El Auditorio Rocío Jurado se muere a la espera de una respuesta judicial
▸
R. ARROCHA
Más de diez meses después, y tras aprobar la Junta de Gobierno Local, a iniciativa de la Delegación de Patrimonio Municipal e Histórico y Artístico, la extinción del contrato de arrendamiento que la empresa TCM Visión tenía suscrito con el Ayuntamiento de Sevilla sobre el Auditorio Rocío Jurado, la imagen de las instalaciones y sus alrededores es la de un espacio muerto y devastado por el tiempo sin usarse. En el exterior, con el Canal de la Expo repleto de una vegetación imposible más propia de un bosque salvaje, y en el interior, al que ABC ha tenido acceso, sin escenario, con los asientos decolorados, y con numerosos objetos en plena pista a falta de que se catalogue, la impresión que resulta es desoladora. El mismo lugar que ofreció numerosos conciertos y le regaló a sevillanos y foráneos momentos de diversión es hoy la viva imagen de un lugar frío y desordenado.
Desde que el pasado mes de julio el Ayuntamiento acordara la extinción del contrato de arrendamiento del que gozaba la empresa TCM Visión SL para la explotación del Auditorio Rocío Jurado, alegando «la falta de contestación de la empresa a la propuesta de resolución pactada del contrato» y atribuyendo a dicha entidad una deuda de 1.471.257 euros con las arcas municipales por las rentas e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) repercutidos de los años 2016 a 2020, Sevilla sigue viviendo a la espera de que se reabra el Auditorio.
Con todo ello, fuentes del Ayuntamiento indicaron al respecto que las actuaciones municipales adoptadas para la recuperación del inmueble llegaron a ser recurridas por TCM ante el juzgado de lo contencioso administrativo, solicitando la suspensión sin garantía, del acuerdo de desahucio adoptado por la Junta de Gobierno el 7 de julio de 2022, extremo que sería finalmente aceptado por el Juzgado, suspendiendo la ejecución del desahucio. La asesoría jurídica municipal ha recurrido dicha suspensión encontrándose, actualmente, pendiente de resolución por la instancia judicial.
Por su parte, Francisco Bustamante, gerente de TCM, empresa que ha gestionado el Auditorio y que dice tener el derecho del mismo hasta 2032, manifestó lo siguiente: «Estamos a la espera de que el Juzgado de lo contencioso dicte una sentencia sobre la denuncia que yo he puesto. Mientras tanto, cada mes estoy pagando 25.000 para mantener el Auditorio. Pero no puedo tener actividad. Eso es así. No puedo ofrecer conciertos. Tengo que pagar la vigilancia, el agua, la luz, el mantenimiento de la maquinaria. El juez me dio las cautelares, y por eso estoy aquí —señala el suelo del Auditorio.— Pero no puedo ofrecer conciertos. Mis seguros de actividad obligatorios de responsabilidad civil no pueden actuar. Si yo hago un concierto y pasa algo, mi seguro me dice: ‘usted está desahuciado’. Lo único que espero es que se conozca cuanto antes la decisión del juez. Pensaba que todo iba a ser más rápido. Mi dossier conforma 700 folios, y el del Ayuntamiento, 50. No tienen ninguna documentación. No encuentran ningún papel. Si no hay sentencia antes del 30 de junio, llevaré las llaves del Auditorio donde me digan, o al juzgado o al Ayuntamiento. Yo no puedo seguir pagando cada mes esta barbaridad», subrayó bastante contrariado.
Para Bustamante, y haciendo énfasis, «lo más doloroso es que Sevilla ha perdido el Auditorio de La Cartuja. Esto no es un bar de la esquina que ha cerrado; no es el teatro de Fibes, que caben 3.000; no es el Cartuja Center, que caben 1.800; esto es un edificio para 8.000 personas, y mire cómo lo tenemos. Me es