EL ABUSO DE CITAR A LOS FISCALES
Cuando Bolaños o García Ortiz piden ahora que la comisión del caso Koldo no cite a Luzón, solo puede deberse a dos causas, a cual peor: o el PSOE se ha visto burlado por su socios separatistas, o todo es un teatro
A decisión del PSOE de citar a tres fiscales entre los 134 comparecientes previstos en la comisión de investigación por la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia es grave por diversos motivos. Y muy especialmente, en el caso de Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción. Es grave porque el Grupo Parlamentario Socialista debería saber, y si no lo sabe el mal es aún mayor, que en España no deben señalarse ni estigmatizar a miembros de la judicatura o de la Fiscalía en comisiones de investigación con objetivos puramente políticos. Es grave también porque refleja la claudicación constante del PSOE ante sus socios porque no es explicable una citación como la de Luzón, o como la de la fiscal europea que ha asumido la investigación del caso Koldo, Codruta Kovesi, si no fuera por una exigencia premeditada del independentismo catalán. Y en tercer lugar, es grave porque no deja de ser un signo más de que el PSOE está dispuesto a ejecutar sus acuerdos con el separatismo, en especial con Junts, para someter al poder judicial a un tóxico ejercicio de ‘lawfare’. Al final, todo confluye en una rendición del Ejecutivo ante sus socios.
La reacción de la opinión pública forzó ayer al ministro de Justicia, Félix Bolaños, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a cuestionar estas citaciones y a pedir expresamente al presidente de la Comisión que las retire. Pero esta petición de revocación, que tiene toda la lógica, ha sumido al PSOE en un auténtico embrollo. De hecho, sólo puede deberse a dos causas, a cual de peor diagnóstico. La primera tesis es que el Grupo Par
LPROHIBIR EL TABACO, OTRA OCURRENCIA DE SUMAR
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha mostrado abierta a seguir los pasos del Reino Unido, cuyo Parlamento aprobó el pasado martes prohibir el tabaco a todos los nacidos a partir de 2009. La medida sólo puede interpretarse como una ocurrencia, pues dicha prohibición, además de atentar previsiblemente contra derechos fundamentales, estaría discriminando la libertad lamentario Socialista, carente de una mínima alfabetización jurídica, haya aceptado el trágala de sus socios por mera sumisión y sin siquiera consultar la legislación que limita la citación del poder judicial, lo cual reflejaría el caos interno en que está sumido el PSOE en el Congreso; y la segunda, que en realidad se trate de todo un ejercicio de dramaturgia o teatralización, según el cual todo está convenientemente pactado con Junts, ERC o Bildu para después fingir un sentido irreal de responsabilidad de Estado. En los dos supuestos, la afectación institucional es preocupante para el Congreso, para la Fiscalía, para la Unión Europea y para la autonomía del tercer poder del Estado.
Cuando Bolaños o García Ortiz sostienen públicamente que citar a todo un fiscal jefe Anticorrupción para ser sometido a preguntas que, por razón de su cargo, o por la lógica reserva de las investigaciones en que está involucrado, son inconvenientes o pueden llegar a vulnerar derechos esenciales de las personas inmersas en procesos judiciales, tienen razón. Lo que se desconoce es con qué grado de sinceridad lo denuncian, y con qué nivel de coordinación política actúa el PSOE ante un asunto tan serio. El doble lenguaje del PSOE se ha convertido en una costumbre tan nociva como los cambios de opinión permanentes de Pedro Sánchez. Por eso resulta muy difícil creer a Bolaños cuando recuerda que aunque el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal no regula expresamente la prohibición de citar a fiscales –cosa que sí hace la Ley del Poder Judicial con los jueces– el supuesto legal es asimilable entre ambas carreras. Porque si esto es de dominio público en el PSOE y ese es, además, el criterio del ministro de Presidencia y de Justicia, es incomprensible que se hayan asumido esas citaciones, salvo que los socialistas estén transigiendo con el primer ejercicio de ‘lawfare’ de nuestra democracia. Ejercicio, por otro lado, instado precisamente por partidos con delincuentes en sus filas que aspiran a ser amnistiados y a someter al Parlamento. de los ciudadanos en virtud de su año de nacimiento. De aprobarse una medida de este tipo, nos encontraríamos con el absurdo de que dos mayores de edad tendrían un catálogo de libertades diferentes, algo que jamás podría tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico. La medida no sólo es un sinsentido sino que, además, colisiona con la posición que ha venido defendiendo Sumar, que hace poco más de un mes registró una iniciativa para legalizar la tenencia y consumo de cannabis. En Sumar están ayunos de agenda y foco, pero este tipo de extravagancias sólo sirven para dinamitar el escaso crédito que conservan.