El Constitucional rectifica y aplaza su decisión sobre Griñán a después del 28M
▸ Señala que se trataba de una propuesta de carácter interno y apunta a una filtración
sector de la construcción y a actividades complementarias, como el mobiliario «y en otras actividades que van desde el mobiliario hasta la puesta en uso de la vivienda adquirida. Todo ello genera puestos de trabajo directos e indirectos, pero, además, significa también un retorno alas arcas públicas por los impuestos y tasas que gravan la actividad».
Antes de aprobarse este decreto, la consejera explicó que se ha trabajado «codo con codo» con analistas y la Federación de Promotores de Andalucía (Fadeco), y que se ha sondeado además a las entidades financieras. «Todo este intenso trabajo ha dado su fruto y nos permite anunciar esta aprobación de este decreto ley, que viene a modificar, en primer lugar, el Decreto Ley 26/2021, de 14 de diciembre para que los receptores tengan hasta 35 años y opten a su primera vivienda», señaló.
Sobre si estas ayudas son complementarias a las anunciadas por el Gobierno central, Díaz respondió que «cree que sí», aunque afeó que no se conozca aún el detalle la medida ‘vendida’ por el Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional ha dado un paso atrás y ha decidido posponer su decisión sobre la admisión del recurso de José Antonio Griñán y de otros condenados por el caso de los ERE a después de las elecciones del próximo 28 de mayo.
Según ha podido saber ABC de fuentes del órgano de garantías, aunque inicialmente estaba previsto este trámite en el orden del día de la Sala Segunda, se trataba de una «propuesta interna» previa a la publicación del orden del día definitivo, por lo que no podía considerarse todavía un documento válido. El Tribunal considera inoportuno abordar un asunto de semejante calado en vísperas de las elecciones y lamenta el revuelo que ha generado lo que califica de «filtración».
De esta forma, en el nuevo orden del día de las reuniones de las salas primera y segunda así como en el del Pleno de la próxima semana no hay ni rastro ya de los ERE. Y es que junto con el recurso de Griñán, sobre cuyo ingreso en prisión tiene que decidir esta misma semana la Audiencia de Sevilla, la Sala Segunda tenía previsto abordar los planteados por el también expresidente de la Junta Manuel Chaves, y los de los exconsejeros Magdalena Álvarez y Antonio Fernández. En el caso de Griñán y de Fernández ambos habían pedido la suspensión de la condena impuesta.
La ponente de todos estos recursos es la magistrada Inmaculada Montalbán, sobre la que recayó el primero en registrarse en el Tribunal Constitucional, el impulsado por Magdalena Álvarez el pasado mes de noviembre, bajo la presidencia de Pedro González-Trevijano. Montalbán ya había hecho una propuesta favorable a la admisión de estos recursos en el seno de su sección, pero al no haber unanimidad para admitirlos (Laura Díaz se mostró, como
En el órgano de garantías reconocen que es inoportuno abordar un asunto de este calado en vísperas de las elecciones
ella, a favor, y César Tolosa, en contra) es ahora la Sala la que tiene que estudiarlos y debatirlos.
Estas semanas de atrás el TC ya estaba agrupando los recursos de los ERE por razón de su conexidad, que es lo que se hace cuando se trata de recursos que afectan a una misma sentencia, en este caso la del Tribunal Supremo que confirmó la de la Audiencia Provincial de Sevilla. La perspectiva inicial era analizarlos y resolverlos todos de una vez en función de las similitudes que entre ellos presentan, como sucedió con los del ‘procés’. Son, en total, doce.
De estos cuatro primeros, sólo Fernández y Griñán están condenados a penas de prisión. El primero, exconsejero de Empleo, lo fue a siete años por malversación. El segundo, a seis. Fernández los lleva cumpliendo desde el 2 de enero, que fue cuando ingresó en la cárcel. Griñán, por su parte, está a la espera de una cita este jueves con la forense, cuyas conclusiones serán decisivas para la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. Las sesiones de radioterapia que los médicos le habían prescrito para tratar un cáncer de próstata ya han finalizado y ahora tendría que realizar «ejercicios rehabilitadores», que en principio no serían irreconciliables con la vida carcelaria, según se desprende del informe que los servicios sanitarios el centro penitenciario de Sevilla remitieron en marzo a la Audiencia, atendiendo así una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.
«Son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada, de modo que se procede a sus consultas de revisión por dichos especialistas con la periodicidad que se estima necesaria por los mismos», indicó la prisión.
La barrera de los 5 años
Griñán no tiene ni mucho menos ganada la batalla de la suspensión de la pena que solicita en el seno del TC, pues el órgano de garantías acostumbra a rechazar esta petición cuando las condenas superan los cinco años de prisión, como es su caso. Considera que la frontera de los cinco años de prisión es la que establece el legislador entre las penas graves y las más graves. Fue la postura que mantuvo con Iñaki Urdangarin, condenado a cinco años y diez meses, y la que, en sentido contrario, mantuvo con los acusados del «asalto» a Blanquerna, en su caso sentenciados a cuatro años.