El SEPE corrige a Díaz: hay 150.000 fijos discontinuos que cobran el paro
La ministra ignora los datos del Servicio de Empleo y dice que son 55.300, un 87% menos de lo que dijo el año pasado
En marzo de 2023, a una pregunta del PP en el Senado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que existían 440.000 fijos discontinuos inactivos en España; hace unos días reducía drásticamente esta cifra en la misma Cámara hasta los 55.300, un 87,5% menos. Para argumentar este último dato, Díaz no recurrió a sus propias estadísticas, las del Servicio Público de Empleo, y prefirió tomar los datos más amables de la EPA que elabora el INE. Unos ‘microdatos’ en los que se incluyen los considerados inactivos, pero... ¿cuántos de ellos cobran el paro?
Este último dato lo proporciona el Servicio Público de Empleo (SEPE) y a cierre de febrero eran 149.655 los empleados con un contrato fijo discontinuo inactivo que estaban cobrando el desempleo. Esto quiere decir que al menos hay esos 149.655 fijos discontinuos inactivos que cobran una prestación contributiva por desempleo y que no están reflejados en el registro; es decir, casi tres veces más que la cifra que la ministra proporcionó en el Senado tras asegurar que ningún gobierno «desde hacía 45 años» había sido tan transparente con estos datos.
Lo que no explicó en la Cámara Alta Yolanda Díaz es que el protagonismo que ha adquirido esta figura contractual no tiene precedentes. Su crecimiento ha sido meteórico tras la reforma laboral. Los contratos indefinidos han pasado de suponer un 10% de todas las firmas anuales a representar cerca del 45% del total. Dentro de estos, el principal incremento ha sido el del fijo discontinuo, que ha pasado de suponer el 11,4 de los firmados antes de los cambios laborales a representar un 29%, casi el triple.
La polémica con este trabajo fijo intermitente persigue a la líder de Sumar; su falta de transparencia provoca que cada mes la sombra de la duda planee sobre los datos de paro y son ya varios los organismos que hablan de «maquillaje» de la estadística, y de que el paro real ya escala hasta los 3,5 millones, lo que la vicepresidenta tilda de «conceptos creativos del paro», en clara alusión a Fedea.
El recorte abrupto en las cifras de fijos discontinuos que la vicepresidenta segunda planteó en el Senado ha llevado al Grupo Popular a emprender una nueva ofensiva. En el Congreso presentará una nueva pregunta al Ejecutivo, y ya serían 14, aunque las trece primeras sin respuesta. «¿A qué causas achaca el Gobierno el extraordinario descenso (87,5%) en el número de trabajadores fijos discontinuos sin actividad en el último año?», cuestionan los populares.
Crece la desconfianza
Y en el Senado, el Grupo Popular ha presentado una moción consecuencia de una interpelación para su debate en el Pleno de la Cámara Alta, en la que se quejan de que en los últimos meses «ha crecido la desconfianza de los operadores económicos acerca de los datos de paro que facilita el Ministerio de Trabajo, en concreto los relativos a los fijos discontinuos en situación de inactividad».
En la exposición de motivos explican que «la conversión masiva» de los contratos temporales en fijos discontinuos «ha acabado por desvirtuar las estadísticas oficiales» y de que «es por ello, que prestigiosas organizaciones y entidades, pero también partidos políticos o sindicatos, han reclamado que se clarifiquen y publiquen».
La moción de los populares insta al Gobierno a promover la transparencia con las estadísticas oficiales, a presentar un informe detallado sobre la «situación real» de los fijos discontinuos y a establecer «medidas urgentes» para abordar la precariedad laboral.
Todo ello en un momento en el que el Tribunal Supremo ha dado un respiro a este colectivo después de determinar que al computar los servicios previos prestados en la Administración por estos empleados debe tenerse en cuenta todo el tiempo de relación laboral, incluidos los periodos de inactividad.
El Alto Tribunal se pronuncia en estos términos en una sentencia del pasado 6 de marzo en la que rechaza un recurso de la Agencia Tributaria contra una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en octubre de 2022 que amparó a un trabajador que solicitó que se le computara como antigüedad laboral, al adquirir la condición de funcionario, los periodos en los que no se produjo una efectiva prestación de servicios, a efectos del cómputo de trienios y de condiciones de promoción interna.
El Grupo Popular exige explicaciones a la vicepresidenta sobre las causas que han provocado el brusco descenso