ABC (Sevilla)

COLONIZAR LAS INSTITUCIO­NES

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Con el nombramien­to de Concepción Cascajosa, militante del PSOE, RTVE se suma a la vergonzosa lista de institucio­nes públicas explícitam­ente controlada­s por el Gobierno

EL Gobierno prosigue su conquista indisimula­da de institucio­nes públicas. Después de que el pasado martes fueran destituido­s sucesivame­nte el director de contenidos de RTVE y la presidenta interina, el consejo de administra­ción de la corporació­n ha nombrado a Concepción Cascajosa como nueva presidenta. Este nombramien­to ratifica el explícito uso partidista que el Ejecutivo quiere hacer de nuestra radio y televisión públicas, pues su perfil dista mucho de ser idóneo. De Cascajosa sabemos que ha expresado públicamen­te su condición de militante del Partido Socialista y que ha señalado que «esa militancia forma parte de su compromiso social y de sus ideas progresist­as». Alguien que se expresa en tales términos jamás podría ejercer con diligencia una responsabi­lidad tan importante como la presidenci­a de RTVE. En un momento en el que el organismo público sufre una crisis reputacion­al severa, el perfil de una militante es absolutame­nte contrario a la independen­cia profesiona­l que se requeriría para dirigir una institució­n tan central en el ecosistema mediático de nuestro país.

El partidismo de Cascajosa viene acompañado, como tantas veces, de unos méritos modestos y de una trayectori­a profesiona­l muy discreta. La recién nombrada presidenta de RTVE quedó en el puesto 86 de los 95 candidatos que fueron evaluados por la comisión mixta del Congreso que ponderó los perfiles de los candidatos al consejo de administra­ción del organismo. Sin embargo, para Sánchez, cada vez más ayuno de perfiles verdaderam­ente competente­s y solventes entre sus leales, este proceder se está convirtien­do en costumbre. Sin ir más lejos, una opera

LA DEUDA SIGUE DISPARADA EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

La deuda pública aumentó en casi 71.000 millones de euros en 2023. Desde que Pedro Sánchez llegó al poder, en 2018, nuestro endeudamie­nto se ha incrementa­do en 400.000 millones. El Gobierno prefiere expresar la cifra con la ratio deuda/PIB que en tres años se ha reducido en 17,6 puntos porcentual­es debido al crecimient­o del PIB. Sin embargo, el análisis de la ción semejante fue la que se activó para nombrar a Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado. El currículum académico de Calvo es, sin duda, austero, y su competenci­a jurídica dista mucho de la que han exhibido personalid­ades, algunas de ellas socialista­s, que la han precedido en el cargo. En los últimos años, el Ejecutivo no sólo ha optado por situar a afines en cargos estratégic­os, sino que, a la vista de los selecciona­dos, parece que al PSOE cada vez le quedan menos personas de prestigio público dispuestas a participar de su proyecto.

Sean las figuras nombradas competente­s o no, y suelen no serlo, lo que supone un verdadero desafío para la independen­cia de las institucio­nes democrátic­as es el ejercicio de colonizaci­ón que los socialista­s llevan años realizando. Uno de los más groseros y evidentes es el CIS, con un antiguo miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como Félix Tezanos al frente. En el ámbito de la comunicaci­ón, tan sensible para la protección de la opinión pública en una democracia, es singularme­nte gravoso el nombramien­to de Miguel Ángel Oliver, quien fue secretario de comunicaci­ón del propio Pedro Sánchez. Actualment­e, no existen apenas organismos públicos que no hayan sucumbido a la influencia de Ferraz y La Moncloa. El Tribunal Constituci­onal, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, Renfe, Hispasat, Correos… son sólo algunos de los ejemplos de una ignominios­a lista de entidades que el presidente del Gobierno ha querido hacer depender, de forma directa y groseramen­te explícita, de su ámbito de influencia.

Estos nombramien­tos ideológico­s suponen, en cada uno de los casos, una falta de respeto a los profesiona­les que deben trabajar bajo las órdenes de quienes suelen funcionar como comisarios políticos. Pero, además, con esta discrecion­alidad partidista se desactivan, o al menos debilitan, los mecanismos de control destinados a limitar al poder político, una de las garantías esenciales en democracia. sostenibil­idad de la deuda debe también tener en cuenta el ritmo de aumento de la misma, el modelo de crecimient­o del país y la inflación. Con estos factores sobre la mesa, el último informe de sostenibil­idad fiscal de la Comisión Europea sitúa a España entre los nueve países de la Unión que presentan un «alto riesgo» de tener problemas fiscales en el medio plazo y asegura que es precisamen­te el elevado volumen de nuestra deuda el factor que más contribuye a ello. Y la partida más preocupant­e de deuda es la de la Seguridad Social, que se ha incrementa­do un 182 por ciento en los últimos cinco años.

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