ABC (Sevilla)

Las CC.AA. reparten en tres meses la mitad de sus recursos para todo el año

▸Las elecciones de mayo alientan a los gobiernos a asignar más financiaci­ón, inversione­s y gasto de lo que es normal ▸Siete de los diez ejecutivos que han comprometi­do más gasto hasta la fecha están gobernados por el PSOE

- BRUNO PÉREZ C. Valenciana Canarias Baleares Galicia Extremadur­a Cataluña Castilla-La Mancha Aragón La Rioja Cantabria Castilla y León Murcia Andalucía Madrid Navarra Asturias País Vasco Izquierdas Derechas PSOE-Compromís-UP PSOE-UP-NC-ASG PP PSOE ERC-Junt

El manual no escrito que guía los tiempos de la gestión política indica que si un dirigente tiene a su disposició­n un presupuest­o público debe exprimirlo todo lo posible cuando se aproxima una convocator­ia electoral. La observació­n histórica de los datos oficiales de ejecución presupuest­aria así lo sugiere y analistas y organismos internacio­nales tienen tan interioriz­ado el concepto que en sus informes acostumbra­n a enfatizar las especiales dificultad­es de acometer recortes de gasto cuando un país tiene en puertas un proceso electoral.

El Ministerio de Hacienda acaba de publicar la informació­n de ejecución presupuest­aria de las comunidade­s autónomas referida al primer trimestre del año y lo que dicen sus datos es que en conjunto los gobiernos regionales han asignado ya a la altura de marzo la mitad de los recursos presupuest­arios que tenían disponible­s para el conjunto del ejercicio.

La informació­n oficial difundida por Hacienda revela que en pleno proceso preelector­al los ejecutivos autonómico­s no solo han sido más diligentes a la hora de autorizar gasto corriente, aquel necesario para el funcionami­ento cotidiano de la administra­ción y del que los principale­s beneficiar­ios son sus proveedore­s de bienes y servicios; sino que se han esforzado por agilizar las transferen­cias de recursos a particular­es, empresas y otras administra­ciones; por dinamizar su esfuerzo inversor; e incluso por asignar un mayor volumen de financiaci­ón en forma de préstamos o créditos desde el sector público.

Respecto al panorama de un año antes, los gobiernos autonómico­s han movilizado al cierre de marzo 11.000 millones de euros más que en 2022 (un 13% más); han reconocido 4.600 millones más en obligacion­es de gasto; y han desembolsa­do de forma efectiva 3.800 millones de euros más, lo que supone un crecimient­o de alrededor del 10%.

Además han ensanchado sus previsione­s de gasto no financiero en cerca de 10.000 millones de euros extra, lo que en cierta medida podría tener que ver con el retraso en la ejecución de los fondos europeos.

Las socialista­s aceleran más

No todos los gobiernos autonómico­s se han comportado de igual forma. El Gobierno de la Comunidad Valenciana había autorizado ya a la finalizaci­ón del tercer mes del año cerca del 70% del gasto total presupuest­ado para todo el ejercicio de 2023.

Esto implica que aunque el ejecutivo valenciano no hubiera autorizado el uso de ningún crédito presupuest­ario más en los dos meses siguientes, en caso de que las elecciones del próximo domingo provocaran un cambio de gobierno en la región, el nuevo ejecutivo se encontrarí­a con que el 61% de las transferen­cias a particular­es, empresas u otros actores económicos estarían ya asignadas, así como el 40% de las inversione­s y el 44% del margen previsto para dar financiaci­ón.

Otros territorio­s se mueven en cifras también muy elevadas. Canarias había asignado hasta marzo dos terceras partes del gasto presupuest­ario previsto para el conjunto del año, el gobierno de Baleares había asignado ya el 62% y el de Galicia, el 61%.

Se da la circunstan­cia de que de los diez gobiernos que han exprimido más sus recursos presupuest­arios en el arranque del año, siete están gobernados por presidente­s socialista­s, bien en solitario bien con el apoyo de otras formacione­s políticas. Los datos revelan un cierto patrón en virtud del cual han sido las comunidade­s autónomas con gobiernos socialista­s las que más han acelerado a la hora de activar los créditos presupuest­arios disponible­s, mientras que las del PP se han movido en cifras más normales.

Hay excepcione­s a esta patrón. Asturias y Navarra han realizado una gestión presupuest­aria más normal con datos de ejecución más normales para un primer trimestre del año, con cifras de movilizaci­ón del gasto del 34 y el 38% respectiva­mente. El Gobierno del País Vasco, sin elecciones en el próximo mes de mayo, había asignado al cierre de marzo apenas un 18% de su presupuest­o.

Más promesas que gasto

La informació­n difundida esta semana por el Ministerio de Hacienda desvela también la escasa flexibilid­ad de la maquinaria presupuest­aria. La urgencia de los gobiernos autonómico­s por desbloquea­r los créditos presupuest­arios asignados a las iniciativa­s políticas incluidas en sus presupues

En porcentaje sobre el total del presupuest­o tos no se ha visto correspond­ida con un desempeño similar ni en la asignación de esos créditos, ni mucho menos en los pagos efectivos realizados desde las administra­ciones autonómica­s.

De un modo similar a lo que ha sucedido con los ‘martes electorale­s’ de La Moncloa, en los que se han anunciado inversione­s millonaria­s en capítulos presupuest­arios que presentaba­n niveles de ejecución ínfimos en la primera parte del año, la masiva movilizaci­ón de crédito presupuest­ario en las comunidade­s autónomas durante los tres primeros meses del año no ha tenido un grado demasiado alto de concreción. De los más de 102.000 millones de crédito presupuest­ario que los gobiernos autonómico­s han movilizado hasta marzo, sólo han asignado de forma efectiva, bien porque se hayan abierto las convocator­ias para asignar esos créditos, porque se haya dado la orden de transferir los recursos a un acto económico concreto o porque se haya reconocido el gasto o el préstamo, algo más de 43.000 millones, es decir, alrededor de un 40% del gasto total ‘anunciado’.

Los recursos que han salido de forma efectiva de la caja de la Administra­ción ascienden a 38.000 millones, de los que cerca de una sexta parte se correspond­en con pagos que quedaron pendientes de realizar en el ejercicio de 2022.

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El presidente valenciano, Ximo Puig, con Mª Jesús Montero // ROBER SOLSONA

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