El pacto salarial domará las subidas para no cebar más la espiral inflacionista
▸ Patronal y sindicatos firman el quinto AENC sin miembros del Gobierno
gel Gabilondo, al ministro para que «resuelva las demoras en la concesión de citas» y «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención».
La situación ha generado una ola de descontento, que se refleja en el alud de quejas puestas en la Seguridad Social. Como ya informó ABC, durante la pandemia se han triplicado las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%. Cuatro millones de llamadas quedaron sin atender en 2022 por los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social.
Pagar por las gestiones
Los casos de intentos de llamadas frustradas se producen por miles cada día y esta situación ha provocado largas colas en las oficinas. Los trámites asfixian y el colapso en la Seguridad Social ha abierto también la puerta a un negocio paralelo de compra y venta de citas; ante la imposibilidad de ser atendido por la Administración por el cauce habitual, algunos afectados, desesperados, deciden pagar por gestiones que en circunstancias normales son gratuitas. Particulares, locutorios y gestorías ofertan sus servicios a todo aquel que quiera pagarlos, y muchos ciudadanos acuden a las gestorías para lograr la cita que no consiguen por sus propios medios.
En estos momentos los tiempos de espera para cobrar una pensión pueden llegar a dos meses, y alrededor de un mes conseguir una cita presencial. Una situación provocada por la pérdida del 22% de los efectivos en una década, como denuncian los sindicatos y reconoce el Gobierno. El descontento llega hasta la plantilla y la falta de entendimiento del ministro con los sindicatos de funcionarios ya caldea la primera huelga de la historia en la Seguridad Social.
Los representantes de empresarios y trabajadores sellaron en el día de ayer el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en un acto que si bien contó con amplia representación de las organizaciones firmantes no contó con algún miembro del Gobierno Sánchez.
El pacto, que cubrirá el poder adquisitivo de los trabajadores en el próximo trienio con una subida total del 10% –un 4% en 2023, y un 3% en 2024 y 2025– más un 1% extra para cada ejercicio en función de si el IPC aumenta más que la subida planteada, servirá además de para trasladar un mensaje de tranquilidad y de certidumbre de cara a la negociación de los 1.400 convenios colectivos pendientes de firmarse o renovarse, explicaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
Y también, tal y como aseguraba el presidente de la patronal Antonio Garamendi, servirá para evitar los temidos efectos de segunda ronda sobre el IPC que se podrían generar con aumentos de las rentas que permitan seguir cebando la demanda y la espiral de precios, que ya se saldó en 2022 con un encarecimiento de los productos del 8,4%. «Estamos conteniendo la inflación de segunda ronda. Es una parte importante del marco», apuntó Garamendi considerando una subida justa la plateada en el acuerdo.
Al ser cuestionado sobre cuál sería el procedimiento aplicable si se detecta que el acuerdo no se cumplen la directrices salariales marcadas, Garamendi prefirió recalcar que abogará y defenderá que se cumpla lo pactado pese a no ser un texto vinculante y normativo. Aunque Cuerva, de Cepyme, sí que aclaró que la salvaguarda incluida en el documento que llama a valorar previamente la situación económica de cada empresa en función de los sectores y los territorios «habilita que las empresas que no puedan acompasar los crecimiento salariales por su situación puedan tomar su propio camino».
Insistir en subidas de 2022
En este punto es donde quizá más se mostró la discrepancia entre las organizaciones empresariales y sindicales. De hecho, Unai Sordo quiso aclarar que ese párrafo incluido no hace del AENC «una simple recomendación», sino que obliga a las partes a negociar en estos términos las subidas salariales a pesar de poder modularse según cada circunstancia. «Una cosa es que el acuerdo sea obligacional y no normativo, pero no es solo una recomendación», advertía el líder de CC.OO. asegurando que si bien la piedra de bóveda del acuerdo son los salarios «no hemos llegado a un compromiso para 2021 y 2022 y serán las mesas las que deberán resolver». «Los sindicatos no renunciamos a esas subidas», dijo.
En la pandemia se triplicaron las protestas de los ciudadanos y en 2022 cuatro millones de llamadas no se atendieron
La imposiblidad de lograr cita previa ha llegado a generar un negocio paralelo de compraventa
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, instó al ministro a «resolver las demoras en las citas»