LA POLITIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

El presidente Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres demuestran su falta de sensibilidad al exhibirse frívolamente en las exhumaciones de Cuelgamuros

CADA vez que Sánchez se encuentra en apuros, no duda en activar causas que considera beneficiosas para sus intereses electorales. La memoria histórica y el uso ventajista de la Guerra Civil y de la dictadura franquista es uno de sus recursos habituales. Esta semana, el intento de capitalizar el dolor de las víctimas ha aumentado cuantitativamente y el presidente del Gobierno organizó, fuera de agenda, una visita al Valle de Cuelgamuros para retratarse ‘in situ’ con los restos mortales de las exhumaciones. La frivolidad con la que Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres intentaron rentabilizar su visita generó un previsible malestar en los familiares de los asesinados que llevan aguardando más de nueve meses para poder acceder a los restos mortales de sus seres queridos. Unos restos que sólo pertenecen a sus familiares y que deben ser tratados con un pudor y un cuidado infinitamente mayores que los demostrados por nuestro presidente del Gobierno.

Todas y cada una de las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista merecen un tratamiento acorde con las políticas de verdad, justicia y reparación. La protección de la dignidad de quienes murieron violentamente en el capítulo más negro de nuestra historia reciente requiere una aproximación política que dista mucho del ventajismo que muestra el PSOE desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una norma que no sólo nacía con vocación divisiva sino que, además, ha mostrado una falta de operatividad real. Cualquier español tiene derecho a acceder a los restos mortales de sus seres queridos y todas las exhumaciones deben estar garantizadas por políticas públicas eficaces. Sin excepción. Estas medidas reparadoras, destinadas a custodiar la memoria de quienes sufrieron una violencia injustificable contrastan con el exhibicionismo moral de quienes sólo buscan alimentar la división como una fuente de legitimación.

Que el PSOE sea capaz de pactar precisamente con Bildu una ley de memoria democrática que extiende de facto la dictadura hasta el año 1983 demuestra de forma inequívoca hasta qué punto los socialistas están sirviéndose de un dolor irreparable para impulsar una agenda propia y contraria, por cierto, a los valores que dicen defender. Las premisas que emplean no solo son falaces, sino que la espectacularización de algunas de las medidas promovidas por el Partido Socialista, como la exhumación televisada de Franco, son una prueba evidente del escaso respeto que el Gobierno siente por los afectados reales. La política del muro que Sánchez reivindica y por la que será recordado es lesiva en el presente, pero resulta especialmente indecorosa cuando se proyecta hacia el pasado.

Las víctimas no son un capital electoral, sino que son personas concretas con rostro, nombres y apellidos, que sufrieron la fractura política de un país y la violencia de quienes creyeron oportuno acabar con sus adversarios. Los años 30 del pasado siglo, por cierto, no son un período al que el PSOE pueda mirar con especial orgullo, ni la trayectoria del partido de Sánchez en aquellas décadas es un ejemplo democrático. Nuestro país fue capaz de consensuar una Transición ejemplar y aún tiene por delante un largo camino que recorrer en la construcción de un marco de concordia. Que Pedro Sánchez se sirva de la memoria y de la dignidad de las víctimas de una manera tan impúdica no sólo dificulta este proyecto, sino que vuelve a alimentar una discordia divisiva y contraria a la convivencia entre españoles.