El alcalde de Bormujos se sienta ante el juez en plena precampaña
▸ El candidato del PSOE a la reelección, acusado de prevaricación, como la número 4 de la lista
El alcalde de Bormujos y candidato del PSOE a la reelección, Francisco Molina, se sentó ayer ante un juez de lo Penal de Sevilla por prevaricación. Junto a él en el banquillo de los acusados estaba su concejal de Obras y la número cuatro de su candidatura, María del Carmen Garfia. Y lo hacen en plena precampaña electoral, saltándose el Código Ético y de Conducta del PSOE, aprobado por su Comité Federal el 18 de marzo de 2023, que señala que «se establecerá en todo caso, la suspensión cautelar automática de la afiliación de las personas incursas en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción».
La campaña electoral también estuvo presente en la primera sesión del juicio, celebrada en la tarde de ayer. De hecho, cuando el juez fue a fijar fechas para dos sesiones más, Garfia le recordó que «es campaña electoral». Aunque no hubo suerte y el juicio continuará el 11 y 16 de mayo, en la campaña de las locales. Si este caso ha llegado a la campaña electoral es porque se ha suspendido cuatro veces desde que se fijara el primer señalamiento: el 14 de junio de 2021.
Los hechos tienen su origen en 2016. El Ayuntamiento presupuestó una actuación en el patio de una de sus naves, basicamente tapiar un patio para evitar que fuera un «estercolero», según la concejal de Obras. Contaba con una partida de más de cien mil euros, lo que impedía por su cuantía efectuar su tramitación como contratos menores. Por ello, según la fiscal, Garfia, con conocimiento del alcalde, y Manuel F. V., técnico municipal de Obras acusado, optó por el fraccionamiento del contrato en cinco fases. Según Molina, Garfia y el técnico municipal esto fue una decisión del interventor municipal.
En concreto, Molina descargó su responsabilidad en Garfia, que llevaba los pormenores políticos de las obras, y en Manuel F. V., las cuestiones técnicas. Y Garfia, en los técnicos municipales.
A estos cinco contratos se sumó otra oferta, también por el trámite de contrato menor, para «la redacción del proyecto básico y ejecución» de las obras. Se llevó a cabo una primera tanda de invitaciones a tres empresas, siendo ganadora la del cuarto acusado en esta causa, el arquitecto Carlos S.G., que presentó la oferta más baja. Según el fiscal, éste y Manuel F. V. eran socios en una firma de arquitectura. Así se recogía en
Amenazas «El interventor puso reparos después por miedo o amenazas a ser denunciado»
la web de esta empresa. Sin embargo, ambos lo negaron ayer y explicaron que fueron compañeros en la universidad y la web sólo tenía como propósito mostrar sus trabajos y maquetas de proyectos. La web se cerró cuando saltó este caso. Esta relación supuso que el interventor informara negativamente la adjudicación por presunta incompatibilidad y se anuló dicho procedimiento.
Pese a las prisas por terminar las obras antes del 31 de diciembre, no adjudicaron el proyecto a la segunda oferta económica, sino que iniciaron una nueva tanda de invitaciones el mismo día «por indicación del interventor», según los acusados. La empresa ganadora fue Línea QR presentó el proyecto rápidamente, porque era el mismo que el «borrador» que presentó el arquitecto acusado, porque Manuel F. V. le pidió por teléfono que se lo cediese a la empresa ganadora.
Según los acusados, nadie les advirtió ni puso reparos a estos proyectos hasta meses después. «Los funcionarios habilitados no dijeron nada», según Molina, que añadió que el interventor puso reparos después por «miedo o amenazas» a ser denunciado por una empresa de las que optaron a los concursos.
La campaña La acusada pidió al juez tener en cuenta la campaña electoral para fijar dos sesiones del juicio