Represión sin fronteras de China: amenazas, coacciones y secuestros
▸ Safeguard Defenders detalla su persecución por todo el mundo de fugitivos y disidentes
La represión del régimen chino no solo se ejerce en su territorio, sino también fuera de sus fronteras. Así lo denuncia un informe de la ONG Safeguard Defenders publicado ayer, que detalla una larga lista de presiones, coacciones, amenazas y hasta secuestros para conseguir que los prófugos de China vuelvan a su país para ser juzgados. La mayoría de dichos fugados están buscados por delitos económicos y corrupción, pero también figuran casos políticos contra disidentes por criticar al Partido Comunista de China. Titulado ‘Persiguiendo la caza del zorro. Rastreando las operaciones de regreso forzoso de la República Popular China en todo el planeta’, este minucioso informe desgrana en sus 140 páginas la represión sin fronteras que lleva a cabo el autoritario régimen de Pekín.
De los más de 12.000 regresos de prófugos documentados por los medios chinos entre 2014 y 2023, Safeguard Defenders ha identificado 283 casos. Persuadidos para volver a China por las presiones o amenazas sobre sus familias y amigos, entre ellos hay cinco retornos desde España para ser juzgados por delitos económicos y varios de activistas políticos que regresaron desde otros países como Laos, Turquía o Japón.
Este sistema de persecución transnacional empezó en 2014 con la operación ‘Fox Hunt’ (‘Caza del zorro’), que se propuso detener y llevar ante la justicia a todo aquel que hubiera huido de China por delitos económicos y de corrupción. Al año siguiente, esta campaña fue ampliada con la operación ‘Sky Net’ (‘La red del cielo’). Además de reclamar la repatriación de prófugos desde los países con los ha firmado tratados de extradición, la Policía china envía a sus agentes por el mundo para lograr el regreso de los fugitivos, muchos de los cuales han obtenido la nacionalidad de los lugares donde residen.
Regresos desde España
Para convencerlos de su vuelta, Safeguard Defenders denuncia en su informe «el uso amplio de mecanismos extrajudiciales para coaccionar a los objetivos» y «medios ilícitos en la violación de la soberanía de terceros países y de los derechos fundamentales de los individuos perseguidos».
En España, ese fue el caso de un prófugo identificado bajo el pseudónimo Sun Dahong, un hombre de 50 años que había huido de la justicia en la provincia costera de Zhejiang por un delito económico y se había asentado en Barcelona al lograr el permiso de residencia. Como eso complicaba una orden de extradición por los mecanismos legales, el informe recoge que dos agentes de la operación ‘Caza del zorro’ fueron a visitarlo en persona en 2014 tras haber mantenido una reunión en Madrid con el subdirector general del Ministerio de Justicia para hablar de la cooperación judicial entre ambos países.
Es improbable que los agentes trataran el caso de Sun Dahong en dicho encuentro, pero no cabe duda que la Policía china persuadió a su familia en Zhejiang para convencerlo de su regreso. Aunque al principio no respondía a las llamadas del consulado chino en Barcelona, acabó reuniéndose una noche con los agentes policiales y, a la mañana siguiente, volaba de vuelta a China. A tenor del informe, como decía haber perdido sus documentos chinos, el consulado trabajó toda la noche para darle unos papeles nuevos con los que viajar.
En otro regreso desde España también por un delito económico, Safeguard Defenders asegura que la Policía china localizó a un fugitivo con la ayuda de la Asociación de Qingtian, localidad de la provincia de Zhejiang de donde procede la mayoría de emigrantes chinos en nuestro país.
Para ello, resulta crucial la intervención de las «comisarías ilegales» de Policía que, según denunció esta misma ONG en 2022, China tiene repartidas por 30 países. Gracias a ellas, más de 230.000 ciudadanos chinos en el extranjero han sido persuadidos para regresar y ser juzgados en su país.
Riesgo de torturas
Aunque antes había más países democráticos que colaboraban con China en las extradiciones, la cooperación ha caído a medida que se destapaban estos abusos. Especialmente relevante fue, en noviembre de 2022, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbando la extradición a China de Liu Hongtao, reclamado ante Interpol como presunto jefe de una mafia taiwanesa de estafas telefónicas que operaba desde España.
Aunque sus más de 200 compatriotas detenidos fueron extraditados a China en 2019, Liu huyó a Polonia, donde fue arrestado e inició una cruzada judicial para evitar ese mismo destino. Finalmente, el TEDH le dio la razón y, en una sentencia vinculante para los Estados que lo reconocen, dictaminó que su extradición violaría los derechos humanos porque lo pondría en riesgo de sufrir torturas.
El informe de esta ONG, de 140 páginas, denuncia la violación de la soberanía de terceros países y de los derechos de los prófugos