Hacienda activa la incorporación de 781 funcionarios para calmar a Trabajo
▸ CSIF tilda la medida de «miserable» y mantiene la huelga para el 26 de junio
El Gobierno ha comunicado a la Inspección de Trabajo que activará de forma inmediata un primer paquete de medidas para tratar de amainar la tensión provocada en las últimas horas por la negativa inicial de María Jesús Montero de reforzar la plantilla y mejorar sus condiciones, lo que ha llevado a los sindicatos a convocar una huelga de carácter indefinido a partir del próximo 26 de junio.
El Ministerio de Hacienda ofrece activar de forma inmediata la incorporación de 781 trabajadores, entre inspectores y subinspectores, dentro del plan de refuerzo que ya se venía negociando con los sindicatos. Además, se autoriza también para 2023 el pago del plus por productividad, que tendrá un coste de 6 millones de euros, además de iniciar los trabajos para la configuración de la próxima oferta pública de empleo con la que se espera dar un nuevo empujón a la plantilla del organismo.
El plan de Hacienda ha encendido a Trabajo y generado un «profundo malestar». El gabinete dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz, acusa a Hacienda de incumplir un acuerdo con los sindicatos que habría supuesto la incorporación de casi 800 profesionales más a la Inspección y un cambio, a mejor, en la estructura del organismo.
Compromiso
Con este movimiento, el Gobierno trata de mostrar el compromiso de refuerzo de los recursos humanos de la Administración en sus diferentes niveles si bien reconoce que un esfuerzo mayor en términos de contratación puede llevar algo más de tiempo al tratarse de una oposición. «La convocatoria saldrá en las próximas fechas», señalan las fuentes consultadas por ABC.
En esta misma línea se pronunció el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y añadió que esta negociación para fijar los términos del refuerzo «es un proceso entre los representantes de la Inspección de Trabajo y Trabajo, que es el ministerio responsable». Añadió que «hay que dejar tiempo a la negociación», que «a veces tienes este tipo de ruidos en procesos negociadores que se amplifican mucho».
Con todo, el paquete de medidas que incluye las 781 contrataciones se completa con la autorización de los 6 millones de euros para el plus de productividad extraordinaria. Esta mejora retributiva se sumará a la subida salarial acordada a finales del pasado ejercicio por la cual las nóminas de los funcionarios aumentarán un 2,5% este año –pudiendo llegar a alcanzarse una subida salarial del 9,8% en tres años si se cumplen las condiciones para los extras incluidos en el plan de revalorización–.
Rechazo de los sindicatos
Pese a la reacción del Ministerio de Hacienda, desde el principal sindicato de la Función Pública, CSIF, las medidas no han caído con buen pie, que mantiene la huelga indefinida a partir del próximo 26 de junio y exige al Gobierno que tome medidas decididas para resolver el problema.
Miguel Ángel Montero, responsable de CSIF de la Inspección de Trabajo, explicaba a la salida de la reunión mantenida ayer con el gabinete de la ministra María Jesús Montero, que fue la Secretaría de Estado de Empleo la que comunicó en la reunión del miércoles que Hacienda «no quiere implementar las medidas acordadas en el año 2022 para reforzar el sistema de la Inspección de Trabajo». Recuerdan en este sentido que sólo 3.000 trabajadores están encargados en España de garantizar los derechos laborales de todos los ciudadanos y Hacienda ha hecho «una oferta ridícula, indigna y miserable que evidentemente no aceptamos».
«Tenemos que reconocer que el Ministerio de Trabajo nos ha apoyado pero nos dicen que esto ya no depende de ellos, sino el Gobierno. Toda la culpa y la responsabilidad es del Ministerio de Hacienda, dígase del ala socialista del Ejecutivo», aseveraba. Cree CSIF que de esta forma la Inspección de Trabajo se reafirma en la necesidad de la convocatoria de medidas de presión que se están implementando y que llevarán, si no hay cambio de postura de Hacienda, a la huelga indefinida a partir del 26 de junio. «No podemos tener una Inspección en servicios mínimos constantes», concluyó.