Una inversión de 180 millones de euros hasta 2026
Visiblemente satisfecha, la consejera de Salud, Catalina García, compareció ayer en el Parlamento andaluz para explicar que el pacto por la Atención Primaria supondrá una inversión por parte del Gobierno andaluz de unos 180 millones de euros. No se gastarán de inmediato. El acuerdo supone la entrada en vigor de las medidas de forma progresiva de modo que ese dinero habrá de emplearse hasta el año 2026. Ese es el «marco temporal del pacto», según detalló García. la consejera señaló, además, que el acuerdo «beneficia a los profesionales pero también a los ciudadanos porque supone incorporar más personal y sanitarios al Servicio Andaluz de Salud». Esas nuevas plantillas se suman, añadió, a los más de 5.000 profesionales que ha sumado el SAS en los últimos cuatro años, más de 500 de ellos médicos.
El pacto, que se firma de manera oficial el día 22, incluye la reducción de los cupos de pacientes por médico de familia
a 69 psicólogos así como a 21 psiquiatras y ocho enfermeras. Además, habrá cuatro trabajadores sociales y cuatro terapeutas ocupacionales más.
Acceso a las pruebas
Una cuestión que interesa mucho a los pacientes es que los médicos de familia tendrán acceso a todo el catálogo de pruebas del SAS. Además, tendrán formación en el manejo de imagen para el diagnóstico.
En cuanto a los 12.000 sanitarios contratados por el Covid, el pacto recoge que se queden hasta final de verano, cubriendo así el plan de vacaciones. Pero la consejera de Salud, Catalina García, aseguró ayer que la prórroga será, al menos, hasta final de este año.
Por parte de los sindicatos, desde CCOO se aseguró que este pacto «consigue mejoras importantes en el funcionamiento de nuestro servicio sanitario y para los trabajadores». UGT indicó que «se cumplen los objetivos establecidos desde un principio, como la eliminación de la posibilidad de cualquier tipo de privatización de la atención primaria, un acuerdo global que mejorará este nivel asistencial y todas sus categorías, así como la accesibilidad de los pacientes a los centros». Por parte de CSIF-A se subrayó que el acuerdo «incorpora muchas de las propuestas que hemos llevado a las mesas» y la retirada en la orden de tarificación, una de sus «líneas rojas», al igual que se señaló desde el sindicato de Enfermería Satse, que valoró «el talante negociador de la Administración sanitaria».