Andalucía retoma la propuesta de un pacto por el Estrecho como el que se firmó en 2018
▸ Antonio Sanz tiende la mano para un acuerdo integral con medidas sociales y de seguridad
El mismo día en el que el PP, con su mayoría absoluta en el Senado, aprobaba la reprobación al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; en el Parlamento andaluz, el Gobierno autonómico lanzó una oferta de acuerdo el Gobierno de España: iniciar un programa de trabajo conjunto para consensuar un plan integral que aborde el problema del narcotráfico en el Estrecho desde una perspectiva integral y con participación de todas las administraciones. La medida rescata el espíritu de la propuesta lanzada en 2018 por la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que desembocó en un marco de colaboración entre ambas instituciones que se cerró ya después de la moción de censura con Pedro Sánchez. Este acuerdo, con un bajo nivel de ejecución, incorporó entre otras medidas la creación de la unidad especializada OCON de la Guardia Civil, que fue disuelta finalmente en 2022.
Fue el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, quien compareció ayer ante el Parlamento en un salón de plenos con presencia de instituciones como el Ayuntamiento de Barbate y los principales sindicatos y agrupaciones profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad. En esta ocasión no pidió la dimisión del ministro del Interior, sino que trasladó una propuesta de acuerdo que incluye retome elementos de la «vía Doñana».
La propuesta de Antonio Sanz incorporaba medidas concretas. En primer lugar un plan integral «que ofrezca soluciones globales a un problema que tiene que ver también con el empleo y con las políticas sociales». En segundo lugar, Sanz pidió la declaración de toda la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad en materia de seguridad, una medida que permitiría una mejor dotación de recursos y de personal. Como tercera medida, solicitó un refuerzo de los recursos de embarcaciones para la Guardia Civil en el Estrecho y específicamente la recuperación de la unidad especializada disuelta en 2022 para trabajar de forma más contundente contra el narcotráfico.
También pidió que se apruebe la consideración de profesión de riesgo de policías y guardias civiles y que en el puerto de Barbate se instale una base marítima de la Guardia Civil y una base de Vigilancia Aduanera. Por último, solicitó que la Audiencia Nacional asuma la investigación de los delitos de narcotráfico y la convocatoria de una junta de seguridad en la que esté presente el Ayuntamiento de Barbate.
La Junta pide instalar una base marítima de la Guardia Civil en el puerto de Barbate y la declaración de profesiones de riesgo
El consejero de Presidencia incide en que el Ministerio debe declarar la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad