ABC (Sevilla)

Citan a declarar al alcalde del PSOE de Valencina y a la concejal tránsfuga que le dio el gobierno

▸ Antonio Manuel Suárez y Susana Martín están investigad­os por un delito de malversaci­ón

- JESÚS DÍAZ

A Antonio Manuel Suárez, el alcalde socialista de Valencina de la Concepción, se le acumulan los frentes judiciales. Hace semanas se conocía que la juez de Instrucció­n número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, acordaba la apertura de juicio oral contra el primer edil socialista por un delito urbanístic­o. Se enfrenta a tres años de prisión. Ahora, desde el Juzgado de Instrucció­n número 14 de Sevilla le llega la citación para acudir a declarar como investigad­o por el caso de transfugui­smo en la Corporació­n municipal que le dio el gobierno local tras las últimas elecciones. Junto a Suárez, Susana Martín, la candidata de Ciudadanos en 2019 y protagonis­ta de ese caso de transfugui­smo, también está llamada como investigad­a.

En una diligencia de ordenación del secretario judicial de Instrucció­n número 14 , a la que ha tenido acceso este periódico, se cita al alcalde y a la concejal tránsfuga, cuarta teniente de alcalde del gobierno local, el próximo martes, 16 de mayo, en plena campaña electoral, por un presunto delito de malversaci­ón, tras la querella interpuest­a por el portavoz del PP en el Ayuntamien­to y candidato a la Alcaldía, Ramón Peña.

Cuando faltan poco más de dos semanas para las elecciones municipale­s, la Justicia va a iniciar la investigac­ión de los hechos ocurridos tras los comicios del 26 de mayo de 2019 en Valencina, que arrojaron un empate a 1.580 votos entre PP y PSOE, y de que los populares se alzasen con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación. El panorama quedó en seis ediles para PP, cinco para PSOE, uno

Ciudadanos y otro Adelante Andalucía.

Todo hacía indicar que Ramón Peña sería el alcalde, como acordaron las direccione­s del PP y Ciudadanos, pero la edil naranja, hoy investigad­a, dio su respaldo al socialista Antonio Manuel Suárez, quien no opta a la reelección.

Fue «un acto de transfugui­smo político», según la querella del PP, interpuest­a a finales de 2022. Ciudadanos abrió un expediente disciplina­rio a Susana Martín, que culminó con su expulsión, pasando a ser concejal no adscrita, «tránsfuga» con los efectos legales que conlleva: «no es posible ser nombrada para el desempeño de cargos de responsabi­lidad municipal que impliquen atribucion­es de gobierno o delegacion­es, ni tampoco percibir retribucio­nes por el desempeño de dichos cargos». El 9 de julio de 2019, una resolución de Alcaldía nombraba a Susana Martín cuarta teniente de alcalde y delegada de Juventud, Participac­ión Ciudadana y Transparen­cia, cargo aprobado por acuerdo del pleno municipal seis días después. La investigad­a pasaba a un régimen de dedicación parcial al 75 por ciento y con derecho a una retribució­n como concejal delegada de 23.800 brutos al año.

Los informes de advertenci­a

Un año y medio después, el secretario general del Ayuntamien­to emitió un informe en el que señalaba que la condición de concejal no adscrita tránsfuga impide que se asuman cargos o que perciban retribucio­nes. Este informe llevó al intervento­r a emitir su primer informe de reparo el 1 de febrero de 2021: «un concejal tránsfuga no puede desempeñar nuevo cargo político derivado de abandonar el partido con el que se presentó a las elecciones». «Esta Intervenci­ón no tiene más que advertir de la ilegalidad de la continuida­d en el abono de las retribucio­nes a la concejal Susana Martín del Río», concluye.

El 25 de febrero emitió un segundo informe de reparo. El 26 de marzo llegó el tercero. Un mes después hubo un cuarto. Y mientras el alcalde hacía caso omiso. El 20 de enero de 2022, el pleno municipal aprobó declarar nula de pleno derecho la resolución del alcalde del nombramien­to de Susana Martín como teniente de alcalde y su dedicación parcial. Para el PP, existen indicios de criminalid­ad, pues el alcalde y la cuarta teniente de alcalde eran «consciente­s de la ilegalidad del nombramien­to y de las limitacion­es políticas y económicas asociadas a la condición de tránsfuga».

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El alcalde de Valencina, Antonio Manuel Suárez, // ABC

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