Díaz eleva la tensión con la CEOE: compara a Garamendi con Milei
▸ La patronal ha propuesto que los trabajadores cobren su sueldo completo y paguen las cotizaciones
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sube un escalón en su cruzada contra el tejido empresarial y lleva al terreno ideológico una propuesta del presidente de la CEOE para aligerar de cargas a las empresas, en un momento de subida de cotizaciones sin precedentes en España para hacer frente al abultado gasto en pensiones. La líder de Sumar calificó de «imprudente» la idea de Antonio Garamendi y, en un paso más, le comparó con Milei y Trump. «Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milei o de Trump», criticó la titular de Trabajo en las redes sociales.
Garamendi justificó su propuesta en el hecho de que sería «la forma en la que se vería realmente cuánto es el coste real de los salarios en España». Explicó que se trataría de que le llegue al trabajador todo el dinero de su nómina y sea él, como sucede en el Impuesto sobre la Renta, quien cumpla con la Seguridad Social. Para Díaz, sin embargo, el presidente de la organización empresarial «está caminando en la dirección contraria».
Las reacciones desde la sede de Diego de León 50 en Madrid no se hicieron esperar a las críticas de la ministra. El vicepresidente de la patronal y presidente de ATA, Lorenzo Amor, recordó a la titular de Trabajo que «3,3 millones de autónomos pagamos todos los meses nuestra cotización a la Seguridad Social» y que «no es porque lo digan en sus discursos Trump o Milei, Putin o Maduro». Explicó que «aunque para muchos es muy complicado hacer frente cada mes a las cotizaciones, se pagan». «¿Si lo hacen 3,3 millones, por qué no lo hacen todos?», dijo.
Los choques de la patronal con la ministra se han multiplicado en los últimos años. Sus más de 25 modificaciones de la reforma laboral sin contar con el diálogo social afectan de lleno a las decisiones empresariales y a su economía. Díaz ha aprobado por la puerta de atrás una batería de permisos, también medidas de flexibilidad laboral, planes de movilidad en las empresas y otras muchas medidas más como la pactada con EH Bildu para recuperar el papel de la Inspección en los ERE, que supone un paso en firme para recuperar el control de
los despidos colectivos. Los sucesivos incrementos del salario mínimo o el ‘blindaje’ de los convenios vascos han sido otras medidas que la vicepresidenta ha sacado adelante sin consultar a las empresas.
La ruptura es total
La ofensiva del Ejecutivo con los empleadores ha llegado a niveles desconocidos y desde hace tiempo se puede hablar de que la ruptura es total tras la deriva populista, acentuada por una ofensiva fiscal sin precedentes contra las empresas. Un hachazo fiscal en el que toman protagonismo los impuestos a la banca y a las eléctricas, también a las grandes fortunas y un alza desconocida de las cotizaciones sociales para poder hacer frente al abultado gasto en pensiones, que este año superará los 200.000 millones por primera vez en la historia.
Como ya informó ABC, las últimas reformas del Gobierno en pensiones, las subidas del salario mínimo y las mejoras salariales han elevado en un
8% el coste para las empresas en un solo año de las cotizaciones, lo que supone el mayor ritmo en 24 años. Los costes laborales no salariales, asociados al pago de cotizaciones, cerraron el cuarto trimestre del pasado ejercicio con un incremento anual del 8%, suponiendo de media 789,6 euros mensuales por trabajador. De media, en 2023 este apéndice del coste laboral soportado por el empresario creció de media un 7,5%, el mayor nivel en los veinticuatro años que recoge la serie histórica. El avance más que duplica el registrado en el año anterior, del 3,1%.
La realidad es que España es la gran economía europea que más ha aumentado sus ingresos por cotizaciones sociales entre 2011 y 2021. Es el país en el que las aportaciones que hacen a la caja común empresas y trabajadores a cambio de prestaciones se han incrementado más en relación con el peso del resto de la economía, según datos de Hacienda.
Según el departamento que dirige María Jesús Montero, la presión fiscal por cotizaciones ha pasado de representar el 11,8% del PIB en la economía española de 2011 a hacerlo un 13,6% en la de 2021, último año que se recoge. Supone un aumento de 1,8 puntos sobre PIB, frente a los 1,2 puntos que Alemania ha visto incrementarse dichos ingresos en el mismo periodo.
El presidente de ATA recuerda a Díaz que 3,3 millones de autónomos ya hacen frente a sus contribuciones al sistema