El trasvase que anuncia el Gobierno en Doñana no estará antes de 2026
▸ La obra del túnel de San Silvestre, que está pendiente desde 2018, tardará 30 meses y aún no ha comenzado
La obra «prioritaria» más emblemática anunciada por el Gobierno para aliviar la presión sobre el acuífero de Doñana, no estará concluida antes de enero de 2026. El proyecto para duplicar la capacidad del túnel de San Silvestre es imprescindible para que lleguen a regantes y consumidores los 19,99 hectómetros cúbicos que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó trasvasar en diciembre de 2018 desde la cuenca de los ríos Odiel, Tinto y Piedras hasta el entorno del Parque Nacional. El objetivo es sustituir por agua superficial los aportes de agua subterránea que están secando el acuífero que nutre las Marismas del espacio protegido, doblemente amenazado por la sobreexplotación y la falta de lluvias.
El Ejecutivo ha incluido dicho trasvase en el Real Decreto-ley aprobado el jueves de manera extraordinaria por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. El proyecto fue adjudicado el 2 de abril a una UTE formada por las empresas Acciona y Sacyr por un importe de 58 millones de euros. A finales de marzo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró a la Plataforma del Túnel de San Silvestre que las obras comenzarían este mes de junio. Desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) dudan de que los trabajos comiencen tan pronto. El plazo máximo de ejecución es de 30 meses, lo que significa que, si no surge ningún contratiempo, como muy pronto estaría construido a finales de 2025, de manera que pudiera empezar a trasvasar agua a principios de 2026. La actuación consiste en reemplazar el actual túnel, muy deteriorado, por otro nuevo paralelo al existente con una longitud de 7,6 kilómetros y una capacidad de 20 m3/s. Actualmente, ya se trasvasan 3,4 hectómetros cúbicos a los regadíos del Condado de Huelva.
La citada norma establece una serie de «medidas urgentes» en materia agraria y de aguas. El texto legal distingue entre «actuaciones de ejecución inmediata» y otras que considera «prioritarias» para «afrontar con inmediatez los problemas derivados de la sequía». Dicha catalogación permite reducir los plazos de ejecución, que suelen ser complejos y largos en este tipo de proyectos, y lleva implícita la declaración de utilidad pública a los efectos de la ocupación temporal y expropiación forzosa de bienes y derechos, así como la urgente necesidad de la ocupación.
Además del referido trasvase, el Real Decreto-ley, aprobado horas antes del inicio de la campaña electoral, recoge como «actuaciones prioritarias» dos obras de regeneración hídrica en Doñana sin ejecutar que fueron declaradas de interés general del Estado hace casi un cuarto de siglo. Se trata de la recuperación de la funcionalidad de dos antiguos cauces, el Caño Guadiamar y del Brazo de la Torre, para que vuelvan a aportar agua a las marismas del Parque Nacional de Doñana.
Ambos proyectos localizados en la mayor reserva ecológica de Europa, están pendientes desde abril de 1999. Fue el entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos (PP) –ejerciendo como presidente del Gobierno en funciones en sustitución de José María Aznar– quien aprobó y declaró de interés general los citados trabajos dentro de un paquete más amplio de actuaciones denominado «Doñana 2005».
El secretario general de Feragua, Pedro Parias, aplaude «todo lo que se haga para acortar los plazos de obras y reducir así la presión sobre Doñana». «Sin embargo, nos hubiera gustado que el Gobierno hubiera incluido presas para hacer frente a futuras sequías como las de San Calixto y Cerrada de la Puerta o el recrecimiento de la presa del río Agrio», en Aznalcóllar, expone.