresario­s. Esta vez, a través de un aparenteme­nte inocuo distintivo otorgado a entidades o empresas por parte del Ministerio de Igualdad. Se trata del llamado sello ‘Igualdad en la Empresa’ que otorga el departamen­to dirigido por Irene Montero y cuyos requisitos generales para obtenerlo se han endurecido.

El real decreto que lo regula, al que ha accedido ABC y que modifica otro anterior, se aprobará previsible­mente hoy en Consejo de Ministros. El nuevo texto establece que aquellas entidades y empresas que quieran obtener el sello de Igualdad (ya sea las que están obligadas como las que no) deberán (y aquí aparecen las novedades) pedir el apoyo de los sindicatos. ¿Y cómo se tendrá que hacer? Montero exige ahora «presentar una declaració­n de apoyo a la candidatur­a, firmada por la mayoría de la representa­ción legal de las personas trabajador­as cuando exista en la entidad o empresa o, en su defecto, por la mayoría de la plantilla».

Prevención del acoso sexual

Además, exige ahora «disponer de un procedimie­nto específico para la prevención del acoso sexual o por razón de sexo», de acuerdo a lo dispuesto en la ley del ‘solo sí es sí’. También pone como condición que la empresa no haya sido sancionada «con carácter firme, por infraccion­es graves o muy graves en materia de igualdad y no discrimina­ción en el acceso a los bienes y servicios»; así como «en materia de igualdad de oportunida­des, no discrimina­ción y accesibili­dad universal de las personas con discapacid­ad», y en «materia de igualdad y no discrimina­ción» (esta última materia ya estaba contemplad­a en el decreto anterior).

Otro requisito, también para todas las empresas, será que las «que no puedan formular una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada [...] deberán acreditar una presencia mínima de mujeres en su consejo de administra­ción del 30 por ciento. Las sucesivas órdenes de convocator­ia podrán ampliar este porcentaje mínimo hasta un 40 por ciento». También se exigirá «haber implantado medidas de igualdad durante un periodo mínimo de dos años».

Pero la condición que más ha escocido a los empresario­s ha sido la conformida­d de los sindicatos para obtener el distintivo. Tanto es así, que la CEOE denunció que este requisito «hace que el compromiso por la igualdad de la empresa, y su visibiliza­ción a través de este distintivo, quede supeditado a la decisión de la representa­ción legal de los y las trabajador­as». Así lo refleja el dictamen del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, que se hace eco de las quejas de la patronal de los empresario­s.

La CEOE, además, denuncia que esta propuesta va contra la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como contra la libertad de empresa. Dice la patronal que «existen en el proyecto indicadore­s suficiente­s de valoración de la implantaci­ón de políticas de igualdad en la empresa» y que supeditarl­o a lo que digan los sindicatos «puede dar lugar a procesos en los que la igualdad se convierta en moneda de cambio de otras negociacio­nes o quede diluida en procesos que poco o nada tienen que ver con la igualdad», continúa citando el Con

Tanto para las empresas o entidades que estén obligadas o no a tener el sello, Montero pedirá como requisitos «una declaració­n de apoyo a la candidatur­a, firmada por la mayoría de la representa­ción legal de las personas trabajador­as»; un plan para la prevención del acoso sexual y una presencia mínima del 30% de mujeres en el consejo de administra­ción, entre otras condicione­s.

La condición de contar con el apoyo sindical para obtener el sello ha molestado a la patronal de los empresario­s, la CEOE, que consideran que podrá usarse la obtención del mismo como condición («moneda de cambio», en sus palabras) para otras negociacio­nes que nada tengan que ver con la igualdad.

Para poder acceder al distintivo se exigirá «haber implantado medidas de igualdad durante un periodo mínimo de dos años».

Montero valorará especialme­nte para otorgar el sello la contrataci­ón de mujeres víctimas de violencia de género.

sejo de Estado. Sobre este polémico punto se ha pronunciad­o el órgano consultivo que ha hecho un dictamen no unánime, donde la mayoría da la razón a la CEOE.

Así, dicen los letrados del Consejo de Estado que, de acuerdo a la citada ley para la igualdad, para la concesión del distintivo han de valorarse distintos criterios objetivos: la presencia equilibrad­a de mujeres y hombres en los órganos de dirección y en los distintos grupos y categorías profesiona­les de la empresa, la adopción de planes de igualdad u otras medidas innovadora­s de fomento de la igualdad, así como la publicidad no sexista de los productos o servicios de la empresa. La ley de Igualdad no hace referencia «a la necesidad de contar con un respaldo explícito de la mayoría de la plantilla o de su representa­ción legal», se recuerda.

Por lo tanto, entiende el Consejo de Estado, según reza en su dictamen, que la declaració­n de apoyo que pide Irene Montero podría sustituirs­e por la «preceptiva aportación de un informe de la representa­ción legal de los trabajador­es en el que esta valore el plan o las políticas de igualdad implementa­das por la empresa».

Un elemento «más útil»

Por último, para el máximo órgano consultivo, «un informe motivado constituye un elemento más útil y acertado para la valoración objetiva de los eventuales méritos de la entidad o empresa en materia de igualdad que una simple declaració­n de apoyo, cuya omisión puede venir motivada por circunstan­cias que escaparían a la evaluación por parte de la Administra­ción al excluir a la empresa del acceso al procedimie­nto».

El obligado acuerdo con los sindicatos no ha puesto de acuerdo, sin embargo, al Consejo de Estado. Si bien la mayoría se inclinó por la posición de

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