El derecho a decidir y la Feria de Sevilla

Un referéndum local es una fórmula de legitimación populista; uno de autodeterminación implica la ruptura de la soberanía

LOS sevillanos vamos a ejercer el derecho a decidir… sobre la Feria. No el de autodeterminación, que ya quisiéramos autodeterminarnos de la fiesta los vecinos del barrio que sufrimos sus consecuencias de colapso funcional, atascos de tráfico y meadas en la puerta. Tendremos que conformarnos con un pronunciamiento (digital) sobre la duración de la fiesta, como si fuéramos esos suizos que cada dos por tres celebran referendos sobre cualquier materia. Un servidor piensa votar por el formato más corto, el mismo al que el alcalde prometió volver durante la campaña sin necesidad de revestir la medida de impostada cobertura democrática. Una cobertura que con alta probabilidad resultará tan escasa como la que obtuvo la propuesta del anterior regidor para establecer la modalidad larga. En aquella oportunidad, hace ocho años, la participación no llegó al 10 por ciento, señal de que el asunto no constituía una gran preocupación ciudadana. Ahora no se acaba de ver la necesidad de una consulta cuya respuesta ya iba incluida en el programa electoral que obtuvo la confianza mayoritaria. Ay, el populismo, esa plaga. Menos mal que al Papa no le ha dado por preguntar a los fieles católicos sobre la fecha de la Semana Santa.

Pero íbamos por el derecho a decidir, ese asunto que tanto excita a los catalanes separatistas. La diferencia de esta consulta con la reclamada por Aragonès, Puigdemont y compañía reside en un pequeño detalle: una es legal y la otra está por el momento prohibida, al menos hasta que Conde Pumpido haga un truco de magia constructivista. La Constitución –que fue votada– no dice nada, menos mal, sobre la Feria de Sevilla y en cambio sí determina con mucha claridad que el pueblo español es el sujeto único de la soberanía. Si los constituyentes hubiesen querido decir una cosa distinta habrían escrito «los pueblos de España» y otro gallo cantaría. Pero el sintagma «pueblo español», que viene a ser como nuestro «we the people» ibérico, indica la totalidad de los ciudadanos como fuente explícita de los poderes del Estado. Ese concepto no hay modo de fraccionarlo. Y sin embargo está extendida la intuición de que Sánchez va a acabar concediendo a sus socios un plebiscito autodeterminista camuflado si no encuentra otro camino para sostener el mandato, y que el Tribunal Constitucional va a avalarlo con algún subterfugio jurídico elástico. Lo que indica que el citado pueblo español ha asumido el marco mental de que el propio texto fundacional de sus derechos es ya papel mojado.

Luego nos dirán que esa votación no es vinculante y tal y tal, y que no pasa nada. Pero vaya si pasa. Pasa que no es en absoluto igual votar sobre si un festejo local ha de durar más o menos de una semana que sobre la ruptura de la integridad territorial, política y nacional de España. Y que es en la pregunta, no en la respuesta, donde está la trampa.