Colapso total en la Audiencia: seis años para poner fecha a un juicio de los ERE
▸ La prejubilada de los que dijo que «Griñán lo sabía todo», testigo en la pieza de Surcolor
El atasco que soporta la Audiencia de Sevilla alcanza tales dimensiones que la segunda pieza separada del caso ERE que el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla envió a dicho órgano superior, allá por marzo de 2017, no empezará a juzgarse hasta el 10 de julio de 2023. Más de seis años han tenido que esperar cinco ex altos cargos de la antigua Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para sentarse frente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que va a decidir si delinquieron por la concesión de ayudas irregulares por un montante de 2,3 millones de euros a las empresas hispalenses Surcolor y
Surcolor Óptica, dedicadas a la fabricación de instrumentos de óptica y equipos fotográficos.
Mediante un auto del pasado 16 de mayo, facilitado a ABC, el tribunal ha determinado las pruebas admitidas y denegadas durante el juicio, tanto documentales como testificales y periciales. Uno de los platos fuertes será la declaración de la extrabajadora de Surcolor que en el juicio de la llamada pieza política del caso aseguró que el expresidente andaluz José Antonio Griñán estaba al tanto de las irregularidades en los ERE, acusación que el exsecretario general del PSOE andaluz siempre ha negado.
La sala ha aceptado que vuelva a declarar tras atender una petición del PP andaluz, que ejerce la acusación popular. Durante el juicio del procedimiento específico celebrado en 2018 –por el que Griñán fue condenado a
El tribunal decidirá previamente si son excluidos tres ex altos cargos ya condenados por el sistema ilegal de ayudas
seis años de prisión por otra sala que aún debe decidir sobre su ingreso–, Manuela Hurtado, como se llama esta antigua empleada de Surcolor, testificó que a raíz de los impagos que sufrió en su póliza de prejubilación se enteró de que la estaba financiando la Administración autonómica. Relató que por esta razón se puso en contacto por carta con el expresidente de la Junta, quien le respondió que «tenía la agenda muy apretada y no nos podía atender», pero, a su juicio, éste «lo sabía todo, todo, todo». En esta pieza figuran como acusados cinco exaltos cargos socialistas: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá; los exdirectores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Guerrero ha sido excluido «al ser notorio que falleció en Sevilla el 11 de octubre de 2020», según recoge el auto.
Audiencia previa
La Sección Tercera ha fijado una audiencia preliminar para los días 10 y 11 de julio y la vista oral empezaría el 11 de septiembre y concluiría el 20 de noviembre, «con posibilidad de prolongación para el resto de sesiones conforme al calendario» establecido en septiembre de 2021, que estableció hasta 35 jornadas de juicio. En dicha audiencia preliminar se citará a las partes para decidir si el exconsejero Fernández, el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá y el exdirector de Trabajo Juan Márquez, son juzgados en esta pieza del caso ERE, cuando ya fueron sentenciados y condenados por el «procedimiento específico» mediante el cual fue canalizada la financiación pública de los despidos.
Quienes no se van a librar del banquillo son el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, el presunto ‘testaferro’ Juan Francisco Algarín, los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, un abogado, dos ‘intrusos’ - uno de ellos concuñado de Antonio Rivas-, dos responsables de Surcolor y un delegado de CCOO. La Fiscalía pide ocho años de prisión para Fernández, Barberá, Rivas, el ‘conseguidor’ de los ERE Juan Lanzas y el presunto testaferro Juan Francisco Algarín.