UN PSOE SIN RESPUESTAS
La inacción por parte de la dirección de Ferraz y del presidente del Gobierno sólo puede interpretarse como una imprudente dejación de sus responsabilidades
EN las últimas horas se han hecho públicos varios casos de supuestos fraudes electorales vinculados directamente con el Partido Socialista. En Mojácar (Almería), siete personas han sido detenidas por la Guardia Civil. Entre ellas, figuran el número dos y el cinco de la lista electoral por el PSOE. Dos exalcaldes de Huévar del Aljarafe (Sevilla) están siendo investigados por una causa semejante aunque los votos, en esta ocasión, se habrían comprado a través de favores y concesiones. La actividad de estos dos antiguos ediles podría ser constitutiva de al menos tres delitos: prevaricación, fraude electoral y malversación. En la localidad murciana de Albudeite, se ha detenido a la candidata a la alcaldía, Dolores Peñalver, al número seis de su lista, Héctor Antonio Martínez, y al 17 de la lista que presenta el PSOE a la Asamblea de Murcia, Jorge Arce, porque existen indicios de que podrían haberse beneficiado de una trama de compra de votos por correo a personas en riesgo de exclusión. Esta sucesión de posibles delitos acontece, además, pocos días después del escándalo de los votos por correo en la ciudad de Melilla, lo que abunda en la natural inquietud por parte de los ciudadanos.
Hasta el momento, no ha existido ninguna respuesta por parte del Partido Socialista ante lo que esperamos sean prácticas aisladas. Sin embargo, la yuxtaposición de tantas tramas semejantes y en tan pocas horas requeriría una reacción mucho más rotunda. La confianza en las instituciones y en los procesos democráticos es un pilar fundamental de nuestro pacto
SIGUEN ACUMULÁNDOSE LAS OBJECIONES A LA LEY DE PARIDAD
Se siguen conociendo las objeciones de los órganos constitucionales y otras instituciones sobre el proyecto de Ley de Representación Paritaria cuyo contenido adelantó en exclusiva ABC y que fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros. A los reproches del Consejo de Estado, que la considera «excesiva», de «dudosa aplicación» e «inconstitucional» en algunos aspecsocial por lo que la inacción por parte de la dirección de Ferraz y del presidente del Gobierno sólo puede interpretarse, al menos, como una imprudente dejación de sus responsabilidades. En más de cuarenta años de democracia no habíamos asistido a una colección de escándalos locales semejante y al descrédito al que estas prácticas delictivas someten a nuestro sistema de elección de representantes puede ser muy difícil de revertir. Desafortunadamente, las elecciones del próximo 28 de mayo se celebrarán en una circunstancia insólita en la que podría cundir una grave sensación de desconfianza. Nuestro sistema electoral es solvente y seguro y los resultados electorales están protegidos por una amplia cobertura de garantías. Sin embargo, es de una temeridad injustificable el que ante la colección de casos de presunto fraude en pequeños municipios no haya habido una respuesta política a la altura de la gravedad de los hechos. Máxime, cuando en paralelo se están desvelando otras tramas dentro del partido socialista tan graves como la investigación en curso del secretario de Organización del PSOE de Andalucía por el secuestro de una concejal de Maracena (Granada), o la detención del número dos del partido en Santa Cruz de Tenerife por un delito de lesiones.
Una lectura magnánimamente generosa de todos estos hechos podría plantear que se trata de acontecimientos aislados e inconexos. Sin embargo, el que en un lapso tan corto de tiempo se hayan hecho públicos todos estos escándalos induce a pensar de forma justificada que el partido en el poder se encuentra o bien fuera de control o, al menos, en un régimen de vigilancia insuficiente por parte de sus responsables. A la desastrosa planificación de una campaña desgraciada desde su origen, el Partido Socialista afronta ahora una crisis reputacional ante la que, inexplicablemente, sus máximos responsables han decidido guardar silencio. tos, se suma el informe del CGPJ que considera que la norma es inaplicable de plano en el Consejo Fiscal, ya que sus miembros son elegidos «mediante voto personal, igual, directo y secreto» a partir de «listas abiertas y combinables». También cuestionan su aplicación en el Tribunal Constitucional. Aunque el organismo valora positivamente la iniciativa legal, sus cuestionamientos apuntan al meollo del conflicto que se plantea entre el concepto de representación paritaria, que supone una igualdad matemática, y el respeto a la voluntad democrática que resulta desvirtuada por la imposición de estas equivalencias.