Suspendido otra vez el juicio a la exalcaldesa de Algámitas
▸ Las obras del hotel ilegal, según la Fiscalía, se hicieron en terrenos no urbanizables
La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla suspendió finalmente el juicio cuyo inicio estaba previsto para ayer lunes, contra la exalcaldesa socialista de Algámitas Virtudes Cabello y José Antonio M.M. como secretario interventor del ayuntamiento de dicho municipio de la Sierra Sur, por un presunto delito continuado de falsedad en documento en concurso con un delito de prevaricación urbanística, a cuenta de la construcción de un recinto hotelero en terrenos no urbanizables.
Después de que el juicio fuese inicialmente señalado para el pasado mes de enero, cuando fue aplazado a este lunes 15 de mayo con dos sesiones más previstas, también en este caso la vista ha sido suspendida, toda vez que las partes estarían intentando resolver el asunto mediante un acuerdo de conformidad. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, entre 2007 y 2008, la empresa Promocañete S.L., representada por la acusada Estefanía M.C. y con José Antonio M.M., secretario interventor del Ayuntamiento de Algámitas, como administrador único, promovió la construcción de un recinto hotelero propiedad de la entidad en el punto kilométrico 1,5 de la carretera provincial SE-9225, que conecta Algámitas y Pruna.
Las obras fueron acometidas, según la Fiscalía, en terrenos calificados como no urbanizables por el planeamiento vigente entonces, pesando un informe de la Consejería de Ordenación del Territorio emitido en octubre de 2008 con el aviso «expreso» de que la construcción «se ha ejecutado incumpliendo las determinaciones del régimen del suelo no urbanizable»; así como a menos de nueve metros con relación a la carretera SE-9225, invadiendo así la «zona de servidumbre pública de no edificación» y sin «autorización previa» de la Diputación como titular de dicha vía. Según la Fiscalía, José Antonio M.M., en su papel de secretario interventor del Ayuntamiento, «informó favorablemente al proyecto de actuación a sabiendas de que carecía de la preceptiva licencia de obras» por los aspectos ya indicados, mientras el también acusado Alfonso M.A., como redactor del proyecto de obra, realizó el mismo «conociendo la ilegalidad», «certificando el 24 de diciembre de 2008 que se habían ejecutado las obras sin que se hubiera concedido la licencia definitiva» y pese a concurrir todas las incidencias ya descritas.