La Comisión Europea avisa de que la ley borra delitos tipificados como terrorismo
▸ Bruselas ha enviado también su análisis al órgano consultivo del Consejo de Europa
me «avala» la norma: «Animo a que el PP haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía», ironizó.
También es contundente la Comisión de Venecia en su respaldo a los tribunales españoles, a los que los independentistas conminan a no obstaculizar su aplicación. «En cuanto a la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, el dictamen señala que las amnistías tienen por efecto anular o impedir las decisiones y los procedimientos judiciales. En opinión de la Comisión, para ser coherente con el principio de separación de poderes, se debe confiar al Poder Judicial la decisión de si personas específicas cumplen los criterios generales determinados por el Parlamento para aplicar la amnistía», explica uno de los cambios. Pilar del informe que se publicará el lunes y que marcará la senda de los tribunales europeos cuando deban decidir sobre la norma.
La Comisión Europea también ha elaborado un informe exhaustivo sobre la ley de amnistía en el que analiza su compatibilidad con el derecho europeo. El informe, que no se ha hecho público todavía, ya ha sido enviado sin embargo a la Comisión de Venecia y en él se hace al menos una seria advertencia sobre las discrepancias entre las disposiciones comunitarias en materia de lucha contra el terrorismo y el contenido de esta norma pactada por el Gobierno de Pedro Sánchez con el prófugo Carles Puigdemont. Para la Comisión Europea, la ley de amnistía incluye perdonar delitos que en la legislación de la UE se consideran como acciones terroristas. Las mismas que pesan sobre varios secesionistas en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, empezando por el propio Puigdemont.
La mención al texto de la Comisión Europea aparece entre las enmiendas que se le han hecho al borrador del informe de la Comisión de Venecia y que se conocieron ayer en paralelo a los debates en la sesión plenaria –la redacción final del texto definitivo se publicará formalmente el lunes, después de que se lleven a cabo los trabajos de traducción– y da la impresión de que esa referencia probablemente no se hubiera querido difundir o al menos no todavía. En todo caso, por lógica, si ese informe existe y ha sido enviado para ser incluido en el debate, se puede deducir que es esencialmente crítico o de otro modo Bruselas se habría abstenido.
Ahora, en el punto 92 del informe final se menciona que «la Comisión Europea ha subrayado que la actual redacción del artículo 2.c) significa que no todos los delitos tipificados como terrorismo en la directiva [EU 2017/541 para combatir el terrorismo] han sido excluidos del campo de acción de la ley de amnistía». Es decir, que Bruselas considera que pueden beneficiarse delitos que según la legislación comunitaria no pueden ser objeto de estas medidas.
Aunque la Comisión de Venecia no forma parte de la UE –sino del Consejo de Europa, que es otra institución–, la Comisión Europea sí que forma parte de la Comisión de Venecia como encargada de garantizar el cumplimiento del derecho europeo, por lo que ha participado en esta discusión enviando su propio informe sobre la ley de amnistía en España. Y esa mención que se recoge en la redacción final significa que, si el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene en cuenta el punto de vista de Bruselas tal como se recoge en el texto, estaría arriesgándose a dar argumentos al Ejecutivo comunitario para enviar la ley de amnistía a la Justicia europea.
La preocupación de la Comisión Europea ante la ley de amnistía no es algo que esté en duda. El pasado 8 de noviembre, el propio comisario de Justicia, Didier Reynders, envió una carta a Felix Bolaños, entonces solo ministro de Presidencia, para expresarle sus «serias preocupaciones» respecto a la norma, que entonces estaba en una fase embrionaria. La carta fue en sí misma un hecho muy significativo, puesto que no es frecuente que un miembro de la Comisión Europea se dirija en estos términos a un Gobierno nacional y menos para pedir información de una ley que entonces estaba apenas iniciando su proceso de tramitación.
En cuanto a la directiva europea contra el terrorismo, la descripción de las actividades que se tipifican como tal es prácticamente la misma que en el Código Penal español. Hasta ahora, Bruselas afirma que no entra en sus atribuciones pronunciarse sobre una ley que aún no ha sido aprobada. Tanto Reynders como sus portavoces han manifestado que darán su opinión cuando se publique en el BOE y entre en vigor.