La documentación intervenida confirma el fraude para favorecer al PSOE
▸ El pago no se hacía efectivo hasta que el vendedor depositaba su voto en Correos
de Djs en establecimientos que no disponen de licencia de local musical. Se llegó a crear una plataforma de ‘disc jockeys’ para reivindicar su trabajo como referentes del ocio de Mojácar.
Cano gobierna desde 2007 en la localidad bajo las siglas del PP. Apenas 550 votos le dieron la vara de mando en 2019: 1.692 del PP frente a los 1.145 obtenidos por el PSOE. Con estas cuentas cada voto es importante.
«Como se presentan las elecciones del 28M aquí, si te has gastado 40.000 euros en 200 votos pueden estar bien invertidos porque pueden influir en quién alcanza la mayoría absoluta que está en siete concejales y dejar al otro partido en seis ediles», afirma el encargado de un negocio, que tampoco quiere que se sepa su identidad.
En Mojácar están expectantes con su futuro este domingo. El PP congregó esta noche a cientos de vecinos para animarlos a que participen, vayan a las urnas y les den su apoyo. El joven Francisco García, también empresario, pretende tomar el relevo a Cano, que en estos comicios ha dado un paso atrás, ya jubilada; se queda en el número dos para respaldar al nuevo candidato.
La documentación intervenida en los registros practicados a lo largo del miércoles en la localidad de Mojácar (Almería) confirma los indicios de fraude electoral, según las fuentes de la investigación consultadas por ABC. Se habrían incautado resguardos y otros documentos relacionados con el sufragio que, a cambio de unos 100 euros, se trataba de inclinar en favor del PSOE municipal. Se estiman en 200 los votos afectados.
La operación, realizada por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción, se ha desarrollado en las últimas semanas en absoluto sigilo y se precipitó ayer porque ayer finalizaba el plazo para presentar el voto por correo. Se trataba de impedir que se materializase el delito, ya que, según explican en fuentes del caso, había personas ya captadas que aún no habían llegado a materializar la votación.
En este caso, y a diferencia de lo sucedido en Melilla, no había intermediarios que compraban el voto y se llevaban físicamente el sobre con la papeleta a una oficina de correos. Era el ciudadano, en su mayoría de origen extranjero –magrebíes y latinoamericanos con derecho a voto, con manifiesta desafección por la política local y problemas económicos– el que después de pactar las condiciones y una vez recibida la documentación, depositaba su voto.
Al votante se le embaucaba no sólo ofreciendo cantidades de dinero que rondarían los cien euros, sino también la posibilidad de contar con apoyo si la lista resultaba elegida. Esa persona pedía el voto por correo y una vez llegaba la documentación a su casa, introducía la papeleta pactada y era acompañado por una persona de la trama a presentar el voto.
El pago se producía a la salida de la oficina, una vez completado el sufragio, y los compradores hacían cierto proselitismo: al que accedía le invitaban a correr la voz entre sus allegados. Fue así como el asunto acabó llegando a oídos de la Guardia Civil.
Se da así una diferencia fundamental con la situación en la ciudad autónoma, donde el fraude electoral que se investiga en favor de CpM conllevaba que un intermediario recogía varias papeletas y las presentaba de golpe. En Mojácar, la exigencia –no prevista por la ley pero impuesta en Melilla por la Junta Electoral al hilo de las denuncias– de presentar el DNI para ejercer el voto por correo no habría frenado el problema.
Las detenciones por cuenta de la Guardia Civil fueron siete, dos de ellas de candidatos del PSOE en Mojácar: el número dos Francisco Bartolomé Flores, a quien el partido suspendió sobre la marcha de militancia; y el número cinco, Cristóbal Vizcaíno González, que no tiene carné socialista. Uno de ellos quedó anoche en libertad; el resto pasará a disposición judicial.