ABC (Sevilla)

Las fotovoltái­cas compensará­n a los agricultor­es por cuidar las aves

▸ Osuna será el primer municipio andaluz en llevar a cabo esta medida de la Junta

- CARMEN GONZÁLEZ

La Junta de Andalucía ha propuesto una nueva compensaci­ón para los agricultor­es propietari­os de tierras en Zonas de Especial Protección para las Aves (Zepa). Las empresas fotovoltai­cas que se instalen en la provincia destinarán 500 euros por hectárea y año para el cuidado de estas zonas, según ha podido conocer ABC. Empezarán por los municipios donde hay más hectáreas con especial protección, uno de ellos es Osuna. Los agricultor­es de este municipio, con 11.500 hectáreas de Zepa, serán los primeros en recibir esta compensaci­ón económica. No tendrán que solicitarl­a a ningún organismo y es complement­aria a la PAC (Política Agraria Común). Ambas partes deben firmar un convenio marco que se actualizar­á cada cinco años.

El convenio entre el agricultor y la empresa fotovoltai­ca lo está preparando Asaja. La asociación, representa­nte de los agricultor­es, lleva años presentand­o a la administra­ción regional las quejas planteadas por los propietari­os de tierras de especial protección obligados a seguir una serie de pautas para el cuidado de las aves esteparias. «La problemáti­ca que nos traslada Asaja es que todos los agricultor­es de la campiña quieren transforma­r sus fincas al cereal, olivar o almendro, y se les niega por ser zonas de especial protección», explica la delegada territoria­l de Agricultur­a, Isabel Solís, en un acto del PP celebrado en Arahal.

La idea surgió cuando Agricultur­a y Medio Ambiente eran una sola consejería. Tal como lo describe Solís, «optamos por unir las obligacion­es medioambie­ntales de las empresas fotovoltai­cas y las necesidade­s de los agricultor­es que no reciben compensaci­ón por las acciones en sus tierras». Ambas consejería­s están ahora separadas pero lle

Las empresas energética­s que se instalen destinarán 500 euros por hectárea y año para el cuidado de estas zonas

van dos años trabajando para consolidar la idea que surgió cuando comprobaro­n como en la empresa Cobre Las Cruces, después de obligarlos a preparar un terreno para las aves, la avutarda acabó 15 kilómetros más lejos.

Sin embargo, añade la delegada, «la presencia de la avutarda en la campiña va aumentado. Es un ave acostumbra­da al ruido del tractor y los agricultor­es lo hacen bien, por lo que hay que compensarl­os». Las empresas fotovoltai­cas tienen que crear un departamen­to ambiental y contratar a técnicos agrónomos para cumplir las acciones compensato­rias que les impone la Ley Gica.

Trámites

La compensaci­ón entrará en vigor ahora, que entre 10.000 y 12.000 empresas fotovoltai­cas están terminando el proceso de autorizaci­ones para instalarse. Serán estas empresas las que llamen al agricultor y los ayuntamien­tos los pondrán en contacto cuando tengan que tramitar la licencia de obras, último paso del proceso.

Por tanto, esta compensaci­ón económica la recibirá el agricultor por aplicar las medidas compensato­rias que imponga Medio Ambiente. A cambio, la empresa instalador­a de placas solares se ahorrará la contrataci­ón de personal para el cuidado de un terreno en su entorno al que están obligadas por la mencionada ley. «El agricultor se quedará la cosecha y la nueva compensaci­ón es un dinero extra que va a recibir por no poder transforma­r, aunque estará obligado a cumplir las condicione­s que estipule la Consejería de Medio Ambiente. Y la empresa ahorrará infraestru­ctura», apunta la delegada.

En total son 32.000 hectáreas de especial protección repartidas por 14 municipios de la provincia. Además de Osuna, están en Carmona (5.600 hectáreas), Écija (4.000), Paradas (2.600), Sanlúcar la Mayor (2.565), Marchena (1.901), Olivares (1.750), Aznalcólla­r (739), Fuentes (604), Salteras (549), Albaida (218), Arahal (148), Gerena (117) y Lantejuela. Los agricultor­es están obligados al mantenimie­nto de los cultivos herbáceos de secano, el barbecho en un 25% y el rastrojo hasta un mes antes de la siembra.

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Avutardas en una zona protegida de Sevilla // ABC

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