ABC (Sevilla)

El Tribunal de Londres obliga a España a pagar indemnizac­iones por las renovables

▸ Los afectados podrían recuperar 120 millones de la compensaci­ón prevista del Prestige

- JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO

El Tribunal Superior de Londres ha dictaminad­o que el Gobierno español no puede esconderse detrás de argumentos de «inmunidad estatal» para evitar pagar la deuda de 120 millones de euros a Antin por el laudo arbitral que condenó al Estado a indemnizar a esos inversores extranjero­s por los drásticos recortes llevados a cabo por el Ejecutivo de Rajoy entre 2012 y 2014 sobre la rentabilid­ad prevista de las plantas renovables en nuestro país, según ha confirmado ABC.

La Corte ha rechazado totalmente y en una sentencia histórica la intención de España de basarse en la jurisprude­ncia europea para triunfar sobre sus obligacion­es del Tratado Internacio­nal, subrayan fuentes del caso.

La Abogacía del Estado puede apelar a instancias superiores, por lo que podría tardar aún varios meses en quedar resuelto.

El fallo sienta un precedente importante, «proporcion­ando a los inversores una ruta para poder embargar activos del Estado español para satisfacer sus deudas pendientes«, según las citadas fuentes.

Hay que recordar que nuestro país acumula unos impagos de más de 1.250 millones de euros en una decena de laudos arbitrales internacio­nales. De hecho, España es el segundo país del mundo con más deudas por arbitrajes, por detrás de Venezuela y por delante de Rusia.

La decisión responde al juicio que durante cuatro días se celebró en marzo en el Tribunal Superior de Londres, en el que se escuchó la solicitud del Gobierno español para desestimar las reclamacio­nes de Antin (grupos Infrastruc­ture Services Luxembourg S.A.R.L y Energia Termsolar B.V.), que construyer­on en Granada, en 2008, la planta solar Andasol.

Embargos

El Tribunal Superior de Londres emitió previament­e una orden provisiona­l que permite a Antin embargar 120 millones de euros de la indemnizac­ión de 925 millones de euros que reclama el Estado español a The London SteamShip por el derrame de petróleo del Prestige en 2003.

Hace poco más de un mes, el mismo tribunal decretódo tres órdenes provisiona­les de pago que, en caso de no ser resarcidas por el Estado español, otorgaría a Blasket Renewable Investment­s LL –otros inversores afectados– la garantía de ejecutar la propiedad de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como de la sede de la Agencia per a la Competitiv­itat de L’Empresa, ‘embajada’ comercial de la Generalita­t de Cataluña. Además, dictó la congelació­n de las cuentas bancarias controlada­s por el Instituto Cervantes que están en el banco Santander.

Nick Cherryman, socio del bufete de abogados Kobre & Kim que lleva el caso, y que compareció en la audiencia judicial en Londres, comentó que «esta es una decisión histórica. Espa

España es el segundo país del mundo, tras Venezuela y por delante de Rusia, que más impagos acumula por laudos arbitrales

ña ha fracasado en sus últimos intentos de eludir su legal responsabi­lidad de pagar a nuestros clientes la deuda que se les debe. La sentencia confirma que el Gobierno español no puede invocar la inmunidad soberana como forma de subvertir sus obligacion­es en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Convenio del Ciadi. La sentencia elimina un obstáculo creado por España para una mayor aplicación contra los activos de España en todo el mundo».

Y añade que «nuestros clientes esperan que España opte ahora por respetar la decisión del Tribunal, cumplir con el Estado de derecho y pagar a en Ucrania, que ha impactado de forma singular sobre las empresas europeas, y la acentuació­n de las políticas proteccion­istas de China y Estados Unidos en medio de una guerra comercial sin precedente­s desde el inicio de la globalizac­ión han erosionado la posición de las empresas europeas, que reclaman ahora una respuesta por parte de la Comisión Europea a estos desafíos.

Plantean una verdadera agenda europea por la competitiv­idad, que parta de la reducción de las cargas regulatori­as, cuya exigencia lastra a la industria europea frente a la de otras regiones del mundo; que configure un mercado interior más resiliente y sostenible; que consolide un entorno econuestro­s clientes y a otros inversores en energías renovables lo que se les debe desde hace mucho tiempo. La decisión del Tribunal Superior de Londres tendrá eco en todo el mundo, se dirige a un número de cuestiones clave de relevancia de los profesiona­les y especialis­tas en arbitraje internacio­nal especialis­tas en ejecución».

El Tribunal Supremo de Australia también rechazó recienteme­nte los intentos de España de invocar la inmunidad estatal para evitar que los laudos Antin embarguen bienes del Estado español, como activos del grupo de construcci­ón naval público Navantia, que tiene una importante presencia en aquel continente.

«La negativa de España a pagar estos laudos arbitrales definitivo­s y vinculante­s viola el derecho internacio­nal, además de socavar sus ambiciones de atraer inversión extranjera y la internacio­nalización de España», según las citadas fuentes. nómico y fiscal estable que favorezca la inversión; y que garantice el suficiente impulso a los 14 ecosistema­s empresaria­les definidos como esenciales por la Comisión Europea. CEOE pretende defender en este caso la industria del transporte y la movilidad, el comercio y el turismo.

En la hoja de ruta hacia la recuperaci­ón de la competitiv­idad asoma la apuesta europea por la autonomía estratégic­a, que aspira a que la UE pueda autoabaste­cer sus necesidade­s básicas en industria, bienes y servicios en caso de un ‘shock global’ como el que se produjo con la pandemia, que puso de manifiesto la debilidad de la industria europea a la hora de proveerse de material sanitario.

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Estación de energía solar Andasol, cerca de Guadix // REUTERS
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Antonio Garamendi // EP

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