Primera dimisión tras el caos en las macrooposiciones de Cataluña
▸ La Generalitat quiere rescindir el contrato a la empresa que organizó la logística
la CEOE, dos de sus miembros han hecho un voto particular. Estos señalan que «en contra de lo que se afirma en el dictamen», la exigencia del requisito del acuerdo con los sindicatos «no puede considerarse contraria al artículo 5.4 de la ley orgánica de 2007, según el cual para la obtención del distintivo han de valorarse siguiendo criterios objetivos».
Así, en el voto particular se sostiene que «puede considerarse también un criterio objetivo la opinión de un órgano representativo del personal que según [...] la Ley del Estatuto de los Trabajadores tiene, entre otros cometidos, "la vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres" o en su caso, la decisión de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la empresa».
En el voto particular dicen, también, que la propuesta que hace el Consejo del informe motivado como alternativa a la propuesta de Irene Montero, «puede ser insuficiente para asegurar que el distintivo concedido responde a una realidad de políticas efectivas de igualdad entre trabajadoras y trabajadores dentro de la empresa».
Pero el voto particular, no se queda ahí. También critica que la dirigente de Podemos no haya hecho un real decreto nuevo, desde cero y se haya limitado a modificar uno anterior, pese al calado de las medidas que aporta.
Otra crítica (esta sí de todo el Consejo) se refiere al requisito del 30 por ciento de mujeres en los consejos de administración. El órgano dice que Montero no «precisa suficientemente» a qué se refiere cuando habla en la norma de «su consejo de administración». «Debería tenerse en cuenta la evolución de esa presencia femenina en los consejos de administración de las empresas con arreglo a algún promedio, dato o porcentaje más concreto», critican.
Criterios de valoración
Entre otras novedades del real decreto de Irene Montero destacan nuevos criterios de valoración que la ministra tendrá en cuenta a la hora de otorgar el distintivo. Por ejemplo, la «incorporación del enfoque de género en sus procesos, y en su oferta de productos y servicios», la «contratación de mujeres con mayores dificultades y/o en riesgo de exclusión social, especialmente mujeres que se enfrentan a discriminación múltiple e interseccional y mujeres víctimas de violencia de género y demás formas de violencia contra las mujeres» y la «integración de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales», entre otros criterios a tener en cuenta.
El Govern ha cesado a la directora general de Función Pública de la Generalitat, Marta Martorell, por el caos de las oposiciones para estabilizar empleo, celebradas el pasado sábado. El lunes se comunicó a Martorell la decisión de cesarla y este martes el Govern ha anunciado que Anna Maria Molina Cerrato, que ejercía hasta ahora como subdirectora general de Análisis y Planificación Estratégica de Función Pública, será su sustituta.
Es la primera vez que la Generalitat externaliza una parte de la convocatoria con una empresa privada. Durante la celebración de los exámenes se produjeron graves incidencias. Algunos opositores no pudieran garantizar el anonimato, hubo cancelaciones de exámenes y, entre otros problemas, hubo retrasos en el reparto de las pruebas. La Generalitat pidió disculpas tras tachar de «lamentable» lo sucedido y anunció la repetición de los exámenes que se vieron afectados.
Ayer se volvió a pedir discuplas a los 13.000 aspirantes a un empleo público y la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, se mostró muy dura contra la empresa que ayudó en el proceso de selección, sin decir su nombre, que es Cegos. La portavoz dijo que lo que sucedió fueron «graves incidentes», confirmó que «hay contactos con los sindicatos» y que se está recogiendo información para «valorar objetivamente la situación» y tomar medidas. También se ha abierto un buzón en la web para que los opositores afectados puedan explicar las irregularidades y analizar cada caso.
Además, la Generalitat tratará de «rescindir el contrato» de la empresa que participó en el proceso de selección, porque, en opinión de Plaja, «ha quedado sobradamente demostrado que esta empresa no está preparada». El contrato con Cegos asciende a 1,49 millones de euros (includio el IVA) y está vigente hasta 2024. La portavoz añadió que la administración autonómica irá «hasta el final» y que la idea es rescindir el contrato, si la ley lo permite. En esta tarea están ya los Servicios Jurídicos de la Generalitat. «Esta empresa no ha estado a la altura», dijo Plaja, que aseguró que no se suspenden ni aplazan las próximas convocatorias a procesos de selección para acceder aun empleo público previstas para los próximos meses.
«Lo antes posible»
El coordinador del Área Pública de CC.OO. de Cataluña, Manel Pulido, por su parte, insistió en repetir los exámenes «lo antes posible» en los casos en los que se demuestren causas justificadas que puedan hacer impugnar los procesos.
Ya el sábado por la tarde y ante la avalancha de quejas, la secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Alícia Corral, reconoció que se habían producido «incidencias muy graves». También pidió disculpas a los opositores afectados por «las incidencias y errores logísticos» a lo largo de la jornada de exámenes y reafirmó el compromiso de la Secretaría de reparar los daños causados.