El precedente malagueño de no ejecución
El Ayuntamiento estudia algunos precedentes de no ejecución. En 2016, el Ayuntamiento de Málaga indemnizaba con 28.000 euros a cada uno de los aspirantes que denunciaron irregularidades en unas pruebas para ingresar en la Policía Local que habían sido convocadas en 2002. La Justicia, en vía Contencioso, concluyó que se debía repetir parte del proceso porque se produjo una filtración. Si bien, el TSJA admitía que obligar a repetir las oposiciones provocaría «un sacrificio desproporcionado» para el Consistorio que tendría que haber expulsado a un tercio de la plantilla. Y se admitía que no era posible ejecutar la sentencia. En el caso de Sevilla, de repetirse las oposiciones, el Ayuntamiento tendría que volver a convocar a 232 personas, muchos de ellos antiguos opositores que ya tienen una plaza en propiedad. Son los daños colaterales del fraude en dichas oposiciones.
El Ayuntamiento sigue estudiando qué hacer con el fallo judicial que le obliga a repetir las oposiciones de 2012
pendidos todos los procesos de traslados o cambios en los agentes afectados, que mantienen hasta entonces sus actuales funciones. Esto ha dado lugar a que tres agentes hayan quedado excluidos de un concurso de traslado de puestos de trabajos correspondientes a la categoría de policía pertenecientes al Cuerpo de Policía Local. En dicha resolución, de fecha de 27 de abril y firmada por el secretario municipal, se señala sobre estos tres agentes que «el nombramiento como funcionario de carrera en la categoría de policía ha sido declarado nulo por sentencia firme».
Una situación similar se ha dado con uno de los agentes afectados que ha querido optar a una plaza en Jerez de la Frontera. Pero otro agente recurrió y el Ayuntamiento jerezano preguntó al Consistorio hispalense por la situación de dicho policía. La respuesta fue en el mismo sentido. No obstante, estos agentes siguen ejerciendo como tal en la Policía Local de Sevilla.
Como ya adelantara ABC una de las opciones que mantiene encima de la mesa el Ayuntamiento es la inejecución de la sentencia como vía de escape para no cambiar nada. En este sentido, fuentes consultadas por este periódico señalan que los máximos dirigentes municipales están trasladando a los agentes afectados que ésta será la solución que adopten.
En cambio, existe un informe de Recursos Humanos que concluye que hay que ejecutar la sentencia, lo que supondría la expulsión de más de 50 agentes del cuerpo. Además, se pondría en cuestión los actos ejecutados por esos funcionarios durante su ejercicio como autoridad; lo que podría acarrear una lluvia de reclamaciones y demandas de vecinos.