El PP se querella contra el fiscal general porque el ascenso de Delgado fue «un pago de favores»
▸ Le imputa prevaricación por promover a su exjefa a la Fiscalía Militar e invoca la sentencia que vio desviación de poder
Casi un mes después de anunciarla, el Partido Popular ha presentado ante el Tribunal Supremo la querella en la que imputa al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, un delito de prevaricación por el ascenso a primera categoría de su exjefa y antecesora en el cargo, Dolores Delgado.
En el escrito, fechado el pasado día 6 y al que ha tenido acceso ABC, los populares aseguran que García Ortiz antepuso su criterio «personal, arbitrario y caprichoso» cuando en septiembre de 2022 promovió a Delgado a la jefatura de la Fiscalía Togada del Supremo. Este nombramiento fue anulado en noviembre por la Sala Tercera del Alto Tribunal, que apreció una «desviación de poder visible e innegable». Resuelto el asunto por la vía contencioso-administrativa, el PP quiere que la jurisdicción penal también se pronuncie.
Para explicar el interés personal del fiscal general en premiar a Delgado, el PP recuerda que fue la propia exministra socialista la que, siendo máxima representante del Ministerio Público, le ascendió a él a primera categoría nombrándole jefe de la Secretaría Técnica, un cargo desde el que posteriormente, tras el cese de Delgado por motivos de salud, García Ortiz pasaría a dirigir la Fiscalía General del Estado.
La «amistad manifiesta» que les une desde hace años «se ha materializado en un intercambio continuo de favores que ha beneficiado a ambas partes y a sus correspondientes carreras profesionales», apunta el PP. «Estando el querellado al frente de la Fiscalía General del Estado, tocaba pagar los favores recibidos. Para ello, en cumplimiento, a buen seguro, de promesas anteriormente hechas, el querellado se empecina en proponer al Gobierno la promoción de su anterior jefa a la condición de fiscal de Sala», reza el escrito, aunque eso implicara orillar criterios estrictamente técnicos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad formulados por el Consejo Fiscal, que apoyó por mayoría para la jefatura de la Fiscalía Militar del Supremo a Luis Rueda.
Los populares recuerdan que fue el propio García Ortiz el que, en el Consejo Fiscal en el que se vio este nombramiento, reconoció que promovía este ascenso «porque era fiscal general» y porque la exministra socialista «se lo merecía». Pagó así «con un cargo público los favores recibidos de Delgado hasta llegar a ser nombrado fiscal general, siendo una candidata que reunía objetivamente menores merecimientos que el otro miembro de la carrera fiscal» que optaba a esa plaza. Para la formación de Feijóo, tales hechos constituyen actos de corrupción en el uso de la prerrogativas que le corresponden como fiscal general y que están tipificados en el artículo 404 del Código Penal.
En su escrito, el PP incluye la sentencia de la Sala Tercera del Supremo que anuló del nombramiento de Delgado y también el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que declaró no idóneo al fiscal general. Sobre la primera dice que, «aun cuando se trate de un pronunciamiento dictado en el orden contencioso-administrativo, no por ello deja de tener una enorme trascendencia a la hora de calificar penalmente los hechos que en él subyacen, por ser íntegramente coincidentes» con los que sirven de base a esta querella, cuya ponencia ha recaído en el presidente de la Sala, Manuel Marchena.
«Esto lo resuelvo yo»
El PP reproduce así las expresiones vertidas por García Ortiz en el Consejo Fiscal en el que promovió el ascenso de Delgado y lo injusto que le parecía que su exjefa pasara de ser fiscal general a ser una fiscal rasa que no gozara de esa primera categoría. «Pero, ¿de verdad nos creemos que no debemos dar esta salida a nuestra fiscal general del Estado? (...) Yo lo tengo muy claro: esta cuestión la tengo que resolver. Y la tengo que resolver como honestamente creo, la dignidad de la función de fiscal general del Estado lo mínimo que merece es el máximo reconocimiento de la carrera, lo mínimo. Y para nosotros, el máximo reconocimiento profesional es ser fiscal de Sala. Y a la persona que merece, que tiene los méritos, la capacitación, la especialidad, si lo queréis llamar así, para ser el fiscal de Sala de la Togada, démosle lo que se merece. Lo tengo tan claro que en el momento de la toma de posesión alguien me preguntó: ‘¿Cuándo las vas a hacer fiscal de Sala?’ En la primera oportunidad que tenga, sin ningún tipo de dudas».
García Ortiz reconoció a continuación que no le movía «el afecto, ni la pasión ni las deudas» que tenía, «y muchas», con la anterior general, sino «un deber institucional». A juicio del PP, esas expresiones no hacen sino corroborar que la relación que tenía con Delgado le debía haber llevado a abstenerse de esa votación, en la que el otro candidato, Luis Rueda, obtuvo seis de los once votos emitidos.
«Es cierto que el informe del Consejo Fiscal es preceptivo pero de naturaleza no vinculante, pero no es menos cierto que para apartarse del informe de un órgano consultivo es requerido un cierto esfuerzo argumentativo» que no se dio, apunta el PP. Y que García Ortiz «se limitó a imponer su criterio sin mayor argumentación que la referencia a su relación con Delgado y unos méritos ajenos a la jurisdicción militar que no hacían que su candidatura superara a la de Rueda». Por ello, para los populares en el ámbito penal es fundamental corroborar que la propuesta de Delgado fue un «acto arbitrario» con el que quiso suplir una «laguna».