La Eurocámara señala a Marruecos como «posible responsable» del espionaje al móvil de Sánchez
▸ La comisión Pegasus reconoce la legitimidad del CNI para «defender la integridad» nacional
España «tiene un sistema de justicia independiente con garantías suficientes», pero el Gobierno necesita clarificar qué pasó con el pirateo del teléfono del presidente Pedro Sánchez y otros ministros y con las decenas de casos denunciados de escuchas a separatistas por «autoridades españolas». Después de un año de trabajos, incluyendo un viaje a España, la comisión Pegasus del Parlamento Europeo (por el nombre de este programa israelí de escuchas) aprobó ayer su informe definitivo sin borrar del todo el intento de utilización por parte de Carles Puigdemont y sus socios.
El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha calificado la parte del documento que se refiere a España como fruto de «la mala fe». El representante del PP, Juan Ignacio Zoido, lamentó que, desde el mismo día de constitución de la comisión, comenzó «una campaña propagandística orquestada por el secesionismo catalán, apoyada tanto por ERC y Junts como por entidades vinculadas como la ANC y Ómnium Cultural». El Gobierno, que se ha asociado con los mismos separatistas que le acusan de espiarlos, ha mantenido en todo momento un perfil bajo, tratando de ignorar la investigación.
El informe, aprobado por 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, señala a Marruecos como «el posible responsable» del espionaje a los teléfonos móviles de Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y se limita a sugerir que el caso merece una mayor clarificación. Pero también afirma que «sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se admitieron en la comisión de Secretos Oficiales, se asume que la vigilancia a los objetivos catalanes se llevó a cabo por parte de autoridades españolas».
Cañas dijo una vez aprobado el informe que desde su grupo habían logrado eliminar del texto «algunos conceptos muy tóxicos, como el que definía como víctimas a todos aquellos que presuntamente habían sido investigados. Hemos eliminado falsedades, como que el señor Comín había sido investigado, cuando el propio CitizenLab (el centro universitario canadiense en el que se basaban las acusaciones) determinó que no. Pero no hemos conseguido eliminar la mala fe».
Según consta en el documento, España «tiene un sistema de justicia independiente con garantías suficientes», pero quedan algunas preguntas sobre el uso de ‘spyware’. Los eurodiputados reconocen la legitimidad de las actividades del CNI «para defender la integridad del Estado, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones» y piden a las autoridades que garanticen investigaciones «completas, justas y efectivas», especialmente en los 47 casos denunciados por los separatistas catalanes y en los que según se dice en el documento no estaría claro quién autorizó el uso de sistemas de escucha telefónica, por lo que recomienda se aseguren de que los objetivos tengan un control legal efectivo. El Gobierno ha afirmado siempre que las acciones fueron legales y que no puede detallarlas porque lo impide la ley de secretos oficiales. En su día, el ejecutivo de Pedro Sánchez llegó a cesar a la entonces responsable del CNI, Paz Esteban, para complacer a sus socios políticos. Esperanza Casteleiro, su sucesora, compareció en esta comisión, pero no respondió a ninguna de las preguntas.
Respecto a otros países, los eurodiputados han condenado las principales violaciones de la legislación europea sobre este campo tanto en Polonia como en Hungría, donde los respectivos gobiernos han decidido eliminar los mecanismos independientes de supervisión. En el caso de Hungría, se afirma que el uso de ‘software’ espía ha sido «parte de una campaña estratégica y calculada para destruir la libertad de los medios y la libertad de expresión», mientras que en Polonia, el uso de Pegasus ha sido parte de «un sistema de vigilancia de la oposición y los críticos del gobierno, diseñado para mantener a la mayoría gobernante y al gobierno en el poder». Respecto a Grecia, los eurodiputados afirman que el país cuenta con «un marco legal bastante sólido en principio», pero el uso de los sistemas de escucha telefónica que se ha denunciado «no parece ser parte de una estrategia autoritaria integral, sino más bien una herramienta utilizada ‘ad hoc’ para obtener ganancias políticas y financieras». dad que estarían dispuestas a aceptar. Según ha podido saber ABC, antes de que se retomara la reunión a las cuatro de la tarde, las siete asociaciones habían consensuado una cantidad cercana a los 60 millones de euros, pero a última hora la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se habría descolgado exigiendo una cantidad mayor sin que Justicia se hubiera pronunciado todavía sobre la viabilidad de esa cifra. La última oferta del ministerio se quedó por tanto en esos 46,7 millones. Si el departamento de Pilar Llop ofrece este miércoles una cantidad próxima a los 60 consensuados por prácticamente todas, es muy probable que se consume una ruptura definitiva y el paro acabe siendo secundado sólo por una parte de la carrera judicial.