El alcalde de Bormujos se sienta en el banquillo dos semanas antes de las elecciones
▸ Empieza el juicio por partir en cinco un contrato de obras para adjudicarlo a dedo
El juicio por prevaricación contra el alcalde de Bormujos y candidato del PSOE a la reelección, Francisco Molina, y la concejal de Obras y la número cuatro de la lista socialista, María del Carmen Garfia, continuó ayer con las testificales claves del que fuera interventor municipal y del arquitecto del Ayuntamiento desde hace 25 años. Ambos coincidieron en señalar que en el procedimiento de redacción y ejecución del proyecto de las obras en la nave municipal que desencadenaron este proceso penal hubo «irregularidades».
Junto al alcalde, que se enfrenta a doce años de inhabilitación, se sientan el encargado de Obras del Ayuntamiento y un arquitecto externo. Los hechos se remontan a los dos últimos meses de 2016. El Ayuntamiento presupuestó una actuación en el patio de una de sus naves para acondicionar el terreno y el cerramiento con un vallado. Según declaró Garfia, tapiar un patio para evitar que siguiera siendo un «estercolero». Contaba con una partida de más de cien mil euros, lo que impedía por su cuantía efectuar su tramitación como contratos menores. Pero Garfia, con conocimiento del alcalde, y el encargado de Obras municipal, decidieron fasear el proyecto y el fraccionamiento del contrato en cinco fases, según la Fiscalía.
Según dijeron Molina, Garfia y el técnico municipal al juez, esto fue una decisión del interventor municipal.Ayer éste aseguró nunca decidió nada sino que asesoró a éstos de cómo podían hacerlo, pero siguiendo los parámetros tasados. Una actuación se puede fasear en proyectos independientes siempre y cuando existe un proyecto general o matriz, que no fue este caso, donde existieron «omisiones esenciales» del procedimiento administrativo.
El interventor indicó que todo el proyecto a nivel técnico lo llevó Manuel F. V., el encargado de obras, a pesar de no tener competencias para informar o supervisar proyectos, capacidades de la Oficina Técnica, y a nivel político, la concejal. El interventor, cuando conoció este proyecto a finales de noviembre y principios de diciembre, les dijo a Garfia y Manuel F. V. que era imposible la realización del mismo del 31 de diciembre, pero lo hicieron saltándose a la Oficina Técnica.
Hubo irregularidades por problemas «urbanístico, de fraccionamiento y de precios». Si se hubiese supervisado por la Oficina Técnica, se hubiese solventado esos problemas. «No se siguió el procedimiento establecido pese a mis advertencias», pero lo que desencadena «el desastre» es que la obra empieza cuando no tenía que empezar, dijo el interventor. El juicio terminará después de las elecciones.
Hubo «irregularidades» por problemas de ordenación urbanística, precios y de fraccionamientos