LA HUELGA RETRATA A ESCRIVÁ
Un conflicto sin precedentes desmiente al ministro, que en el Congreso perdió los papeles y calificó de «bulos» los problemas que ha creado su gestión del día a día en el ministerio
LA convocatoria de paros parciales en la Seguridad Social todos los viernes y de una huelga de 24 horas para el próximo mes de septiembre constituye, por una parte, un hecho sin precedentes en esta administración pública y, por la otra, un rotundo desmentido a su máximo responsable, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que apenas unas horas antes negaba en el Congreso los graves problemas de gestión de su área. Escrivá, que elevó el tono y se mostró enfadado ante las preguntas del diputado popular Jaime Eduardo de Olano, calificó como «bulos» la existencia de procedimientos como la cita previa que se prescribe como imprescindible para acceder a los trámites principales en la propia página web de la Seguridad Social.
Que el ministro perdiera los papeles en el Hemiciclo no se compadece con el hecho de que Escrivá está intentando recuperar el control de la gestión de la Seguridad Social con medidas radicales y urgentes, como prohibirle a su plantilla la posibilidad de teletrabajar, extender la atención de las citas previas al horario de tarde e incentivar con el pago de seis euros a cada funcionario por cada cita previa que atiendan presencialmente fuera de su jornada laboral. Este plan de emergencia que se ha comunicado a las direcciones provinciales se ha puesto en marcha mientras el ministro espera la incorporación de los dos mil interinos que pidió al Ministerio de Hacienda como solución temporal a la reducción de su plantilla.
La administración de la Seguridad Social fue en su tiempo
LA IRRACIONAL PERMISIVIDAD CON LA OKUPACIÓN
El conflicto generado desde hace meses por un centenar de okupas en Barcelona, enfrentados a los vecinos con comportamientos violentos, se ha convertido en una auténtica preocupación pública y provoca una alarma social creciente. El fenómeno de la okupación en sus distintas variantes, la última de ellas, la de los inquilinos que dejan de pagar sus alquileres, se ha extendimodélica, pero ha perdido 10.000 de sus 36.000 efectivos en la última década. Era sabido, además, que se trata de una plantilla muy envejecida, con una media por encima de los 60 años, que seguirá mermando en el futuro próximo. Escrivá nunca ha aclarado cuáles eran sus intenciones respecto de la gestión del día a día de su departamento, pero cuando se hizo cargo del ministerio dijo que no pensaba reemplazar a la totalidad de los funcionarios que se jubilaban y sugirió que su idea era compensar su desaparición con la productividad generada por el proceso de digitalización. Esto ha llevado a que no se convocaran oposiciones de funcionarios y a contradicciones flagrantes en la gestión del día a día, como el hecho de que se adquiriesen 25.000 equipos informáticos para implantar el teletrabajo y finalmente se haya decidido denegarlo a la plantilla pese a que, desde septiembre, los funcionarios de las unidades que así lo acuerden en la Administración General del Estado pueden teletrabajar hasta tres días por semana.
El resultado es que el ministro que es capaz de convencer a Europa de la bondad de su reforma de las pensiones es incapaz de organizar los turnos de sus efectivos para atender a los ciudadanos que desean ejercer su derecho a disfrutar de ellas. La crisis que Escrivá niega a gritos en el Congreso es difícil de ocultar puesto que ha generado un incremento del 42 por ciento de las quejas sobre el servicio. Sólo en 2022 cuatro millones de llamadas telefónicas quedaron sin respuesta en los centros de atención telemática de la Seguridad Social, según un informe interno. El desorden y el caos en la gestión han llamado la atención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien exigió al ministro que «resuelva las demoras en la concesión de citas» y «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención». La huelga convocada por CSIF y Comisiones Obreras demuestra que el ministro se ha pasado de listo negando lo que es evidente para los ciudadanos. do peligrosamente por tres motivos: por la inacción de los poderes públicos, lo que obliga a los afectados a contratar a empresas especializadas en la expulsión de ocupantes ilegales; por una legislación del Gobierno que favorece esta actividad ilegal, y ejemplo de ello es la nueva ley de Vivienda; y por una desprotección del propietario, con la consideración añadida de la propiedad privada como algo negativo. Y todo, con el agravante de una lentitud exasperante de la justicia. El resultado es la indefensión. Si el debate sobre esta flagrante permisividad con la okupación entra en campaña, la izquierda se expone a serios problemas.