Escrivá pacifica a los funcionarios de la Seguridad Social, pero incendia a los graduados sociales
▸ Está exigiendo al colectivo, de forma descontrolada, datos de empresas que ya tiene la Administración
El ministro Escrivá cerraba el martes un pacto con los sindicatos que evitaba una huelga en la Seguridad para protestar por la deficiente atención al ciudadano y para exigir más plantilla. Con este acuerdo el gestor de las pensiones zanjaba un conflicto enquistado y lograba la paz social con los funcionarios, pero no con todos los colectivos que colaboran con su departamento, en concreto con los graduados sociales, más de 20.000 trabajadores que asesora, representa y gestiona en temas sociales, laborales, de Seguridad Social y empleo a entidades, empresas y trabajadores.
Estos se quejan del aumento de la carga de trabajo, de que la Tesorería General de la Seguridad Social les está reclamando información exprés que ya obra en poder de la Administración y que tendrían que gestionar los funcionarios, y de que los boletines del sistema electrónico de noticias Red se están publicando los viernes a mediodía, «lo que supone que tengamos que dedicar parte de nuestro tiempo de descanso a leer, analizar y comprender un boletín de noticias, que debemos aplicar el lunes siguiente». Así figura en una carta enviada por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Ricardo Gabaldón, a los graduados sociales colegiados a la que ha tenido acceso ABC.
En la misiva, Gabaldón recuerda que tras la publicación del real decreto por el que se modifica el reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, la Tesorería ha creado dos bases de datos: la de empresas colectivas y la de personas vinculadas a esas empresas.
Asegura que la norma establece la obligación de los autónomos que cotizan en el régimen propio de la Seguridad Social (RETA) de comunicar sus datos antes del 31 de octubre de 2023. Y al respecto avisa de que la creación de las dos unidades y la obligación para los trabajadores por cuenta propia supone «un aumento de la carga de trabajo para nuestro colectivo». «En muchos casos, la Tesorería está solicitando información que ya obra en su poder o incluso de otras administraciones públicas, como la Agencia Tributaria», dice.
No es la única queja, el colectivo también protesta porque los boletines de noticias Red, el servicio electrónico de contacto directo de la Tesorería con empresas y autónomos, «se están publicando los viernes a partir del mediodía, lo que supone que tengamos que dedicar parte de nuestro tiempo de descanso a leer, analizar y comprender noticias que tenemos que aplicar el lunes siguiente», dice Gabaldón en la carta a los graduados. Añade que, además, en las últimas semanas se ha producido una duplicidad en las notificaciones que reciben. Por un lado, llegan de la Tesorería, a través de sus sistema propio de comunicación (Notes) y, al mismo tiempo, el profesional recibe esa comunicación por correo electrónico desde el sistema de notificaciones de la Administración. (Dehu).
Aumento «desenfrenado»
Desde que estalló la pandemia, los graduados, una figura clave en las relaciones laborales, trabaja a toda máquina y así lo refleja la carta del presidente del Consejo. «Desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2022, hemos venido sufriendo un aumento vertiginoso y desenfrenado de nuestra carga de trabajo, que vulnera nuestro derecho al descanso a la desconexión digital», dice. Y para trasladar ese malestar al Ministerio de Seguridad Social, Ricardo Gabaldón ha pedido varias reuniones urgentes con los responsables de la Tesorería sin ningún éxito. Si el colectivo sigue sin tener respuesta ya avanza que «analizaremos las medidas que se puedan adoptar para que nuestras peticiones sean aceptadas».
Al ministro le viene encima otro problema si no atiende a este colectivo, como lo ha hecho con los funcionarios de la Seguridad Social por el caos en las oficinas de atención a los ciudadanos, que el ministro sigue negando, pese a sellar un pacto con CSIF y CC.OO. que aumenta en 3.525 personas la plantilla.
«Han cogido ustedes cuatro carteles atrasados de la pandemia, donde todo era cita previa, y la realidad es que una de cada cuatro personas que se atienden en las oficinas son sin cita previa», contestaba ayer el ministro en la sesión de control al Gobierno a preguntas del diputado del PP Jaime Olano sobre la crisis del organismo. Escrivá se ratificó en sus acusaciones a los populares de propagar «bulos monumentales».
«Acudan los españoles por favor a la web de la Seguridad Social. Infórmense de verdad de cómo funciona realmente. Es una vergüenza», indicó tras insistir en que no es necesario pedir cita previa pese a que la página web del organismo siempre lo ha exigido como paso previo a ser atendido.
«¿Cuál es el umbral, señor Escrivá, de incompetencia a partir del cual usted se plantea renunciar al cargo? ¿El mismo que la señora Montero y su ley del ‘sí es sí’?» dijo Olano. Y prosiguió: «¿Le parece aceptable que tan solo en dos años se hayan multiplicado por tres las quejas de los ciudadanos por el servicio en la Seguridad Social? ¿Le parece aceptable que el Defensor del Pueblo acredite que la Seguridad Social, y cito textualmente, ofrece un servicio público ineficaz y de una calidad incómoda con los derechos de un ciudadano de la UE?», le preguntó el diputado del PP.
«Sigue negando usted el colapso que los ciudadanos viven día a día. Y la soberbia le hace insultar a todo el que le lleve la contraria», replicó Olano al ministro, que negó que las mutuas estén revisando los expediente de más de 260.000 autónomos que recibieron ayudas en la pandemia, pese a que esa revisión está en marcha y de que su ministerio fue informado en dos cartas fechadas el 24 y el 28 de abril.
El presidente del Consejo General ha pedido varias reuniones urgentes con el ministerio sin recibir respuesta