La investigación policial y judicial neutraliza el fraude en Melilla
▸ Apenas un millar de vecinos, de los 11.700 que lo solicitaron, votarán por correo
Las medidas policiales y judiciales adoptadas en Melilla han conseguido neutralizar el posible fraude electoral detectado en la ciudad autónoma. Según las fuentes consultadas por ABC, las medidas tomadas han hecho que el peso del voto por correo en el resultado de estas elecciones vaya a ser mínimo. El jueves, último día para solicitar el voto por correo, un total de 11.707 personas lo habían pedido en Melilla. Ayer a las 12.00 horas sólo habían ejecutado y presentado ese voto por correo para la ciudad autónoma 921 personas, un 7,8% de las solicitudes. Es importante recordar, además, que quien haya optado por esta modalidad el día 28 no podrá votar en mesa.
La clave para que se haya llegado a esta situación son las sucesivas órdenes de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla y las medidas adoptadas por la Policía. Hace diez días la instructora ordenó identificar y citar a declarar a todos aquellos ciudadanos que llevasen más de dos votos a cualquier oficina de Correos. Además, la Policía comenzó a custodiar esas dependencias y también el puerto y aeropuerto y a escoltar a los carteros, que habían sufrido varios asaltos cuyo objetivo era robarles documentación electoral. Días después, los encargados de la investigación pudieron convencer a la Junta Electoral de Zona de que ordenaran que se pidiera el DNI a todos aquellos que quisieran ejercer de esa forma su derecho al voto.
Sin embargo, aún quedaba un resquicio para que los organizadores de la trama pudieran conseguir su propósito, que era enviar esos votos desde oficinas de Correos situadas fuera de la ciudad autónoma. De hecho, la Policía detectó sacas en Málaga y Almería. No solo eso; también se llevaron fuera de España, en concreto, a Nador. Además, para evitar cualquier posibilidad de fraude electoral era imprescindible la actuación de la Junta Electoral Central, que por una parte debía ratificar la decisión de la Junta de Zona, pero además extender la orden de presentación del DNI de aquellos que querían votar en Melilla a todas las oficinas de correos de España.
Los resultados de todo este trabajo hacen que las fuentes de la investigación consultadas por ABC consideren que se ha abortado el riesgo de fraude electoral. No obstante, aún queda por hacer la segunda parte del trabajo: desmantelar la trama que está detrás de estas actividades ilegales. Las mismas fuentes explican que al menos hay un partido implicado en estas prácticas, aunque otro puede haber actuado también aunque a mucha menor escala, por lo que es posible que no se vea afectado. La trama tenía un funcionamiento bien engrasado: una red criminal utilizaba a pequeños traficantes de hachís y otros ‘machacas’ como ‘agentes comerciales’ para recorrer puerta por puerta las barriadas más deprimidas de la ciudad y ofrecer a los vecinos una cantidad de dinero por su voto. Los que recibían la oferta, en su mayoría, tienen nulo interés por la política, pero muchas necesidades económicas, de modo que aceptaban sin dudarlo. En un principio la red pagaba 50 euros por sufragio, pero la «competencia» hizo que las cantidades llegaran hasta 200 a medida que se acercaban las elecciones.
Cuando estaba completado el proceso, el partido de turno pagaba al jefe del grupo criminal, que a su vez daba una pequeña cantidad a esos ‘agentes comerciales’. El montante económico de la operación se sitúa en unos 900.000 euros, según los cálculos de los investigadores, que destacan que es un precio asumible para un partido que controle las instituciones de una ciudad que maneja un presupuesto mucho mayor que cualquier otra localidad española de su misma población.
Las investigaciones sobre la trama están avanzadas y no se descarta que en los próximos días haya resultados concretos. No obstante, en el caso de que las pesquisas sean suficientes como para hacer una operación, la juez deberá decidir si la ordena antes de que se celebren las elecciones o después. En esta segunda coyuntura, alguien podría intentar deslegitimar el resultado de los comicios, lo que no sería deseable.