El futuro del Pissarro del Thyssen, aplazado una vez más
CAE EN MANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE CALIFORNIA
El futuro de ‘Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia’, de Camille Pissarro, que se disputan el Museo ThyssenBornemisza y la familia del dueño original del cuadro, tardará un tiempo en resolverse. La batalla legal entre los herederos de Lilly Cassirer y la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza se ha alargado durante 23 años y se extenderá más: un tribunal de apelación federal de EE.UU. decidió este lunes despejar una vez más la resolución del asunto y decidió consultar la cuestión principal del caso –qué legislación debe aplicar, si la de España o la de California, para decidir la propiedad del cuadro– al Tribunal Supremo de California.
La propiedad del cuadro se disputa desde 2005, cuando Claude Cassirer, nieto de Lilly Cassirer, y otros herederos exigieron su restitución, después de haberlo visto en las paredes del Thyssen en una visita a Madrid en 1999. La obra fue robada por los nazis a Lilly Cassirer, aunque después el Estado alemán compensó a la familia en 1958 con el precio justo del cuadro.
La Justicia estadounidense dio la razón a la española –que había fallado ya a favor del Thyssen–, al decir que había que aplicar la ley española. Pero los Cassirer recurrieron y el asunto llegó el año pasado al Tribunal Supremo de EE.UU., que les otorgó una victoria y estableció que la norma procesal que se debe aplicar es la de California.
La decisión del Supremo estableció que el tribunal federal inferior debería decidir si esa legislación procesal establece que la ley sobre propiedad robada que aplica en el caso es la española (el cuadro se quedaría en España) o la de California (regresaría a manos de los Cassirer).
El tribunal del Noveno Circuito de EE.UU., formado por tres jueces, escuchó a las partes el pasado mes de diciembre. Cinco meses después, defiende que el asunto «supone ramificaciones importantes y no resueltas de política pública» y pide al Supremo de California que lo resuelva.
No ha sido una decisión unánime. Dos de los jueces defendieron derivar el asunto al Supremo estatal, mientras que el tercero, Carlos Bea, disintió y defendió en una opinión particular que la legislación que debe aplicar es la española. «Es un retraso innecesario. La respuesta es obvia», asegura Bea.