Las Cortes fuerzan a Óscar López a dar cuentas del informe de Seguridad Nacional
▸ Tendrá que explicar el próximo martes las conexiones de Rusia y el secesionismo
Con casi un año de retraso, el Gobierno tendrá que dar finalmente cuenta ante las Cortes Generales del informe de Seguridad Nacional de 2022, que entre otros asuntos apunta una conexión entre Rusia y el secesionismo catalán.
El documento fue aprobado el 12 de abril del año pasado y nadie del Palacio de la Moncloa ha acudido aún al Parlamento para explicar su contenido, como exige la Ley de Seguridad Nacional. El encargado de hacerlo es Óscar López, director de gabinete de la Presidencia del Gobierno y responsable del Departamento de Seguridad Nacional.
La Comisión Mixta Congreso-Senado encargada de la materia había fijado su comparecencia para el pasado 21 de marzo, pero solo cuatro días antes el Palacio de la Moncloa comunicó que ni López ni la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado, podían acudir. Entonces, la presidenta de la comisión, la popular Ana Pastor, dirigió un escrito de amparo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, reivindicando que esa fecha había sido fijada tras mantener «sucesivos e infructuosos contactos con el Gabinete de la Presidencia del Gobierno». Y recordaba la competencia de las comisiones parlamentarias para reclamar la presencia de los
miembros del Gobierno, «constituyendo la comparecencia un deber solo excusable en caso de fuerza mayor».
Esta solicitud fue analizada ayer por la Mesa de la Cámara, donde solo el PSOE puso objeciones reclamando la búsqueda de un consenso entre el alto cargo del Ejecutivo y la comisión para fijar la fecha de su comparecencia, argumento que el PP rechazó alegando que el Gobierno es el que debe amoldarse a las peticiones del Parlamento, según fuentes parlamentarias. Y con todo ello, la comparecencia de
Óscar López quedó fijada para el próximo martes día 9.
El informe de Seguridad Nacional de 2022 aborda entre otras cuestiones la estrategia de Rusia para «manipular el discurso» y así «promover la desestabilización». En el apartado de las campañas de desinformación, apunta al aumento de actividad desde «la órbita del Kremlin» como «un riesgo para la seguridad de los Estados democráticos, en especial en contextos concretos y delicados, como por ejemplo durante procesos electorales».