Las empresas españolas serán las que más cotizaciones paguen
▸ El IEE advierte de que las cuotas alcanzarán el 10,7% del PIB, el nivel más alto de la OCDE
van a mejorar notablemente. Hemos avanzado en horarios, productividad y en el régimen de trabajo», aseguró Ricardo Aguirre, responsable de Seguridad Social en CSIF. Eso sí, añade que «estaremos vigilantes sobre el desarrollo de este acuerdo».
Como ha venido informando ABC, la atención al ciudadano en la Seguridad Social está en sus horas más bajas, lo que llegó a provocar un toque de atención del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, al ministro José Luis Escrivá para que «resuelva las demoras en la concesión de citas» y «se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención».
Ola de descontento
La situación ha generado una ola de descontento, que se refleja en el alud de quejas puestas en esta administración. Durante la pandemia se han triplicado las protestas de los ciudadanos, y el año pasado crecieron un 42%, según documentos internos del organismo público publicados por ABC. De las 934 registradas en 2020 se ha pasado a 2.966 a finales de 2022, ejercicio en el que los centros de atención telefónica y telemática de la Seguridad Social no pudieron atender casi cuatro millones de llamadas.
El organismo que dirige Escrivá ha perdido casi el 22% de sus efectivos en una década, entre los que se cuentan algunos de los que decidieron adelantar su marcha gracias a la subida del 8,5% que este año se ha aplicado a la nómina de los jubilados. Aquellos que dudaban si dar el paso, lo han dado y gracias a esa alza histórica han esquivado las penalizaciones por adelantar el retiro.
En diez años la plantilla ha pasado de 36.000 a 26.000 y hoy la edad media es de 60 años. Hay 10.000 trabajadores menos, pero el trabajo se ha multiplicado para estos funcionarios, encargados de gestionar y administrar todas las prestaciones del sistema, entre ellas casi diez millones de pensiones contributivas y decenas de subsidios y ayudas, además del ingreso mínimo vital.
La mayor parte de los ingresos extraordinarios que el Gobierno prevé amarrar con la subida de cotizaciones planteada en la segunda pata de la reforma de pensiones para corregir el desequilibrio presupuestario de la Seguridad Social correrá a cargo de las empresas. A esta conclusión, a la que se han aproximado la totalidad de los académicos que han puesto negro sobre blanco sus conclusiones acerca del impacto económico y presupuestario de las medidas aprobadas, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) le pone cifra. Calcula que el 87% de la recaudación extra recaerá sobre las cuotas que abonen los empleadores, lo que supondrá que en cuanto terminen de desplegarse las medidas las empresas estará pagando cotizaciones sociales por valor de 10,7 puntos porcentuales del PIB (150.000 millones de euros) allá por mitad de siglo.
La senda de aumento de costes laborales que se produce principalmente por la ampliación del 0,6% al 1,2% el mecanismo de equidad intergeneracional hasta 2050, el aumento progresivo de la base máxima de cotización un 37% más de lo que suba por el IPC, la cuota de solidaridad de hasta el 7% del salario para los sueldos que rebasen la base máxima, y la nueva configuración del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, tendrá un impacto positivo en las cuentas de la Seguridad Social de entre 0,9 puntos y 1,3 puntos de PIB en ingresos, según las estimaciones de los expertos
Datos 2021
Rep. Eslovaca Italia Bélgica Finlandia Austria Alemania Letonia Portugal Suecia Japón Eslovenia Grecia Noruega 10,7 10,4 10,4 10,1 10,0 9,5
9,0
7,7
7,3
7,2
7,1
7,0
6,4
6,4
6,2
5,9
5,8
5,6
5,6
5,3
4,9
4,7
4,5
4,3
3,9
3,7
3,1
3,1
2,6
2,0 y las emitidas recientemente por la Autoridad Fiscal.
«Con la reforma aprobada, la subida del tipo efectivo de cotizaciones sociales afectará a todos los trabajadores ocupados, no sólo a quienes tengan mayores salarios», apunta el IEE en el informe ‘La subida de las cotizaciones sociales. Análisis y consecuencias de la economía española’ presentado ayer. Recuerda el documento estos conceptos implicará un aumento de costes que rondará, en ausencia de pero no sería sensato descalificarlo únicamente por quien lo firma, entre otras razones porque lo hace el colectivo que va a pagar el roto que se abre.
El Gobierno ha planteado una reforma que se enmarca perfectamente dentro del grupo de las medidas de ‘contento social’, ya que la inmensa mayoría del coste de la misma recae sobre las espaldas de los empleadores, a quienes, por si fuera poco, se encarga la totalidad de las exigencias de creación de empleo y otra buena parte de la provisión de ingresos, a través del endurecimiento de toda una larga lista de impuestos. Tan solo por eso, ya merecería la pena detenerse en su contenido y tomarse la molestia de analizarlo, antes de emitir descalificaciones generales.
El IEE afirma que la reforma es insuficiente, a pesar de la fuerte subida de las cotizaciones que nos sitúa en cabeza del ranking en Europa pero que, lejos de corregir los desequilibrios, los agranda. Para llegar a esa conclusión recuerda que la Aimedidas complementarias, entre 25.000 y 40.000 millones de euros «en los escenarios más adversos».
El ‘think tank’ de la CEOE recuerda en este punto que respecto al PIB las cotizaciones en España ya son 2,6 puntos porcentuales superiores a la media de los países de la eurozona y 4,7 puntos porcentuales más que la media de la OCDE. De este modo, el 10,7% del PIB en concepto de cotizaciones situará a las empresas españolas como las que más paguen de la OCDE y de la UE.
Pérdida de competitividad
Entre los problemas que entraña esta subida de cotizaciones más allá de la implicación económica para los empleadores, que en cierta medida será trasladada al tejido productivo ya que se prevé una pérdida de 190.000 puestos de trabajo cuatro años después del despliegue de medidas por el aumento de cargas sobre el empleo, está el hecho de que los sueldos altos pagarán dos tercios del aumento de recaudación previsto por esta vía.
Hacer recaer sobre los trabajadores más cualificados buena parte del esfuerzo extraordinario planteado puede causar un problema de base que acabe en una pérdida de competitividad sin precedente.
«Las subidas de cotizaciones afectan muy negativamente a la competitividad y al crecimiento potencial a largo plazo, en cuanto que se desincentiva la inversión en formación, aumenta la movilidad de estos trabajadores con mayor talento hacia países con menor imposición, al tiempo que puede frenar la entrada de los inmigrantes con mayor potencial de productividad», señala el IEE, que recuerda cómo en estimaciones de la Autoridad Fiscal los sueldos de más de 80.000 pasarán de tener una retención del 52% actual (entre cotizaciones e IRPF) al 63% tras la reforma.