El Banco de España cuestiona las recetas de Sánchez para vivienda
▸ La escalada del gasto en pensiones obligará al próximo Gobierno a actuar ya en 2025
El porcentaje de hogares españoles que son propietarios de la vivienda en que residen ha caído en apenas una década desde el 82 al 74%, aunque en el caso de los menores de 35 años el desplome ha sido mucho más pronunciado, desde casi el 70% hasta apenas un 36%. Las dificultades para pagarse una vivienda en propiedad han desplazado a los jóvenes al mercado del alquiler, en el que hoy residen 800.000 hogares y dos millones de personas más que hace una década.
La explosión de la demanda en este segmento no ha tenido una respuesta suficiente por el lado de la oferta y ha provocado una escalada media del precio del 20% en los últimos años, si bien en algunos puntos especialmente tensionados ha sido del 40%. Este desajuste entre oferta y demanda ha encaramado a España al primer puesto de un ranking inquietante: es el país de la UE en que las personas que viven de alquiler tienen mayor riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social, con cerca de un 50% (ver gráfico).
Estas cifras ilustran la situación del mercado inmobiliario, que el Banco de España ha decidido elevar en su último informe anual a la categoría de problema prioritario para el adecuado desempeño de la economía por su importancia a la hora de generar situaciones de desigualdades y situaciones de vulnerabilidad social en España. El diagnóstico de la institución parece alinearse con el del Gobierno, que en las últimas semanas ha activado una ola de anuncios y promesas para resolver el problema de la vivienda, pero el enfoque de estos no termina de convencer a la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos.
«No hay fórmulas milagrosas para resolver el problema de la vivienda», advierten desde la institución, que no esconde sus reservas sobre la potencial eficacia de las medidas anunciadas, especialmente en dos casos.
El primero es el de los topes al alquiler, una de las medidas estrella de la Ley por el Derecho de la Vivienda del Gobierno, que el Banco de España ya cuestionó en su día y de la que asegura en su informe anual que «si bien los controles de precios muestran capacidad para reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler», entre los que cita la reducción % de la población en alquiler que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social del número de viviendas disponibles, la rebaja del estándar de calidad de las mismas, así como incrementos de precios en las áreas no reguladas.
La crítica no es irrelevante porque el Banco de España señala la escasez de oferta de vivienda en alquiler como la causa principal de los desajustes en ese mercado y del alza de los precios.
La otra medida estrella sobre la que manifiesta sus reservas es la de los avales con garantía del Estado (ICO) de hasta el 25% a jóvenes menores de 35 años o familias monoparentales para facilitarles el acceso a una hipoteca. Al contrario de lo que ocurrió con los avales del ICO a empresas durante la pandemia, que la institución apoyó expresamente, entienden que ahora hay una serie de factores que justificaban su uso entonces y no se dan: no da respuesta a una perturbación extraordinaria, no tienen horizonte temporal y podrían distorsionar la percepción del riesgo de la operación, en un momento en que los bancos han rebajado del 100 al 80% la parte del precio de la vivienda que financian.
El problema de las pensiones
Otra de sus preocupaciones a futuro es la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Banco de España duda de % de hogares que son propietarios de su vivienda principal
TOTAL
Menores de 35 69,3
La reforma de pensiones de Escrivá dejará un agujero extra de 11.200 millones que deberá abordar el próximo Ejecutivo
que el déficit y la deuda vayan a reducirse en el futuro a la velocidad que prevé el Gobierno, y en buena medida por la presión que introducirá la reforma de las pensiones. «El análisis de los cambios normativos introducidos en el sistema de pensiones desde 2021 apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera», augura el informe anual de la institución.
El supervisor estima que dentro de tres años habrá que compensar al menos 0,8 puntos de PIB por la desviación que generarán los nuevos gastos derivados de la revalorización de pensiones con el IPC respecto a los nuevos ingresos que vendrán de la subida de las cotizaciones. Eso implica que el Gobierno que salga de las urnas en diciembre tendrá que adoptar medidas para reducir en 11.200 millones el desequilibrio financiero extra generado por la reforma de José Luis Escrivá, ya sea mediante medidas de ingresos o con otras que reduzcan el gasto.
En el marco del mecanismo automático de ajuste establecido recientemente podría ser necesario que a partir de 2025 se adoptaran nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. Recuerda el Banco de España que la estimación del impacto que las distintas actuaciones desplegadas en los últimos años podrían tener sobre los gastos y los ingresos del sistema de pensiones español «se encuentra sometida a una extraordinaria incertidumbre».