UN ACUERDO RESPONSABLE
Asegurar la paz social en las empresas para los próximos tres años en las actuales condiciones de incertidumbre económica es un mensaje de extraordinaria importancia para el país
LA patronal y los sindicatos han alcanzado un pacto para suscribir el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que establece un marco de referencia para que las empresas y sus representaciones laborales negocien las subidas salariales y otros aspectos. Aunque las partes han advertido de que hay flecos pendientes que se deben resolver en los próximos días, ha trascendido lo medular del pacto que es la senda de la subida salarial para los próximos tres años: un 4 por ciento de subida para 2023 y un 3 por ciento en 2024 y 2025. Estas cantidades, que suman una subida del 10 por ciento repartida en tres años, están lejos del 13,5 por ciento que pedían los sindicatos y que la patronal rechazó desde el principio. Pero el aspecto que más dificultades planteó era la cláusula automática de revisión salarial que los sindicatos quisieron imponer y a la que han tenido que renunciar a la postre. El acuerdo establece que si se produce una desviación importante de la inflación se aplicará una subida de un 1 por ciento adicional, pero huye de todo automatismo. Los detalles de cómo operará esta compensación y bajo qué condiciones se activaría todavía no eran conocidos ayer.
Con todo, la subida acordada no compensa el deterioro del poder adquisitivo que el flagelo inflacionario ha impuesto a las rentas de los trabajadores españoles. En 2022, la pérdida neta entre la inflación promedio (8,4 por ciento) y la subida de los convenios (2,8 por ciento) dejó un saldo negativo de 5,6
EUROPA TAMBIÉN SE INQUIETA CON LA LEY TRANS EN ESPAÑA
Tenía toda la lógica que la delegación del Parlamento Europeo que examinó en febrero las consecuencias de la ley del ‘sólo sí es sí’ expresara su preocupación por los efectos nocivos que se estaban produciendo en esos momentos. Hoy son ya más de mil los agresores sexuales beneficiados y más de un centenar los excarcelados, pero afortunadamente esa anomalía jurídica ya ha encontrado solución con el acuerdo entre PSOE y PP para puntos porcentuales. Ese bache salarial no se recuperará con el nuevo acuerdo puesto que, en el mejor de los casos y si se cumplieran las previsiones de inflación del Banco de España, los trabajadores todavía perderían tres décimas más. Este sacrificio de los asalariados junto con la no inclusión de cláusulas de revalorización automática, es lo que permite que este acuerdo pueda considerarse muy equilibrado y responsable desde el punto de vista macroeconómico. Asegurar la paz social para los próximos tres años bajo estas circunstancias es un mensaje de extraordinaria importancia para el país.
Es verdad que el acuerdo es sólo referencial, no obligatorio, y empresas y trabajadores pueden alcanzar acuerdos adaptados a sus circunstancias específicas. De hecho, los convenios que se están firmando ya están recogiendo subidas salariales cercanas al 4,6 por ciento, seis décimas por encima de lo pactado.
Los acuerdos marco de este tipo son fruto de una negociación compleja y altamente burocratizada. Por eso, llama la atención que el Primero de Mayo los sindicatos lanzaran soflamas contra los empresarios y tan sólo cinco días después se anunciara un acuerdo. Aunque Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, dijo que la vicepresidenta tercera y ministra del Trabajo no pintaba «nada» en la negociación, es evidente que el calendario político ha influido decisivamente. Yolanda Díaz tenía mucho interés en que este pacto se cerrara antes del 28M. El AENC es un hito importante en la gestión de un gobierno y se firmará con toda la parafernalia en la sede del Consejo Económico y Social. Para Díaz es una victoria personal y le permite, a partir de ahora, hacer realidad lo que la gran mayoría de los analistas viene anunciando desde hace tiempo, que su auténtica estructura partidista será la del movimiento sindical, cuyas energías están ahora a disposición de su campaña. su corrección. Lo que no tiene solución de momento es la ley Trans, cuya aplicación también recibe un voto de censura por parte de los expertos europeos que han examinado la legislación. Esta norma está en vigor desde marzo y ya plantea problemas, por ejemplo, al chocar en algunos casos con las leyes de protección contra la violencia de género, o al poner fin a lo que un amplio sector del feminismo llama «espacios seguros para las mujeres». Además siembra muchas dudas jurídicas sobre el tratamiento a los menores de edad que desean ser trans. Por segunda vez en una ley de Igualdad, Europa se pone en guardia con toda razón. Ni una ni otra son leyes modélicas en absoluto.