El recargo al IBI del Gobierno apenas alcanza al 10% de las viviendas vacías
▸Solo 222 municipios españoles castigan fiscalmente la tenencia de inmuebles desocupados, un tercio en Barcelona ▸La nueva ley de vivienda permitirá triplicar esta penalización fiscal desde el 50% actual hasta el 150%
La nueva ley de vivienda entra hoy en vigor, tras su publicación ayer en el BOE. La norma estrella de la legislatura del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos establecerá una serie de medidas obligatorias a nivel estatal como la limitación a la subida anual de las rentas del alquiler, pero dejará algunas de sus disposiciones más importantes a juicio de comunidades y ayuntamientos. Una de ellas será el nuevo recargo sobre el IBI de las viviendas vacías, que hasta ahora permitía a los ayuntamientos elevar hasta un 50% la cuota líquida del impuesto y que a partir de hoy podrá llegar incluso hasta el 150% en caso de inmuebles desocupados durante más de tres años.
La penalización fiscal agravada introducida por el Gobierno sobre las viviendas desocupadas aspira a incrementar la oferta de pisos de alquiler en el mercado, por la vía de castigar la acumulación de inmuebles sin un uso específico, que se acostumbra a vincular a motivaciones especulativas.
Algunos expertos, como el socio director de Práctica Tributaria de la firma Ideo Legal, Jesús Rodríguez Márquez, ya han advertido de que la experiencia hasta la fecha de este recargo, que se introdujo por primera vez en la reforma de 2002 de la ley reguladora de las haciendas locales, apunta a que las administraciones tributarias municipales, incluso las de ciudades de gran tamaño, tienen dificultades a la hora de gestionarlo y, sobre todo, de acreditar la situación de desocupación continuada de una vivienda.
Tal vez por esas dificultades de gestión este recargo ha tenido un desarrollo limitado hasta ahora. Según los últimos datos sobre las ordenanzas fiscales municipales publicados por el Ministerio de Hacienda, apenas 222 municipios tiene regulado este recargo y las viviendas vacías ubicadas en los mismos no llegarían a representar ni el 10% del total de casas desocupadas registradas en España, según la última referencia oficial de viviendas vacías publicada en su día por el INE.
Eficacia limitada
La información recientemente actualizada por Hacienda revela que el recargo se aplica solo en una decena de capitales: Barcelona, Albacete, Cáceres, Córdoba, La Coruña, Santiago de Compostela, Logroño, Segovia, Sevilla y Zaragoza.
Tomando como referencia el porcentaje de viviendas vacías detectado en estas localidades por el INE en 2011 (algo más de 200.000) y la cifra total de inmuebles desocupados que se atribuye a España, que supera ligeramente los tres millones, el universo de inmuebles deshabitados expuestos al recargo fiscal en el IBI ni siquiera alcanzaría al 10% del parque inmobiliario sin ocupar de España.
El aumento de la preocupación por la vivienda y singularmente por la falta de oferta disponible de inmuebles a precios asequibles para jóvenes o familias en situación de vulnerabilidad no ha impulsado la aplicación de esta figura en los últimos años. Si en 2008 la cifra de municipios que aplicaban el recargo era de 175, principalmente en zonas turísticas del arco mediterráneo; y en 2013, justo después de la crisis y con las arcas de los ayuntamiento ávidas de nuevos recursos, había aumentado hasta los 100; en 2022, casi una década después, la cifra solo ha avanzado hasta los 222.
Es más, desde 2018, cuando la posibilidad de una reforma gubernamental que incrementara la penalización fiscal sobre las viviendas vacías se ha hecho más probable, la cifra apenas ha avanzado desde los 215 hasta los 222. En ese periodo, 17 municipios, entre ellos Badalona, Almuñécar, Logroño o Talavera, regularon el recargo, mientras que una decena lo desactivaron. Una tercera parte del total de municipios que aplican esta figura están en la provincia de Barcelona, única zona de toda España donde parece que ha tenido éxito. Un indicador de que el recargo en el IBI no se ve como la solución al problema de la eventual especulación con la vivienda es que casi ningún municipio de los que el INE identificó como los que tenían un mayor porcentaje de inmuebles desocupados lo ha utilizado para forzar a ponerlos en el mercado.
Esperanza en la fiscalidad
Sin embargo, el Gobierno confía en que el endurecimiento del recargo fiscal en el IBI consiga una mayor efectividad y que la mayor magnitud del castigo anime a los consistorios a aplicarla y a los propietarios a poner su casa en alquiler. Ese es el objetivo, «que tenga un mayor efecto en la optimización del uso del parque edificatorio residencial y refuerce el instrumento de los ayuntamientos para hacer frente a situaciones de vivienda desocupada a través de la fiscalidad», como se remarca en la redacción de la norma.
Estos sobreprecios seguirán siendo del 50% de la cuota líquida del impuesto cuando se trate de un inmueble desocupado con carácter permanente, de forma continuada y sin causa justificada durante un periodo superior a dos años, siempre y cuando dicho inmueble pertenezca a titulares de cuatro o más viviendas de uso residencial. La intención es que sea un penalización a fondos y grandes propietarios a los que una parte del Gobierno ha acusado en repetidas ocasiones de ser los causantes de las tensiones de oferta en algunas capitales.
Ahora, si el ayuntamiento de turno regula el recargo estos propietarios tendrán que pagar hasta el doble por el IBI si el periodo de desocupación de la vivienda supera los tres años.
Pero el castigo podrá ir más allá, ya que se ha regulado la posibilidad de añadir un 50% adicional cuando los pisos vacíos pertenezcan a titulares que tengan dos o más inmuebles de uso residencial en el mismo término municipal. Estos propietarios podrían llegar a pagar un recargo del 150% si no ponen sus pisos en el mercado.
Los recargos estarán modulados en función del tiempo que lleve vacía la vivienda y el número de inmuebles del propietario
misos y bajas mejores. Por algo es necesario realizar los exámenes de las OPE en los polideportivos más imponentes y en las instalaciones públicas con mayor aforo. Y, a pesar de crecer y ser más caro, seguimos sin conocer su auténtica necesidad y su verdadera utilidad, porque siempre se niegan a realizar el más leve análisis de coste-beneficio. No se trata de reducir el gasto social por el mero hecho de reducirlo, se trata de saber si podríamos hacer lo mismo con un coste menor o más con el mismo. Pero nunca hay tiempo para hacerlo, porque nadie tiene interés en hacerlo.
Y, además de grande, se hace omnipresente y se entromete más y más en la vida de personas y empresas. Este Gobierno ha avanzado muchísimo en el control, o al menos en el deseo de controlar las decisiones de los ciuda