No existe un «derecho al bautismo»
siglo XIX con unos jardines preciosos», apuntó Andreu, sobre un entorno que calificó de «idílico». «Como ha sido improvisado no nos ha dado tiempo de preparar gran cosa», comentó el padre, que destacó que el niño se portó muy bien y no había llorado en ningún momento.
«Ya decidirá»
«Yo no estoy bautizado. Sería hipócrita hacerlo por mi parte», confesó. Por el contrario, la madre sí que recibió este sacramento, aunque matizó que su familia lo hizo «por tradición». «Cuando tenga uso de razón, ya decidirá», zanjó.
De momento, el volumen de peticiones es manejable: se han registrado tres solicitudes más para el mes que viene en una ciudad con 800.000 habitantes. Tras el ‘estreno’ junto antes de los comicios del 28 de mayo, el alcalde, como ocurre en las bodas, delegará su competencia en los concejales, que serán los encargados de dirigir el acto protocolario.
La iniciativa no es ni mucho menos novedosa, aunque ha tenido una acogida tibia en los alrededor de 170 municipios –según datos recogidos por la organización Cullera Laica– en los que se ha implantado a lo largo de la geografía española desde que se produjo el primero, en el año 2004, en la localidad catalana de Igualada. De hecho, en otras poblaciones valencianas su incidencia es residual.
En Benidorm no constan registros salvo una aparición en prensa en 2010 y en Paterna suman nueve desde 2018. En Elche, en los quince primeros meses desde que se implantó en julio de 2021, se registraron trece solicitudes, mientras que en Alzira llevan siete en ocho años. Cifras pobres para ciudades con multitud de residentes. Por contra, fuera de la región, en Vigo, se contabilizó una por semana en 2018, tal y como esgrime la hemeroteca.
Eso sí, a diferencia de lo ocurre en otros sitios, donde se abona la misma tasa que en una boda civil, en Valencia la ceremonia es gratuita. Los gastos de ocupación del espacio –propiedad del consistorio– y del personal responsable del mismo corren a cargo de las arcas municipales.
Desde el Arzobispado, de momento, guardan silencio sobre esta medida. El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Mundina, sí se pronunció al respecto cuando el ayuntamiento de la capital del Turia anunció la iniciativa en febrero. Para ello solo utilizó una cita del filósofo Aristóteles: «La peor forma de desigualdad es querer hacer iguales las cosas desiguales».
« Dum excusare credis, accusas», decía san Jerónimo en una de sus Cartas. Una máxima que bien podría haber tenido en cuenta ayer Joan Ribó cuando repetía hasta la saciedad que la ceremonia que acababa de presidir, por primera vez en Valencia, «no es un bautizo civil; se llama como se llama: bienvenida a la ciudadanía».
Ribó se empleó con vehemencia en un vano intento de desligar del rito de iniciación cristiana su inventada ‘ceremonia’ cuando, él mismo, había contribuido a proponerla como alternativa. En febrero, al presentar la decisión tomada por el Consistorio para «propiciar la celebración de ceremonias civiles de bienvenida a la ciudadanía a los recién nacidos», Ribó sostenía que era un paso «muy importante para garantizar los derechos de los niños y niñas, y a la vez tener una ceremonia para aquellas personas que no quieran acudir a las celebraciones religiosas». «Es importante que todos los valencianos estemos en igualdad de derechos», insistía.
Según estas palabras de Ribó, ¿en qué derechos no eran iguales los valencianos hasta la creación de este ritual laico? ¿Cuáles no estaban suficientemente garantizados como para que fuera necesario implantar la ceremonia? No ha dado respuesta, pero ayer mismo echaba mano de datos sociológicos para contraponer, de nuevo, que frente al «58% que es creyente», el «38% de los valencianos se declara ateo, agnóstico o laico», y justificar así la necesidad de esta ceremonia.
Valencia no es la primera ciudad española en la que se instauran estos ‘bautizos laicos’, pero sí la que se ha empleado más a fondo para justificar su implantación como una forma de garantizar la «igualdad de derechos». Una fuerza que parece desproporcionada para un acto simbólico, sin ningún valor legal y que, de momento, sólo han solicitado tres familias. Circunstancias que hacen evidente que la intención de Ribó va más allá de responder a las necesidades de un sector de la población.
En realidad, la estrategia es bien conocida en ámbitos políticos y consiste en el uso del ‘lenguaje
ANÁLISIS
acordado’ una práctica que implica el utilizar términos que no aparecen en las diversas convenciones de derechos humanos pero que, a través de la repetición constante, contribuye a cambiar el sentido de lo establecido en las normas de los estados y acaban imponiendo nuevas obligaciones.
Así, no existe un «derecho al aborto», ni a la eutanasia, como tampoco lo existe a «tener un hijo» o la «maternidad subrogada». No, no existen. Ni aparecen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni el capítulo segundo de la Constitución Española, pero el uso constante de la terminología ha conseguido que calen en la sociedad y que incluso los acabemos asumiendo como fundamentales.
Tampoco existe el «derecho al bautismo» que parece haber inventado Ribó al insinuar que, sin su «ceremonia de bienvenida a la ciudadanía», quienes no son creyentes no gozarían de «igualdad». Tanto la Carta Magna, como las convenciones internacionales, lo que garantizan es «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades», lo que implica, de facto, la opción de no pertenencia a ningún credo. Después, será cada una de las religiones las que establezca sus propios ritos de iniciación, como el bautismo en los cristianos. Por tanto, «todos los valencianos», a los que se refiere Ribó, tienen los mismos derechos: pueden pertenecer o no a una credo, igual que pueden participar o no en los ritos que éste proponga.
Ni creyentes, ni ateos, ni agnósticos sufren, por tanto, ninguna discriminación, que justifique la creación de un «bautizo laico» y menos desde una administración pública. Es más, cuando la Constitución establece la aconfesionalidad del Estado, ¿qué sentido tiene que un Ayuntamiento acabe calcando un ritual religioso para dar respuesta a quienes no son creyentes? ¿Es esta reivindicación del «derecho al bautismo» un paso hacia la creación de una confesión estatal, de corte laicista?
Las respuestas solo podemos encontrarlas en la actitud vehemente del alcalde. «Dum excusare credis, accusas», decía san Jerónimo, que traducimos como «mientras piensas que te estás excusando, te acusas». Y con eso en mente recuerden la repetida justificación de Ribó: «No es un bautizo civil».