Igualdad urge a contratar médicos que hagan abortos en hospitales públicos
▸ La sanidad catalana es la que más interrupciones asume, pero todas recurren a la privada
Más medidas para que las mujeres puedan abortar en la sanidad pública y médicos no objetores en todos los hospitales del sistema de salud. Igualdad lanzó ayer esta doble petición a las comunidades autónomas con el propósito de que se garantice a las embarazadas que puedan interrumpir si lo desean su gestación sin que ello les suponga un coste y sin tener que desplazarse a otros territorios. «El principal avance de la nueva ley es la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y cerca del domicilio de las mujeres», precisa el ministerio que dirige Irene Montero en la misiva que envió a las comunidades, en la que reclama a las autonomías que ejecuten «urgentemente» todas las medidas que contempla la norma y hace hincapié en la puesta en marcha de un registro de profesionales objetores.
El ministerio que encabeza Montero envió por error esta carta a las consejerías de Igualdad de las comunidades autónomas, en lugar de a las de Sanidad, que son las que tienen competencias en la materia. Así, varias comunidades explicaron ayer a ABC que en los próximos días responderán a la carta de la ministra para trasladarle que no son estas consejerías las que tienen que poner en marcha estas medidas al no tener la potestad para hacerlo. El presidente de Castilla y León,
Alfonso Fernández Mañueco, respondió ayer a Montero manifestando su rechazo: «En Castilla y León sabemos cómo hay que gestionar la sanidad pública porque estamos entre los mejores sistemas de España. No nos va a dar lecciones ni Sánchez, ni sus ministras, que vienen a insultar, a despreciar y a atacar a Castilla y León».
En cinco comunidades
Actualmente, no todas las comunidades autónomas disponen de los recursos necesarios para practicar abortos en la sanidad pública. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2021 cinco comunidades (Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura) notificaron que ninguna interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se había llevado a cabo en centros públicos. Cataluña, en cambio, lleva la delantera. Cuando se aprobó, en 2010, la ley del aborto, conocida como ley de plazos, que lo despenalizó durante las primeras 14 semanas de gestación en España, las autoridades sanitarias autonómicas anunciaron entonces su firme compromiso de convertir el aborto en un «derecho sanitario» en esta comunidad. Las cifras de estos últimos años, que constatan que las intervenciones financiadas con fondos públicos en Cataluña han crecido exponencialmente, demuestran que la Generalitat ha avanzado con paso firme en su objetivo de canalizar los abortos a la red sanitaria pública en detrimento de la privada, que las concentró durante décadas.
En 2021, el último año del que se dispone de cifras oficiales, abortaron en España un total de 90.189 mujeres. Una de cada cinco (un total de 18.741) lo hizo en Cataluña, con una tasa de 13,45 IVE por cada 1.000 mujeres. Le siguen Madrid (con una tasa del 11,90 de IVE por cada 1.000 mujeres), Baleares (11,56), Asturias (11,50), Murcia (11,46) y Andalucía (11,18). Por contra, Ceuta y Melilla (1,79), Galicia (5,37) y La Rioja (6,17) son los territorios que ofrecen las proporciones más bajas.
En el conjunto de España, solo un 15,5 por ciento de los abortos de 2021 se resolvieron en centros y hospitales públicos. De las 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo, solo 14.125 se llevaron a cabo en la sanidad pública. Y de los 210 centros que notificaron haber realizado alguna intervención, 124 eran públicos. La mayoría se sitúan en Cataluña, pues de los 83 centros donde se llevaron a cabo interrupciones voluntarias del embarazo en la comunidad, 68 eran públicos. Según los últimos datos globales que maneja la Generalitat, consultados por ABC, el 79,9 por ciento de los abortos registrados en esta comunidad se hicieron con financiación pública, frente al 20,1 por ciento que se realizaron en centros exclusivamente privados. En 2020, la proporción fue del 75,4 por ciento y del 24,6 por ciento, respectivamente.