Los socialistas europeos piden penas más severas contra la corrupción
▸ El PSOE se queda solo: la Comisión confirma que se opone a la rebaja de la malversación
La propuesta de la Comisión Europea para reforzar y unificar las distintas legislaciones contra la corrupción en los países miembros y en las propias instituciones comunitarias ha sido recibida con especial interés en el Parlamento Europeo, donde todavía resuenan las consecuencias del escándalo de los sobornos millonarios por parte de Qatar y Marruecos, mientras que en la Comisión se considera necesario que se tramite en lo que queda de legislatura –es decir, en presidencia española–, teniendo en cuenta la gigantesca cantidad de dinero que ha sido puesto en circulación con los fondos de recuperación.
Según varias fuentes europeas, nadie entendería una decisión que llevase a rebajar la severidad de las medidas contra la corrupción.
La vicepresidenta Calviño, que estaba ayer en Bruselas, llegó a decir sobre la malversación que «España tiene los deberes hechos y se ha adelantado» con la reforma para reducir las penas, a pesar de que contradice la propuesta de la Comisión que no incluye en ningún caso la diferenciación entre los casos en los que el funcionario se enriquezca o no con dinero público mal utilizado.
Aunque no se puede decir que la iniciativa presentada el miércoles esté enfocada a España, porque cita deficiencias en la legislación o las instituciones de casi todos los países, la reforma del Código Penal por Sánchez sí ha sido tenida en cuenta como elemento disonante, dado que estaba ya en el punto de mira de la Comisión. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya advirtió que sus expertos analizarían si la nueva legislación española está de acuerdo con la europea, especialmente «en lo que se refriere a la protección de los intereses financieros de la UE», es decir, de los fondos europeos transferidos a España.
La presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Holmeier, recordó en su visita a Madrid en febrero que «en un Código Penal no debe haber ninguna excepción contra personas a las que afecte el delito de corrupción. El Gobierno español debe tener tolerancia cero y ha de asumir esta idea al cien por cien». Y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, dejó claro el miércoles que, «si un político con responsabilidades importantes comete corrupción, debería considerarse un agravante porque eso causa un daño mayor a la sociedad».
La comisaria de Transparencia, Vera Jurová, acudió ayer mismo al Parlamento Europeo a reunirse con la conferencia de presidentes de los grupos político para movilizar a la institución en la tramitación de esta propuesta. En realidad, el grupo socialista, que lidera la española Iratxe García, es ahora el más interesado en poner en marcha esta nueva directiva, porque son los principales afectados por el ‘Qatargate’ –todos los implicados son socialistas italianos, griegos o belgas– y encabezan incluso la propuesta de crear una especie de «supervisor ético» a escala europea para el que piden poderes ejecutivos.
También la eurodiputada Maite Pagazaurtundua (CS) ha elogiado la propuesta y reclama a la Comisión que repruebe la reforma del Gobierno de Sánchez e incluya ese reproche en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España, porque rebajar las penas por malversación «completa la impunidad a políticos y gobernantes autores de graves delitos contra la integridad del Estado de derecho y el presupuesto público».